Dueños de viviendas de uso turístico reunidos esta semana en el Circo de Artesanos de A Coruña.
Los dueños de viviendas turísticas de A Coruña ponen Málaga y Toledo como ejemplo de regulación
- Aviturga, que prevé alegar contra el borrador municipal, insta al Concello a que se apoye en ciudades que van a cambiar su plan general "para adaptarlo a su realidad económica, urbanística y social" estableciendo topes de VUT por barrios
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La regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en A Coruña está en marcha y no satisface a sus propietarios, que prevén alegar contra la propuesta de ordenanza municipal que ha elaborado el Ayuntamiento. El borrador establece unas limitaciones que prohíben su actividad por encima de la primera planta en los barrios o solo la permiten en edificios completos dedicados a ese uso en el casco histórico.
Los dueños de VUT, agrupados en la asociación Aviturga, defienden que la regulación debe apoyarse en modificaciones de la normativa urbanística recogida en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería, y proponen al Concello que se inspire en otras ciudades para controlar la actividad de estos alojamientos.
Málaga y Toledo son esos ejemplos. En la ciudad andaluza, indica Aviturga, se tramita ahora un cambio urbanístico por el que se establece un tope máximo del 8% de VUT por barrios y las prohíbe donde se supere ese porcentaje. Respeta las viviendas que ya funcionan con uso turístico y fija requisitos para nuevas aperturas.
En el caso de Toledo, el porcentaje de VUT permitido por barrio es del 12%, establece límites en el casco histórico y respeta los usos preexistentes si cumplen los nuevos requisitos. Aviturga añade que en Bilbao se ha anunciado una moratoria para modificar y adaptar su plan general, algo que también hará San Sebastián.
"Toledo y Málaga son ejemplos positivos de destinos turísticos que han sabido adaptar su planeamiento a su realidad económica, urbanística y social. A Coruña no tiene porque copiar sus propuestas, pero sí debería dotarse de una normativa que proteja los intereses de los propietarios que alquilan viviendas por días, las necesidades de alojamiento residencial de sus barrios, no perjudicar el sector turístico y ofrecer una imagen de ciudad abierta que ofrece el abanico completo tipos de alojamiento que demandan los turistas a nivel nacional e internacional", defiende Aviturga.
Un proceso pendiente de debate municipal
De acuerdo con el borrador que el área de Urbanismo ha trasladado a los dueños de VUT y a los sectores inmobiliarios que en el último año han debatido sobre la regulación, los propietarios deberán obtener, además del permiso de la Xunta como administración competente, el del Concello si quieren dedicar sus pisos a uso turístico. Para tener la autorización municipal, tendrán que presentar una comunicación previa de actividad acompañada de la memoria del edificio en el que se quiera abrir una VUT firmada por un arquitecto.
El texto indica también la posibilidad de que la implantación de VUT en determinados edificios dependa de la voluntad de la comunidad de propietarios, aunque no explica si este requisito, que podría establecer una prohibición de uso, es tan obligatorio como la presentación de solicitudes ante la Xunta o el Concello.
La propuesta municipal, según Aviturga, "propone prohibir a los propietarios de viviendas aisladas en la zona Pepri alquilarlas como turísticas, pero permitiría que un número indefinido de edificios completos abandonen su carácter residencial y se transformen en establecimientos turísticos de forma permanente, vaciando el centro de vecinos al reducirse el número de viviendas disponibles para alquilar o comprar".
La regulación de las VUT que propone el Gobierno socialista de A Coruña aún debe pasar el trámite de debate en la Corporación municipal con el BNG y el PP. Cuando haya texto final de ordenanza llegará al Pleno, donde necesitará una aprobación inicial y otra definitiva. De momento Aviturga prevé impugnar el borrador, lo que podría retrasar los trámites de la regulación.
