La anulación del impuesto de plusvalía costaría 35,5 millones a los ayuntamientos gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) –

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula en 35,5 millones de euros el impacto sobre las arcas de los ayuntamientos gallegos que supondrá la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal.

En un informe con datos referentes al año 2021, los técnicos de Hacienda cifran en el 2,52% el porcentaje que representa la recaudación de este impuesto en los presupuestos de los ayuntamientos de Galicia, que obtienen 35.474.256 euros a través de este tributo anulado por una sentencia del Tribunal Constitucional por entender contrario a la Carta Magna el método de cálculo de este impuesto.

Galicia es la décima comunidad autónoma donde los ayuntamientos recaudan más a través de este tributo, según figura en la documentación aportada por Gestha, que incluye un desglose por provincias.

Así, A Coruña es la vigesimoprimera provincia por recaudación de este impuesto, con 17,01 millones de euros y el 2,75% del total de los presupuestos municipales. En el puesto 25 figura Pontevedra, con 14,1 millones y el 1,99% de las cuentas de las administraciones locales.

Por su parte, Ourense es la provincia española en la que menos se recauda a través de las plusvalías, con 745.345 euros en 2021, que representa el 2,68% de las cuentas de los 92 municipios ourensanos.

Por último, según los cálculos de los técnicos de Hacienda, los ayuntamientos lucenses obtuvieron en 2021 3,6 millones de euros, el 3,66% de los presupuestos locales y, por lo tanto, el porcentaje más alto de las cuatro provincias gallegas.

Un nuevo impuesto

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se opone a la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, por el agujero de 2.500 millones de euros que provocaría en las arcas municipales, después de que el cálculo del tributo haya sido declarado inconstitucional y se haya paralizado de facto su aplicación, y propone sustituirlo por un nuevo tributo.

En concreto, los técnicos de Hacienda proponen un nuevo impuesto municipal de plusvalías de los terrenos -urbano y rústico-, que se determine por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión del suelo, incluidas las plusvalías generadas en menos de un año, que pueden ser plusvalías especulativas.

Gestha explica que sería un impuesto directo, de carácter real, objetivo, no periódico, de titularidad municipal y de carácter potestativo, cuyo desarrollo reglamentario seguirán siendo las ordenanzas fiscales que aprueben los ayuntamientos, tal como está configurado en la actualidad.

Asimismo, los técnicos sugieren que la plusvalía se calcule según las reglas del IRPF o el Impuesto sobre Sociedades y que a la diferencia positiva se aplique, en el caso de que esté construido, el porcentaje que represente el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. De esta forma, la base imponible será siempre una plusvalía del suelo, y no se exigirá el tributo si la diferencia es negativa.

Para evitar el fraude extendido de escriturar un valor por debajo del precio realmente pagado, Gestha considera que el valor de transmisión sea el mayor entre el valor real o el valor de referencia que determinará el Catastro, con posibilidad de que el sujeto pasivo pueda impugnar dicho valor de referencia y probar que existe alguna circunstancia singular que afecta a la valoración del suelo, de forma que se exija el tributo conforme a la capacidad económica real.