Este jueves se ha producido un hecho histórico en la democracia española, ya que por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha opuesto al candidato del Gobierno, rechazando la continuidad de García Ortiz como Fiscal General. Eso sí, la opinión no es vinculante y su renovación puede seguir adelante.

Cabe recordar que el salmantino está ligado a la comunidad gallega, ya que fue fiscal especialista en Medio Ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y asumió la acusación pública del Caso Prestige.

El CGPJ está formado actualmente por 16 vocales, 10 conservadores, incluido el presidente interino, Vicente Guilarte, y 6 progresistas. De ellos solo 15 han participado en el debate sobre García Ortiz, según informaron fuentes del órgano de gobierno a Europa Press.

La ausencia es de Enrique Lucas, y está ligada a que su hermano, Pablo Lucas, fue uno de los magistrados que firmó la reciente sentencia del Supremo que achacó a García Ortiz una "desviación de poder" por ascender a Dolores Delgado, que era su predecesora, a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber estado al frente del Ministerio Público. De esta forma, la votación se ha saldado con 8 votos contra 7, que señalan a García Ortiz como no idóneo para el cargo.

"Desviación de poder"

El Gobierno ratificó a García Ortiz hace tan solos unos días, asegurando que seguiría en el cargo hasta 2027 y mostrando su "confianza" en él. Así lo explicó Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros celebrado este martes, llegando a destacar su "impecable" trayectoria.

García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Hasta ese momento, había dirigido la Secretaría Técnica de la FGE ejerciendo de ‘mano derecha’ de la entonces fiscal general.

Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.

El Supremo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una "desviación de poder", que calificó de "innegable", por ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado. "Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal", recalcó el alto tribunal.