Desde mediados de 2015 los notarios de España pueden oficiar bodas que hasta entonces se celebraban en los juzgados, ayuntamientos o templos religiosos, así como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo habitualmente tramitados ante un juez. El aumento que ha experimentado este procedimiento en casi diez años en el conjunto del país refleja una tendencia ascendente que se produce también en Galicia: en los cinco primeros años desde la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria hubo casi 3.100 matrimonios y divorcios ante notario; solo en 2023 se rozaron los 7.800, un incremento superior al 150% en lo que va de década, según las estadísticas del Consejo General del Notariado.
Con los datos acumulados desde 2015, A Coruña es la provincia gallega líder en esta modalidad para contraer matrimonio o formalizar un divorcio, con 1.617 bodas y 2.004 separaciones. En Pontevedra también se han registrado más divorcios ante notario que matrimonios, 1.512 frente a 1.088. En las provincias de Lugo y Ourense se acude mucho menos a las notarías, con formalizaciones de un tipo y otro que no llegan al millar en cada una desde que se pusieron en práctica hace nueve años.
El decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño Ordóñez, encuentra explicación a este aumento de enlaces matrimoniales y finalizaciones de relación entre cónyuges, que prevé que "van a seguir al alza", en un mayor conocimiento de la figura del notario y de todos los servicios que ofrece "a lo largo de la vida". Hay dos aspectos que considera claves: contacto y confianza.
"Vemos que desde que se produce la desjudicialización de materias antes atribuidas a órganos jurisdiccionales con la Ley de Jurisdicción Voluntaria la toma de contacto con el notario permite conocer a las personas todos los asuntos de derecho privado con los que las acompañamos durante la vida: herencias, testamentos, solicitud de préstamos, conciliaciones, pactos de mejora con los padres, compra de un piso... todo lo que incluye la ley. Quienes vienen para un matrimonio o una separación, para lo que les informamos de los respectivos regímenes económicos, aprovechan para solicitar información sobre estos otros aspectos", comenta el decano.
Graíño Ordóñez recalca el concepto de "seguridad jurídica preventiva" que proporcionan los documentos notariales. Ello no resta garantía a la seguridad derivada también de un juez, matiza el decano, que destaca que el "contacto" establecido entre un notario y un cliente que acude a formalizar un matrimonio o una separación permite a este obtener una información complementaria que le puede ser de utilidad para otros trámites: "Esta seguridad jurídica sirve para ordenar actos civiles y mercantiles y es muy valiosa para evitar pleitos jurídicos, para blindajes frente a ineficacias futuras, o a interpretaciones que pueda hacer un juez, o frente a cualquier eventualidad".
Los datos del Consejo General del Notariado reflejan que en Galicia aumentaron un 26,8% los matrimonios ante notario en el último año, por un 24,4,% los divorcios. La mayor parte de quienes acuden para una boda tienen una edad comprendida entre los 35 y los 44 años, un 34% del total, seguidos por los que tienen entre 25 y 34 años.
En el caso de los divorcios, apunta el decano, son más numerosos los ciudadanos de 45 a 60 años. Enero y agosto son los meses en que menos celebraciones se registran, y se da el caso de personas que se han casado ante notario y tiempo después han recurrido al mismo procedimiento para poner fin al matrimonio, señala Graíño Ordóñez.
Enlaces y rupturas ante notario pueden tramitarse en un plazo de entre un mes y un mes y medio desde el inicio del expediente, quizá algo más de tiempo en las ciudades, plazo tras el cual se remite la documentación a los registros civiles.
Requisitos
Para oficiar una boda con notario, que suele costar entre 400 y 600 euros, la notaría hace audiencia privada a los contrayentes, a quienes solicita documentación (pasaporte o DNI, certificados de nacimiento, empadronamiento y de matrimonio anterior en caso de haberlo), y a los testigos, y el proceso consiste en preguntarles si desean contraer matrimonio; tras su afirmación, los declara unidos y firma un acta de autorización matrimonial.
Un divorcio o separación de mutuo acuerdo suele costar unos 200 euros por cónyuge y exige que no se vean involucrados hijos menores de edad no emancipados o que tengan una discapacidad y dependan de los padre. Debe haber siempre la asistencia de un abogado elegido por la pareja y se debe aprobar un convenio regulador de divorcio para determinar liquidaciones o disoluciones de regímenes económicos de las partes, y por cuyo "equilibrio en los acuerdos debe velar el notario con el fin de que no haya perjuicio para uno de los miembros de la pareja", para lo cual podrá aconsejar, aclara el decano de Galicia.
Sucesiones
La Ley de Jurisdicción Voluntaria incluye actos notariales relacionados no solo con la familia, sino con sucesiones, obligaciones o conciliaciones. Los procesos relacionados con la familia representan un 11% de los tramitados desde la entrada en vigor en 2015.
Los más de 85.000 casos registrados están vinculados a las sucesiones, que han supuesto un aumento de las competencias de los notarios en las declaraciones de herederos ab intestato colaterales (aquellas personas que reciben una herencia de un fallecido sin haber dejado testamento), la aceptación de herencias a beneficio de inventario y las actas de requerimiento de herederos para aceptar los legados.