Rueda avanzará las "líneas maestras" de las cuentas para 2023 en el segundo pleno del curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) –

El modelo fiscal gallego y el veto que planea la Unión Europea a la pesca de arrastre en el Atlántico centrarán la atención del segundo pleno del curso político en el Parlamento gallego, que tendrá como plato fuerte la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El mandatario autonómico expondrá ante el hemiciclo durante la mañana del martes las "líneas maestras" de los presupuestos para 2023, que incluirán la ampliación de la bonificación del impuesto de patrimonio hasta el 50%, una medida que ha levantado las críticas de la oposición, que acusan a Rueda de gobernar al dictado de la estrategia de su partido en Madrid con una rebaja fiscal que llega en un momento de crisis.

"Estamos estudiando otras medidas –en materia fiscal–, pero adelanto que no subiremos impuestos", avanzó el pasado viernes Rueda en el acto en el que anunció la rebaja del impuesto de patrimonio, una de las pocas cartas levantadas sobre la mesa por el Gobierno gallego de cara a unos presupuestos que tienen un techo de gasto de 12.599 millones (un 8,2% más que en 2022) y que estarán, según Rueda, centrados "en proteger la actividad empresarial y a las personas".

El formato elegido por Rueda para avanzar las principales líneas de las cuentas ha sido criticado por la líder del BNG, Ana Pontón, que considera que el presidente "truca" el debate parlamentario a su favor al acudir a la Cámara para una comparecencia que tradicionalmente venía realizando el conselleiro de Facenda.

Que mire "la mayoría social"

Los dos grupos de la oposición –BNG y PSdeG– aprovecharán la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de este martes en el Parlamento gallego para exigirle que mire a "la mayoría social" y a la "clase trabajadora" de Galicia, y que retire sus "rebajas fiscales para ricos", como la bonificación de hasta el 50 por ciento en el impuesto de patrimonio anunciada el pasado viernes.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes desde el Pazo do Hórreo, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha explicado que la portavoz nacional del partido, Ana Pontón, aprovechará el debate –en el que Rueda desgranará las líneas de los presupuestos del próximo año– para denunciar el "regalo fiscal" que hace la Xunta "para 7.000 personas", que son las "más ricas". En esta misma línea, el viceportavoz parlamentario del PSdeG Julio Torrado ha censurado este lunes que los que van a pagar menos son "los que tienen un millón de euros de patrimonio, o más", por lo que no beneficia "a la mayoría social del país, que son los que pagan la inflación".

Además, el socialista ha avisado a Rueda de que Galicia "necesita un liderazgo potente y unas políticas pensadas desde Galicia y para Galicia", con una "política fiscal propia", y no "estar plegado a lo que dicen desde el PP en Madrid".

Veto al arrastre

El presidente volverá a verse las caras con los portavoces de la oposición un día más tarde durante una sesión de control que abrirá la jornada del miércoles en la que Pontón y Luís Álvarez (PSdeG) pondrán el acento en la gestión de los recursos públicos por parte de San Caetano.

Los socialistas reiterarán ante Rueda la denuncia lanzada esta semana contra el Ejecutivo autonómico, al que acusan de "desviar" 159 millones de euros procedentes de fondos para luchar contra el covid "a fines desconocidos", un asunto que el PSdeG pide investigar en una comisión parlamentaria. Otro de los asuntos que centrará el foco de una sesión con un extenso orden del día serán los planes de Unión Europea para vetar la pesca de arrastre en 87 caladeros, una medida que afecta de forma directa a unos 200 barcos gallegos y hasta a un millar de manera indirecta.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, comparecerá en la Cámara para analizar esta cuestión que, sobre el papel, concita el consenso de todos los grupos políticos con presencia en el Pazo do Hórreo. De hecho, el BNG pretende promover una declaración institucional para manifestar el rechazo a la intención de Bruselas, una postura que, en todo caso, saldrá adelante porque el grupo mayoritario, el PPdeG, defenderá una proposición no de ley en ese mismo sentido.

Dos leyes

Antes del turno de Rueda y de la responsable de Pesca, la Cámara autonómica vivirá el debate de dos textos legislativos. El primero está promovido por la Xunta y plantea una modificación normativa para facilitar la provisión de puestos de "difícil cobertura" en el Servizo Galego de Saúde a través del método del concurso.

Esta propuesta legislativa ha suscitado las críticas de la oposición por la forma en la que llega en la Cámara, ya que lo hace por una vía de urgencia que, para nacionalistas y socialistas, no está justificada y "hurta" la posibilidad de mejorar el texto durante su tramitación. La que llega al final de ese camino parlamentario tras completar su tramitación es la ley de áreas empresariales de Galicia, que será aprobada definitivamente con la votación del próximo martes.

Sanidad, incendios y costas

La situación de la sanidad y, en concreto, la atención primaria volverá a tener protagonismo con dos mociones de la oposición, que también demandará explicaciones sobre los 500 pases VIP retirados por la Xunta para el concierto de C Tangana en Vigo (a propuesta del BNG) o el sistema de ayudas autonómica a la adquisición de material escolar por las familias en el inicio de curso (iniciativa del PSdeG).

Los socialistas centran en la gestión de los incendios forestales dos de sus puntos incluidos en el orden del día del pleno, donde el Bloque promoverá una iniciativa de impulso para que la Xunta mejore los apoyos económicos a los sectores agrarios afectados por el incremento de los costes de producción derivados de la crisis por la guerra en Ucrania.

Finalmente, además de la proposición no de ley sobre el veto a la pesca de arrastre de la UE, los populares se valdrán de su mayoría absoluta para aprobar una iniciativa que pide desarrollar las competencias del personal de enfermería y también preguntarán al gobierno por su postura sobre los cambios en el reglamento de Costas que planea el Ejecutivo central.