SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) –

La Xunta recibirá más de 10 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación del Gobierno central para desarrollar proyectos relacionados con la transformación digital de la Justicia.

En concreto, según ha explicado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, Galicia recibirá 9.673.703 euros en 2022 y 1.074.856 euros en 2023 para desarrollar proyectos del plan Justicia 2030 que, según ha detallado, "servirá para avanzar hacia una tutela judicial efectiva y una justicia modernizada para acercarla a la ciudadanía".

Asimismo, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha destacado también que el proyecto de Ley de eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia aprobado recientemente "refuerza su modernización" y ha subrayado que demuestra "la apuesta decidida" del Gobierno por "promover y facilitar" el avance de la transformación digital de la Justicia.

"Este proyecto supone un paso muy importante para regular los servicios digitales de la Justicia y hacerlos más accesibles al ciudadano", ha destacado Miñones. En este sentido, el delegado ha señalado que "se trata de uno de los pilares legislativos del plan Justicia 2030".

En esta misma línea, Miñones ha manifestado que la Justicia "tiene que adaptarse a una realidad que es cambiante" y, con ese objetivo, el proyecto de ley establece "un marco jurídico de vanguardia" en el que, según ha asegurado, "se regulan los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, se refuerza la seguridad jurídica en el ámbito digital y se impulsa su eficiencia orientando al dato los sistemas de Justicia".

Además, ha añadido que atiende "de forma prioritaria" la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la Justicia, ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo, para construir "una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital".

Cogobernanza

Por otra parte, la Delegación ha destacado que en este proyecto de ley "está muy presente" la cogobernanza, ya que ha recibido aportaciones de las comunidades con competencias transferidas en esta materia porque, ha continuado, "adaptar la Justicia a la nueva realidad tecnológica del siglo XXI debe estar regulada en un proyecto común que garantice el derecho fundamental de acceso en igualdad a la Justicia en todo el territorio".

Más en detalle, la Delegación ha explicado que el proyecto de ley generaliza el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia, incorporando un sistema "único y personalizado" de identificación que, ha señalado, posibilitará a cada persona consultar sus asuntos, sus expedientes, sus actos de comunicación y pedir cita previa.

Además, ha indicado que se confiere también un marco adecuado para que todos los profesionales y el personal al servicio de la Administración de Justicia puedan desempeñar sus funciones mediante teletrabajo.

La Delegación ha trasladado que el proyecto de ley garantiza la plena seguridad jurídica en la inmediación digital, permitiendo declarar o hacer un trámite judicial por videoconferencia, sin desplazarse, en un lugar seguro y con toda la validez.

En esta misma línea, ha asegurado que "fortalecerá la interoperabilidad" de los sistemas existentes mediante el intercambio y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales y, "atendiendo a la importancia capital" de los datos en la sociedad digital, se apuesta por su "empleo racional", incorporando en la Administración de Justicia el concepto de "dato abierto".