Martínez Allegue sobre los peajes gallegos de Rande y A Barcala: "Que el Estado deje de litigar"

Esta semana se ha conocido que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha eximido a la Xunta de Galicia de abonar más de 12 millones a Audasa por los peajes en sombra de la AP-9 en los años 2020 y 2021.

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Un peaje en sombra se define como aquel en el que una empresa privada construye, financia y explota la infraestructura y por su parte el sector público abona una retribución ligada al número de usuarios.

Sobre esto se ha pronunciado este jueves 20 de marzo la conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, a preguntas de los medios durante una visita al CHUAC de A Coruña. Allí ha remarcado que "la justicia una vez más le da la razón a la Xunta y Galicia no tiene que pagar los peajes en sombra".

Hizo referencia a los de Rande, en Pontevedra, y A Barcala, en A Coruña, y en alusión al Estado, alegó que se deben hacer cargo de los pagos al tratarse de una carretera estatal."El Estado tiene que dejar de litigar y trabajar para esa transferencia y gratuidad que se está solicitando", concretó.

Paralelamente, aseguró que estudios realizados demuestran que las bonificaciones que se aplican actualmente en estos peajes "suponen un porcentaje similar de inversión respecto al rescate que tenemos calculado". "Hay que dejar de pretender que sean los gallegos que paguen los peajes en sombra siendo el estado el titular de esa carretera estatal", incidió.

Asimismo, la reciente sentencia emitida por el TSXG determina que el Estado debe pagar las cantidades correspondientes en relación a los peajes y ya una sentencia en 2022 del mismo organismo judicial gallego rechazó que fuera el gobierno de Galicia quien tuviera que indemnizar a la concesionaria Audasa por el uso de estos peajes entre 2017 y 2019.

Este conflicto tiene su origen en los años en los que el gallego Mariano Rajoy estaba al frente del Gobierno de España, cuando en 2006 se aprobó un sistema de contraprestación en el que se determinó que los peajes considerados en sombra serían responsabilidad estatal.

Esto se explica con que Galicia se comprometió a no pagar su parte correspondiente en estos peajes, ahorrándose varios millones de euros anuales, mientras que el Estado asumiría todo el gasto.