El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado hoy martes la nueva ley del patrimonio de la Xunta. Esta norma actualiza la regulación existente y, entre otras cuestiones, agiliza las herencias en favor de la Administración autonómica.

El texto legal, que ha incorporado varias enmiendas de la oposición, ha salido adelante con el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Socialista. El BNG, por su parte, ha votado en contra al advertir que abre la puerta a "otorgar concesiones sobre bienes públicos a dedo", tal y como ha manifestado el parlamentario nacionalista Iago Tabarés.

La diputada del PP Marisol Díaz Mouteira ha sido la encargada de defender el texto. La popular ha destacado que se trata de una nueva ley "compleja" y con carácter eminentemente técnico que busca facilitar y actualizar la normativa que regula el patrimonio de la Xunta con el objetivo de conseguir una "mejor prestación de servicios".

La socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha señalado por su parte que el texto adapta la ley gallega en la materia que data del 2011 a la normativa estatal aprobada en 2015. "Tardaron ocho años, nos parece tiempo suficiente para hacer una ley", indicó la diputada del PSdeG, que se ha preguntado si "no había mucho interés" por parte del PP para actualizar la ley.

Novedades de la nueva ley

La nueva Ley de Patrimonio de Galicia actualiza la norma de 2011 e incorpora novedades como la introducción de un proceso administrativo especial para que, en el caso de ausencia de otros herederos legítimos, se declare como heredera ab intestato al Estado a la propia Xunta. Así lo explica el PPdeG en una nota.

La norma también introduce dentro de una sección específica la regulación de los denominados inmuebles vacantes y sin dueño conocido, así como los saldos y depósitos abandonados. Este matiz va en consonancia con la Ley de recuperación de la tierra agraria.

La ley, además, regula el tráfico jurídico público de los bienes demaniales (que tienen uso general o de servicio público) y recoge la posibilidad de realizar transmisiones sin desafectación previa. "Es una ley fundamentalmente técnica, al estar destinada en una parte importante a la organización interna de la Administración autonómica", señaló Marisol Díaz.

Críticas del BNG

El BNG ha votado en contra de este texto que el diputado Iago Tabarés ha definido como un "ejemplo de la gestión de la Xunta" y su "ausencia de voluntad de establecer una regulación propia acorde con la realidad gallega". El nacionalista señala que la norma se limita a "hacer una simple trasposición" de la estatal "profundizando en la discrecionalidad", lo que puede permitir "arbitrariedad y riesgo de corrupción", según recoge Europa Press.

El texto, añadió Tabarés, hace "un seguidismo casi total de la legislación estatal" y "en lo poco que se separa no es para aportar luz y transparencia" sino para "profundizar en la discrecionalidad", "en muchos casos en perjuicio de los patrimonios más modestos". El nacionalista ha advertido de que la norma abre la puerta a "otorgar concesiones sobre bienes públicos a dedo" y con un "premio adicional" al dar a los beneficiarios derechos de adquisición preferente.

Tabarés ha subrayado que siempre que la administración pública venda bienes debe de ser por "puja", con excepciones en casos en los que se pueda adjudicar directamente a otra administración. "Excepciones en las que no puede entrar el difuso e incoherente interés socioeconómico que permite adjudicaciones directas en lugar de adjudicaciones en concurrencia competitiva", aseguró el nacionalista, para insistir en que cada vez que la Xunta no hace "seguidismo" es para "reducir los controles e introducir laxitud".