El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha formalizado un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Galicia para financiar la construcción de 286 viviendas en edificios energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o asequible. El Mitma aportará 14,2 millones de euros de los 44,9 millones de euros presupuestados para la ejecución de estos proyectos, con cargo a los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los acuerdos recogen ayudas para la construcción de viviendas en cuatro municipios. Las viviendas se construirán en régimen de promoción pública por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y su distribución es la siguiente:

• 146 viviendas en dos actuaciones en Lugo
• 66 viviendas en Ourense
• 54 viviendas en dos actuaciones en Ferrol
• 20 viviendas en Mos

Nuevos acuerdos

El Mitma y la Xunta firmaron en 2022 otros dos acuerdos para levantar 499 viviendas destinadas al alquiler social en 13 actuaciones, desarrolladas igualmente por el IGVS en régimen de promoción pública, con una aportación por parte de Mitma de 24,5 millones de euros. Así, sumando las del nuevo acuerdo, se ha formalizado la construcción de 785 viviendas en 19 actuaciones en nueve municipios, con una aportación por parte de Mitma de 38,7 millones de euros.

En el marco del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, dotado con 1.000 millones de euros, el Mitma transfirió en 2022 a Galicia 29,2 millones de euros, y ha formalizado el compromiso financiero con cargo a la anualidad del año 2023 por el mismo importe. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, con un máximo de 50.000 euros por vivienda.

El Mitma busca de esta forma financiar el incremento del parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante promociones de obra nueva sobre terrenos de titularidad pública. Estas viviendas formarán parte del parque público durante un período mínimo de 50 años y su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación. Las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026.