El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, al tiempo que ha suspendido parcialmente su aplicación. El Parlamento de Galicia aprobó el pasado julio la nueva ley del litoral -con votos a favor del PP y abstención del BNG y PSdeG-, que contempla la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre.

La Xunta defiende que estas competencias están definidas en el Estatuto de Autonomía, pero Moncloa cree que la ley "invade competencias estatales" en distintos ámbitos, hasta el punto de incorporar "de manera unilateral" el mar al territorio de la comunidad autónoma. Además, el Gobierno central considera que la norma gallega "reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar".

"Es un recurso muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley, lo que supone un 40% de la misma", explicaba el pasado 10 de octubre la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, para añadir que el objeto es "declarar inconstitucional todos estos artículos", "con el aval del Consejo de Estado" que emitió un informe el pasado 21 de septiembre, recoge Europa Press.

Al conocer la noticia, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha considerado que ahora "a xunta ten unha boa oportunidade para recapacitar sobre a lei do litoral, buscar solucións e volver a senda do diálogo", y ha asegurado que "o Goberno de España vai seguir traballando na mesma liña, garantindo o futuro do sector do mar en Galicia".

El Constitucional estudiará ahora el fondo del asunto y, mientras tanto, ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso (11 de octubre de 2023) para las partes y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en BOE para terceros.

"Reduce la protección de los terrenos"

El Gobierno sostiene que la ley gallega "se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre", con "reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto".

En ese sentido, argumenta que la norma "incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la comunidad autónoma de Galicia" y "reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar". "Las comunidades autónomas pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca ir a menos en la protección de sus costas", remarca.

Por ello, el Gobierno señala una inadecuación a la normativa estatal básica sobre las limitaciones de la propiedad de los terrenos contiguos a la ribera del mar, ya que, indica, la "gestión de los títulos de ocupación" no se puede asumir directamente por una comunidad autónoma a través de una ley. A este respecto, destaca que comunidades como Cataluña, Illes Balears, Andalucía y Canarias han reformado sus estatutos para asumir nuevas competencias.

Además recoge otra infracción de la competencia estatal exclusiva sobre pesca en aguas exteriores.