El Gobierno de Sánchez ha desbloqueado esta semana la nueva ley de vivienda, que lleva meses negociando con ERC y Bildu y que tratará de aprobarla en las próximas semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (FEGEIN) se ha manifestado al respecto mostrando su oposición a varios aspectos y denunciando que principalmente supone "un ataque frontal a la propiedad privada".

Este texto se centra sobre todo en el alquiler, el control de precios o los intereses de las personas desahuciadas, entre otras cuestiones, pero sobre todo se consagra a la vivienda como un derecho de todos. Una de las normas de esta ley es que el control de precios afectará a los denominados como grandes tenedores (empresas que sean propietarias) que tengan más de 5 inmuebles en alquiler (antes eran 10).

También se trata con la nueva de ley de que los precios del alquiler no suban descontroladamente, como está sucediendo en los últimos meses en grandes ciudades gallegas como A Coruña o Vigo con la consiguiente queja social al respecto, sobre todo de los jóvenes que buscan una primera vivienda donde emanciparse. Por este motivo, en 2023 se aplicará un límite de precios del 2% que en 2024 será del 3% y en 2025 está previsto contar con un nuevo índice más estable a la evolución del IPC y que limite los aumentos de la renta en función de la renovación anual.

Sobre los desahucios, cuando se apruebe la ley se procederá a conceder el tiempo necesario a las personas obligadas a abandonar una vivienda para que los servicios sociales les encuentren soluciones habitacionales y se prohíben las órdenes de desahucio sin hora y fecha predefinida. Dentro de este contexto, el presidente de FEGEIN, Benito Iglesias, ha manifestado que espera que la Xunta de Galicia recurra la aprobación de esta ley "porque invade claramente las competencias de la comunidad y por su posible inconstitucionalidad".

"Intervenir el libre mercado de vivienda y topar los precios, derivará en que descienda la oferta y aumenten los precios"

FEGEIN argumenta que la nueva ley "reduce las condiciones a cumplir" para que una comunidad o ayuntamiento declare zonas de mercado tensionado de alquiler, además de que alegan que "el IPC dejará de ser el índice de referencia en los contratos de alquiler y rebaja a cinco viviendas ya sea persona física o jurídica la definición de gran propietario en zonas tensionadas". Sobre este 2023, informan de seguirá el tope del 2% en la renovación de contratos y que subirá al 3% en 2024 y que se creará un nuevo índice de alquiler que nunca será superior al IPC a partir de 2025.

"Bajo nuestro punto de vista los propietarios podrían retirar sus viviendas del circuito de comercialización en alquiler para evitar la intervención, por lo que muchas viviendas se podrían derivar directamente a la venta, o al circuito del alquiler turístico ,o de alquiler por temporadas", explican, sobre lo que añaden que "intervenir el libre mercado de la vivienda y topar los precios, únicamente derivará en que descienda la oferta y aumenten los precios". A su vez, critican que la próxima aprobación de la Ley de vivienda estatal, tal como esta redactada, "únicamente creará más inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación".

Desde FEGEIN se hacen preguntas como: "¿en base a qué parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? o ¿qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios? A lo que se responden asegurando que "no se trata ni de colores políticos, ni de ideologías de ningún tipo, sino de coherencia, sentido común, y conocimiento de la problemática en cuanto a vivienda se refiere".

Acerca de la nueva ley de vivienda, concretan que "invade claramente las competencias de la comunidad autónoma de Galicia, y a mayores es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad", a la vez que subrayan que "para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo Estatal y Autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a  viviendas vacías tal como propone el ejecutivo y modificar la ley de Haciendas locales".

Con la nueva ley, según FEGEIN, la aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las comunidades y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en manos de los ayuntamientos. "No se deja en absoluto claro que los pequeños propietarios se sometan a una congelación e incentivos fiscales para bajar los precios. No es creíble y lo veremos y leeremos en la letra pequeña de la norma en su momento en el BOE", aseguran, mientras apuestan porque "tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad".

La Xunta pide una conferencia sectorial "urgente" para abordar el proyecto de ley

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha solicitado por carta al Ejecutivo central que convoque a todas las comunidades a una Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo para abordar el contenido del proyecto de Ley por el derecho a vivienda.

Concretamente, Ángeles Vázquez ha dirigido la misiva a la ministra de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Raquel Sánchez, para pedirle la convocatoria "con la mayor urgencia posible" debido a la "trascendencia" del tema.

Según explican en un comunicado, tras hacerse público el acuerdo entre el Gobierno central y los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana y EH Bildu con relación a ciertos aspectos del proyecto legislativo, la responsable de Vivenda de la Xunta expone en la carta "la inquietud" del Gobierno gallego ante la "preocupación" y las solicitudes de información que está suscitando entre diferentes colectivos profesionales del sector de la vivienda en Galicia la futura normativa estatal, ahora en la recta final de tramitación en el Congreso.

En esta línea, aseguran que la Xunta tiene constancia de que también otras regiones se han sumado a la demanda gallega y se han dirigido al Gobierno central para solicitar una conferencia sectorial "urgente".