El Concello de Miño y las mas de 200 familias expropiadas en su día para ejecutar la urbanización Costa Miño han alcanzado esta semana un acuerdo que supone el primer paso para resolver el conflicto judicial diecisiete años después.

Por este pacto, según informa el consistorio, el Concello se compromete a gestionar, con cargo al Fondo de Ordenación 2020 del Ministerio de Hacienda, el pago de los intereses generados por el retraso de más de 15 años en el abono de los terrenos. Se establece como fecha límite para hacerlo efectivo el 31 de mayo de 2020.

Con este acuerdo, los expropiados dan su beneplácito a la liquidación de todos los créditos contra la entidad local, derivados del procedimiento contencioso-administrativo que se ejecuta ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, renunciando a cobrar el recargo de intereses.

En un comunicado,  el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, ha calificado este acuerdo como "un hito decisivo" en Miño. Es una barbaridad hacer a las personas partícipes de las negligencias institucionales, y tenemos la responsabilidad de revertir la situación”.

"Se termina, así, con la sangría de un proceso judicial enmarañado, que ha costado más de un millón y medio de euros a las arcas municipales, entre abogados, procuradores y costas judiciales. Me hubiese gustado que toda la gente afectada pudiese estar hoy aquí. Algunos lamentablemente ya no pueden vivir este día, que supone un antes y un después en el porvenir de Miño. Este logro también es suyo”, finaliza Faraldo.