SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) –

Más del 40% de los ingresos en las enfermerías de los centros penitenciarios son por enfermedad mental, un dato que ha trasladado el sindicato Acaip-UGT para todo el Estado pero también extrapolable al caso concreto de Galicia.

De hecho, en un comunicado, el sindicato mayoritario en prisiones avisa del déficit de personal sanitario en los centros penitenciarios, lo que, ha manifestado a Europa Press, puede acabar siendo "contraproducente" para la sanidad en general, ya que supondrá la salida más habitual de internos a los centros hospitalarios. Este lunes 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, al respecto de lo que Acaip ha querido poner el acento en el "grave problema que las patologías siquiátricas suponen en los centros penitenciarios". Según los últimos registros, en el año 2020 y para el conjunto del Estado, 7.432 internos causaron alta en las enfermerías penitenciarias por patologías psiquiátricas, el 41,6% del total.

En este sentido, el sindicato advierte de que la enfermedad mental en prisión es uno de los "graves problemas a los que se enfrenta la institución", que presenta un déficit de médicos que en el mes de septiembre alcanzó el 61% a nivel nacional, el 58% en el caso de Galicia, una cifra que "en próximos meses se verá incrementada por las jubilaciones" que se van a producir en las prisiones gallegas. Así, la central sindical ha advertido de que es "imposible dispensar una atención adecuada, detectar problemas con la medicación e incluso la prevención de brotes que deriven en problemas regimentales y agresiones a otros reclusos o trabajadores".

"Déficit"

Según los datos aportados por el sindicato, el centro de Teixeiro, que debería contar con nueve médicos, tiene siete plazas vacantes; mientras que el de A Lama cuenta con cinco huecos de los 9 médicos que tiene asignados. En el caso de Bonxe, son cinco los médicos que le corresponden, pero hay tres vacantes; en Monterroso, están al 50% (tienen dos huecos); y en Ourense falta uno de los cuatro médicos. Acaip pone el acento en que los reclusos están en módulos ordinarios en que existe "un déficit de personal importante" y una "elevada media de edad" de los funcionarios, que "impide prestar un servicio adecuado".

Así, según los datos aportados, de una plantilla total de 1.722 puestos, hay 230 vacantes. La edad media de la plantilla es de 53,3 años y del total, 223 son mayores de 60 años. En los centros penitenciarios de mayor envergadura, A Lama (con 515 personas de plantilla y 74 vacantes), la edad media es de 52,8 y 63 personas superan los 60 años; mientras que en Teixeiro (con 460 personas en plantilla y 45 vacantes), la edad media es de 51,6 años y 33 están por encima de los 60 años.

30% a tratamiento

En general, el 30% de la población reclusa refiere que está actualmente en tratamiento con medicación psiquiátrica y más del 20% ha intentado de alguna forma quitarse la vida. No hay que olvidar que la tasa de suicidio en prisión es ocho veces más alta que la de la población en general, siendo la enfermedad mental la causa que hay detrás de muchas de estas muertes.

El sistema penitenciario cuenta únicamente con dos hospitales psiquiátricos, ninguno en Galicia, dedicados a cumplir las medidas de seguridad privativas de libertad impuestas judicialmente, de manera que no actúan como hospitales de referencia para la atención estrictamente hablando, por lo que se realiza en las enfermerías y módulos de los centros penitenciarios, que no disponen de medios en un entorno en el que el 5% de la población reclusa son enfermos mentales graves y crónicos.

Así las cosas, Acaip concluye que la salud mental "es una de las asignaturas pendientes de la sociedad, que en prisión se ve potenciada por las especiales circunstancias que se derivan de vivir en un entorno cerrado y las propias características de las personas privadas de libertad, articulándose como un factor estresante y un posible percutor de una enfermedad mental latente".

"Por lo que la prevención, detección y tratamiento es vital para evitar autolesiones e incidentes regimentales. Con el déficit de la sanidad penitenciaria es imposible cubrir con garantías esta necesidad", avisan los funcionarios de prisiones, que apuntan que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. Sin embargo, 19 años después solo Cataluña, País Vasco y Navarra han asumido estas competencias.