Once años después del accidente del tren Alvia en el barrio compostelano de Angrois, las víctimas se han vuelto a concentrar este miércoles en Santiago de Compostela para exigir "justicia" y responsabilidades por este accidente ocurrido el 24 de julio de 2013, que dejó 80 muertos y 145 heridos.
La Plataforma Víctimas Tren Alvia 04155 se congregó esta mañana, a las 11:30 horas, en la estación de tren compostelana, desde donde marcharon por las calles de la ciudad hasta llegar a la Praza do Obradorio. Más de 360 días después del final del juicio por este siniestro, que concluyó el 27 de julio de 2023, afectados y familiares de los fallecidos le reclamaron a la jueza que sea "valiente" y que el fallo que emita sea "ejemplar".
Esto pasa por una condena a Andrés Cortabitarte, exresponsable de seguridad de Adif -empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias-, porque "autorizó la desconexión del sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente", ha expresado el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, antes de iniciar la marcha.
Once años sin justicia
Domínguez ha insistido en que once años después siguen "sin justicia, sin una sentencia y sin una investigación independiente", tal y como solicitó la Unión Europea sobre lo ocurrido en la curva de A Grandeira.
Las víctimas esperan una sentencia "inminente", que puede salir "la semana que viene". Algo que de ser así, en plenas vacaciones, será "una vez más" con la intención de "tapar nuestra voz".
"Sin obviar el despiste del maquinista", que es "el último eslabón de una cadena de negligencias" por el exceso de velocidad con el que cogió la curva, creen que ese fallo debe contemplar "una mayor responsabilidad de Adif" y, más concretamente, de su exidrector de seguridad.
"Cortabitarte autorizó la desconexión del sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente por los retrasos que generaba. Lo hizo con su firma, con su puño y letra. Lo hizo un sábado sin hacer un análisis de riesgos, como dijo la Agencia Europea Ferroviaria que había que hacer", ha explicado el presidente de la plataforma de víctimas.
En caso de que la sentencia no vaya en esa dirección, ya han confirmado que recurrirán pese a tenerlo "complicado", porque tienen "en contra" a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, una actitud que "se premia".
Críticas a los Gobiernos de PP y PSOE
Una vez en la Praza do Obradoiro, Laura, una mujer que viajaba en aquel tren, ha dado lectura a un manifiesto contra una tragedia que era "evitable". Son 11 años "peleando contra el Estado y las instituciones implicadas, que han tratado por todos los medios de culpar al último eslabón de la cadena, el maquinista, y de contaminar a la opinión pública para ocultar las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad".
Además de reclamar la responsabilidad de Cortabitarte, el manifiesto ha cargado contra la exministra de Fomento Ana Pastor, por la "falta de colaboración" y porque "presionó a la UE para ocultar el informe que desmontaba la verdad oficial".
Los afectados insisten en ese "pacto de la curva" de los diferentes gobiernos estatales, de PP y de PSOE, para "señalar al maquinista" como único responsable y eludir "cumplir con la obligación de llevar a cabo una investigación técnica e independiente" que reclamaba Bruselas.
Criticaron, también, que el fiscal del caso, Mario Piñeiro, que el último día del juicio retiró su acusación contra el exresponsable de Adif, haya ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Casi un año de que concluyese el juicio
Hace casi un año, el 27 de julio de 2023, concluía este juicio con dos personas sentadas en el banquillo de los acusados: el maquinista, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad en Adif -empresa pública responsable de las infraestructuras ferroviarias-, Andrés Cortabitarte. Se enfrentan a cuatro años de prisión por 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave.
Aunque en un inicio se habló de varios meses y de un horizonte de espera hasta la primavera de este 2024, lo cierto es que se va a cumplir un año y todavía no hay fallo de este macroproceso que se prolongó durante 10 meses y acumuló más de 700.000 folios y unas 200 piezas separadas, incluida la parte civil.