El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado en el Congreso una iniciativa con la que demanda al Gobierno central una oferta de alquiler "digna" por parte de la SAREB que permita a 15 familias del barrio de Piñeiros en Narón (A Coruña) continuar como inquilinos en las viviendas que habitan.

Los pisos construidos en la plaza del Asilo por la empresa Narón 2002 que no fueron vendidos, fueron alquilados inicialmente por la propia empresa constructora. Según el BNG, la empresa cedió la gestión de los contratos a otras inmobiliarias que siguieron firmando y renovando los contratos con los inquilinos con aparente normalidad. Sin embargo, la SAREB se hizo con la propiedad de los pisos en un proceso de ejecución de la constructora en 2018, una situación que los inquilinos desconocían.

La portavoz del BNG en la ciudad, Olaia Ledo, afirma que "las familias fueron conocedoras de esta situación cuando en 2021 comenzaron a recibir notificaciones del Juzgado de Primera Instancia de Ferrol mediante las que se les comunicaba la obligación de desalojar las viviendas antes del 2 de diciembre, día en que se fijaba el lanzamiento, y advirtiéndoles de que todos los bienes que se habían encontrado en los inmuebles serían considerados bienes abandonados”.

El partido nacionalista declara que, aunque el cambio de titularidad del propietario no debería afectar a los contratos en vigor, el juzgado de primera instancia determinó que los contratos no son válidos por no realizarse con la entidad titular. “De esta forma, las personas inquilinas, que realmente fueron engañadas durante estos años pero que cumplieron con sus obligaciones puntualmente, se ven ahora abocadas al desahucio” denuncia Rego. “Ahora la SAREB, a través de la empresa HIPOGES IBERIA SL encargada de gestionar los alquileres de las propiedades de la sociedad, se dirige a las familias para darles un ultimátum e instándolas a aceptar unas condiciones abusivas para continuar con el alquiler o, por el contrario, abandonar las viviendas en el plazo de cinco días” explica el diputado del BNG.

En opinión de Néstor Rego, la comunicación remitida a las y a los inquilinos “es absolutamente ofensiva”. por "incluir afirmaciones falsas, como la referencia a la falta de colaboración por parte de los arrendatarios". “Es mentira que existieran intentos de solución amistosa, cómo se va a considerar amistosa o como intento de conciliación la recepción de un aviso de desahucio” afirma. Asimismo, según Rego, "la SAREB falta a la palabra dada, pues existía el compromiso de ofrecer la posibilidad de mantener el alquiler a precio de mercado”, y ahora exigen el pago de 520 euros. Los nacionalistas apuntan que dicha comunicación recoge que los inquilinos tienen un plazo de cinco días naturales para remitir la documentación en caso de aceptar las nuevas condiciones, de lo contrario, tendrán otros cinco días adicionales para desalojar la propiedad.