El matrimonio formado por Jose Bonal y Gemma Sánchez llegó a Abadín (Lugo) hace once años. El primer día que se instalaron en su nueva casa, abrieron el grifo y se dieron cuenta que tenían un problema con el suministro de agua, una situación que sigue desde aquel momento sin resolverse.

Para dar visibilidad a este asunto, Jose hizo una protesta hace unos días a las puertas del Concello de Abadín. Esta queja no ha servido para encontrar una solución de momento, pero sí que ha servido para dar visibilidad a la problemática que afronta esta familia que lleva años reclamando sin obtener ningún tipo de respuesta.

"Tenemos que ir a la fuente y coger garrafas como si estuviéramos en la Edad Media. Yo me levanto a las 7:00 horas, lleno el fregadero o el abrevadero de los animales, es una situación tercermundista y lo peor es que pago mis impuestos", relata Jose a este medio.

Este hombre culpa de la situación al Ayuntamiento y en concreto a su alcalde, el popular José Manuel Fernández Rancaño: "Es una mala gestión. Como servidor público tiene que buscar solucionar los problemas. Si los políticos no trabajan a favor de los ciudadanos por mí se pueden ir a la mierda", asevera con rotundidad.

Multa por usar el agua

Al empezar a denunciar este asunto, la familia descubrió que la instalación del agua era ilegal y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil les impuso una multa de 500 euros por hacer uso del agua de su propia casa. "Hemos pasado de ser los denunciantes a ser los denunciados. Si abro el grifo estoy cometiendo una ilegalidad", señala.

Jose Bonal explica que durante un acto intentó hablar con el alcalde de su municipio, pero que no obtuvo respuesta. Sí que se acercó a conocer su situación el Delegado Territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, con el que estuvo charlando y del que obtuvo la promesa de encontrar una solución.

Sobre una posible solución, explica que es necesario que se lleve a cabo una instalación nueva. "Si la obra se hizo de forma pirata, la obligación del alcalde es buscarle una solución", añade.

Por su parte, el alcalde ha aclarado a este medio que la traída no era de titularidad municipal, sino vecinal, y que esa medida estuvo vigente un periodo determinado, por lo que ahora pertenece a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, aunque el Ayuntamiento ha pedido la concesión.

"Para poder realizar dichos trámites es preciso un proyecto de un ingeniero de caminos, canales y puertos, así como un análisis muy completo de la calidad actual de los manantiales. Este proyecto está por enviarse y a partir de ese momento será el Ayuntamiento el que lo gestione", concluye.