El BNG ha pedido a la Xunta que condicione las ayudas al nuevo proyecto industrial de Resonac a la recolocación del cuadro de personal de Alu Ibérica. La diputada coruñesa Mercedes Queixas acaba de registrar en el Parlamento gallego una batería de iniciativas centradas en este asuntos.

Los nacionalistas piden a la Xunta que cree un foro estable en el que trabajar para garantizar la recolocación de los trabajadores de Alu Ibérica. Una vez resuelta judicialmente la adjudicación de los terrenos de esta firma a favor de Resonac, el BNG pide que tanto Ejecutivo autonómico como nacional condicionen las "ayudas o facilidades" que habiliten a su favor a la recolocación de los trabajadores.

"O futuro do cadro de persoal debería estar ligado ao impulso ou apoio de calquera solución industrial para os activos desa fábrica, e tanto a Xunta como o Ministerio, en canto que facilitadores do ERE inicial de Alcoa, e garantes do futuro industrial dos activos e do emprego, deberían implicarse para conseguir a recolocación do cadro de persoal", indica Mercedes Queixas.

La nacionalista advierte que "a comarca e a cidade da Coruña non soportan seguir perdendo máis músculo industrial" e incide en la responsabilidad de las administraciones con esta empresa que tiene sus orígenes en la firma pública Inespal.

Queixas, además, recordó que la venta de las factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés al fondo Parter Capital en 2019, cuando pasó a ser Alu Ibérica, estuvo "tutelada" por el Ministerio de Industria con el visto bueno de la Xunta. Existía en ese momento el compromiso de encontrar una solución para los 700 puestos de trabajo, y Parter se comprometió a mantener la actividad y no vender los activos en dos años.

La diputada señala que el fondo suizo, ocho meses después, revendió el 75% de Alu Ibérica a una sociedad instrumental perteneciente al Grupo Industrial Riesgo en una operación que generó dudas entre los trabajadores. La empresa fue finalmente intervenida judicialmente, en concurso de acreedores, con un plan de liquidación y una investigación abierta tras apreciarse "claros indicios" de que los administradores habían cometido delitos como estafa, fraude o blanqueo de capitales.

Queixas considera que esa reventa evidenciaba la falta de "compromiso real" del fondo suizo y "pon en cuestión o cumprimento, tanto polo Ministerio de Industria como pola Xunta, do seu compromiso de garantes dos acordos e, sobre todo, do seu compromiso co cadro de persoal". Así, el BNG apela ahora a la responsabilidad de ambas para trabajar por la recolocación de los trabajadores.