Imagen de recurso cierre de empresas y Ertes en Galicia por el coronavirus
Coronavirus: Suben ligeramente los afectados por ERTE en Galicia a 237.800 personas
Según la Consellería de Economía, a día de hoy siguen pendientes de resolver más de un millar de expedientes y ya se han tramitado el 97% de los presentados a parte de que Pontevedra sigue a la cabeza en afectados
15 mayo, 2020 17:25SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) –
Galicia cuenta actualmente con un total de 237.800 afectados en 36.264 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) debido al impacto del coronavirus. Esta cifra supone una pequeña subida respecto al último dato oficial, que era de 235.944 afectados por 36.124 expedientes (un incremento de 800 personas más respecto al viernes anterior al inicio de la fase 1 en la comunidad). Según la Consellería de Economía, a día de hoy siguen pendientes de resolver más de un millar de expedientes y ya se han tramitado el 97% de los presentados.
Por provincias, Pontevedra sigue a la cabeza en afectados con 83.409 personas en 12.718 ERTE, le sigue A Coruña, con 67.597 trabajadores en 14.033 expedientes. Ourense con 18.128 personas en 4.303 expedientes y Lugo con 15.531 afectados en 4.166 expedientes. Por su parte, el gobierno central ha procedido en los últimos días al pago de 238.395.596 euros a 272.749 personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Galicia, según la Delegación del Gobierno y en total, hasta el 30 abril, son 272.749 las personas que han percibido una prestación en la comunidad,
En un comunicado emitido la semana pasada, la propia Delegación explicaba que "con el reciente abono realizado, es la segunda vez en la historia, tras el mes pasado, en que las prestaciones son pagadas antes del día 10″. Este organismo también remarcó que en los ERTE vinculados al covid-19, "las personas afectadas por estos expedientes de regulación temporal de empleo suspenden su actividad y perciben una prestación estatal hasta que puedan recuperarla" y recordó que la normativa del Gobierno establece "la obligación de mantener los puestos de trabajo".
