pesca de arrastre
El 9 de octubre comenzará el veto a la flota y el BNG pide al Gobierno protección "firme"
El diputado Néstor Rego ha criticado que esta decisión "no se sustenta en estudios rigurosos" ni existe ningún informe serio que avale esta decisión por razones ambientales o de sostenibilidad
27 septiembre, 2022 17:51SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) –
La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha avisado de que, "pase lo que pase" y aunque se presente recurso contra el veto a la flota de fondo, este "no va a estar resuelto para el día 9, simplemente por los tiempos, aunque se hubiese presentado la semana pasada".
"Por poco que nos guste, que no nos gusta nada, se va a aplicar. En ese sentido somos responsables y queremos aplicarlo en los términos en que ahora mismo está establecido", ha señalado, en una entrevista en Onda Cero que recoge Europa Press. Por eso, la secretaría general reúne a representantes del sector –este martes se ha visto con la Federación Nacional de Cofradías y responsables de Burela y Celeiro, entre otros–, para "conocer a nivel barco" el efecto de esta medida, que España pide suspender pero cuya entrada en vigor en poco más de 10 días confirmó este lunes el comisario del ramo.
En concreto, este martes las dos partes –ministerio y sector– han analizado las consecuencias para barcos palangreros que faenan en la zona de Gran Sol y en los próximos días continuarán los encuentros con las demás artes que pescan en esa zona y en el resto de zonas que afectan a España. Se trata de reuniones de carácter técnico para estudiar y recopilar información al respecto de los polígonos de afectación, profundidades, artes pesca…
Compatibilizar protección medioambiental y de pescadores
Villauriz ha apuntado en la entrevista que la medida "no se ha hecho bien", ya que a su juicio "hay que compatibilizar protección medioambiental y la protección de los pescadores", y ahora resalta que "lo importante de presentar un recurso es que sea sólido para que tenga el máximo de oportunidades de darle la vuelta a este reglamento de ejecución".
El Gobierno está "viendo este tema desde hace una semana", luego de que la secretaría general haya hecho una "valoración técnica" y toda vez que debe ser la Abogacía del Estado la que lo arme "desde el punto de vista jurídico". Con todo, Villauriz ha señalado que "en paralelo" su departamento trabaja con el sector "para ver cuáles son las alternativas más factibles y útiles en el sentido de que su actividad se siga desarrollando".
"En principio no contemplo el desguace", ha añadido, aunque el nuevo fondo que empieza a funcionar para el periodo 2021-2027 contempla esta actuación. "Es algo que hay que discutir (…) conjuntamente con el sector, para establecer de una manera puntual en aquellos lugares, segmentos, situaciones y caladeros que así lo requieran. Pero no es algo que tenga que ser la solución para el problema que se nos plantea", ha subrayado la responsable de Pesca.
En este sentido, ha urgido la "revisión" del acto de ejecución "a la mayor brevedad posible", con el horizonte puesto en el mes de noviembre, cuando la Comisión "tendrá en cuenta los datos más actuales".
"Actitud más firme y decidida"
El BNG ha reclamado este martes al Gobierno "una actitud más firme y decidida en defensa del sector pesquero" para evitar la prohibición de la pesca de arrastre aprobada por la Comisión Europea. En una rueda de prensa en el Congreso, su diputado Néstor Rego ha criticado que esta decisión "no se sustenta en estudios rigurosos" ni existe ningún informe serio que avale esta decisión por razones ambientales o de sostenibilidad, pese a lo cual el Ejecutivo comunitario decidió acometer.
Adoptada el pasado 15 de septiembre, el veto afecta a la pesca de arrastre en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, lo que en la práctica supone vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros. La decisión, ha criticado Rego, "afecta de manera importante a la flota pesquera gallega", con hasta el 25% de las capturas actuales, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo para un sector que supone el 5% del PIB nacional.
