El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a los promotores de la mina de Touro (A Coruña) a pagar hasta 3.000 euros en costas por tratar de impedir el acceso a información ambiental por parte de Ecologistas en Acción.

Como han explicado Ecoloxistas en Acción en un comunicado, el caso data de 2021, cuando solicitaron a la Xunta una copia de los planes anuales de explotación y el proyecto de restauración de la mina. También había pedido al gobierno autonómico varios informes de inspección y las sanciones contra la empresa explotadora de la mina. La Xunta concedió el acceso a la información, aunque la firma presentó una serie de recursos y demandas para evitar que las asociaciones ecologistas pudieran verlos, retrasando así el proceso más de dos años.

Por entonces, argumenta la entidad ecologista, la empresa Cobre San Rafael había presentado recurso administrativo acusando a Ecoloxistas en Acción de tener "intenciones espurias" al utilizar "el cauce legal de las solicitudes de acceso para obtener información sensible con la expresa y espuria intención de filtrarla y entregarla a terceras entidades que vienen haciendo un uso indebido, por manipulación intencionadamente tergiversada e infundada de su contenido, redundando en perjuicio y descrédito público".

Los magistrados del tribunal han rechazado estas alegaciones y ha condenado a la compañía a pagar 3.000 euros en concepto de costas a los ecologistas. Esta no es la última sentencia que saldrá de este conflicto, explican desde la asociación, todavía queda pendiente de resolver el recurso de la empresa contra la Xunta de Galicia, después de que el gobierno autonómico emitiese una Declaración de Impacto Ambiental negativo en 2020.

Por su parte, desde Cobre San Rafael, que reitera su compromiso con las transparencia, han explicado que "el recurso presentado estaba dirigido a preguntar en la sala del Contencioso-Administrativo la necesidad o no de entregar documentación sobre los derechos de investigación y explotación minera en la zona de Touro-O Pino que se remonta a 1958", rechazando así que impidiesen el acceso a la información, como sostienen los ecologistas.