La interoperabilidad: clave para mejorar la relación entre la Administración y la ciudadanía

La demanda de servicios digitales por parte de la sociedad ha aumentado exponencialmente en los últimos años y, por ello, la Administración se enfrenta al reto de proporcionar servicios eficientes y fácilmente accesibles. En este contexto, la interoperabilidad se posiciona como la piedra angular para mejorar la relación entre la Administración y la ciudadanía. 

La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. En el ámbito de la Administración Pública, la interoperabilidad implica la integración de sistemas, la estandarización de datos y la capacidad de compartir entre diferentes entidades y niveles de gobierno. Simplifica los trámites y procedimientos administrativos al eliminar la necesidad de que el ciudadano presente múltiples documentos y repita información que ya tiene cualquier Administración. Por ejemplo, cuando un ciudadano solicita una subvención, la interoperabilidad permite que se acredite su identidad sin necesidad de presentar una copia de su DNI, así como que se validen los requisitos para la obtención de la ayuda, tales como, su nivel de renta. 

Además, gracias a la colaboración entre las diferentes Administraciones, y mediante la interoperabilidad de sus sistemas, se construye la visión integral del ciudadano. Esto significa que los ciudadanos pueden obtener, de manera centralizada y sencilla, información sobre sus expedientes administrativos o impuestos, sin necesidad de dirigirse a la entidad que gestiona cada trámite. Si un ciudadano cambia su domicilio, por ejemplo, la interoperabilidad permite que la información se actualice automáticamente en todos los registros de interés, como el padrón municipal, los servicios de salud o la agencia tributaria. 

No es necesario haber interactuado demasiado con la Administración para saber que no existe un grado demasiado alto de interoperabilidad entre organismos. La relación con la Administración sigue siendo complicada precisamente por la falta de esta visión integral. Se nos sigue reclamando una y otra vez la misma documentación y seguimos sin disponer de un único punto de acceso a nuestra información. Entonces, ¿por qué no se implanta, de manera efectiva, la interoperabilidad entre Administraciones? 

Por supuesto, no existe un inconveniente tecnológico, puesto que la integración entre sistemas es factible y ya es una realidad. Pero uno de los principales desafíos es garantizar la seguridad y protección de los datos, ya que la interoperabilidad implica el intercambio de información sensible. Los organismos propietarios de la información deben dedicar recursos a establecer mecanismos sólidos para proteger el acceso a los datos. A esto se le suma el reto de generar confianza alrededor de esta tecnología que puede entenderse como una herramienta de control o inseguridad para los ciudadanos.   

Otro desafío está relacionado con la necesidad de definir estándares para el intercambio de datos. La información de interés suele estar albergada en sistemas legacy, muy heterogéneos entre sí, resultando complicado la interoperabilidad entre ellos. Migrar estos sistemas o estandarizar sus protocolos de intercambio puede suponer un gasto que no todas las Administraciones pueden asumir. En ocasiones, no se trata de una limitación presupuestaria, sino de cierta resistencia al cambio relacionada con la dificultad que tienen las Administraciones para adquirir estándares comunes o, lo que es lo mismo, para colaborar estableciendo un marco organizativo común. 

Por último, nos enfrentamos a un desafío legislativo. La Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015) establece el principio de eficacia en la actuación administrativa, que implica que la Administración debe aprovechar los documentos ya existentes en su poder para evitar la duplicidad y la carga adicional para los ciudadanos. Y aunque parezca efectiva, es insuficiente para disponer de un marco legislativo que facilite y “obligue” a las Administraciones a interoperar la información. Se requiere de convenios entre organismos y autorizaciones específicas para poder consultar los datos de un ciudadano para la tramitación de cada procedimiento administrativo concreto. Y este mecanismo de autorizaciones es demasiado complejo para que la interoperabilidad alcance la velocidad exigida por la digitalización del Sector Público en su conjunto. 

Y aunque haya aun desafíos pendientes, en la última década, se han dado pasos importantes en este ámbito. Galicia dispone de su propio Nodo de Interoperabilidad, denominado PasaXe!, integrado con la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La entidad dispone de un catálogo formado por más de 120 servicios interoperables de 15 organismos diferentes. En 2022, PasaXe! superó los 16 millones de consultas, dando soporte a la tramitación digital de los procedimientos administrativos de la Xunta de Galicia, y también de otros organismos, como ayuntamientos. 

Podemos concluir que la interoperabilidad se presenta como el pilar fundamental para mejorar la relación entre la Administración y la ciudadanía. Permite un acceso más rápido a nuestra información y simplifica los trámites y procedimientos administrativos, fomentando la colaboración entre organismos y distintos niveles de gobierno. La interoperabilidad ya es un elemento clave para la tramitación digital de los procedimientos de muchas Administraciones, como evidencian los datos de consumo del Nodo de Interoperabilidad de Galicia. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer en su implementación para lograr la visión integral del ciudadano y un acceso sencillo a los servicios. Las Administraciones deben impulsar y apostar por la interoperabilidad que ayuda a brindar a la ciudadanía servicios simples, proactivos y personalizados, mejorando la eficiencia y transparencia y, de manera general, el modelo de relación.