El secretario xeral de los socialistas compostelanos, Aitor Bouza, se ha reunido con la responsable de Vivienda del PSOE y ministra del ramo, Isabel Rodríguez, para abordar la política de vivienda de Santiago de Compostela.

En el encuentro, celebrado el lunes y del que ha informado el PSOE compostelano este martes, ambos socialistas han abordado el trabajo realizado por la agrupación Municipal en Santiago de Compostela en materia de vivienda desde la reunión celebrada en el mes de febrero en la capital gallega.

El secretario xeral del PSOE de Santiago se ha comprometido a seguir luchando por los intereses reales de los vecinos compostelanos en materia de vivienda y seguir exigiendo al gobierno municipal que realice de inmediato todos los trámites necesarios para la declaración de la zona tensionada.

El PSOE compostelano, que recuerda que el consistorio lleva "seis meses sin ningún avance", incide en la necesidad de esta declaración para poder reclamar, acto seguido, que la Xunta adopte esta decisión.

Conforme ha indicado, Rodríguez ha puesto en valor el esfuerzo hecho por los socialistas de la ciudad para intentar que se alcanzase un pacto integrar por la vivienda en la ciudad que incluyese la medida socialista de la declaración de zona tensionada para topar los precios de los alquileres.

Además, según han apuntado, la secretaria de Vivienda del PSOE ha recordado el "gran avance que supuso en 2023 la limitación de los pisos turísticos en la ciudad" bajo el gobierno municipal liderado por el PSOE y ha animado a seguir avanzando en medidas y políticas que permitan tener una política de vivienda pensada para los intereses de la ciudadanía, "como las propuestas por parte del PSOE compostelano durante estas últimas semanas".

El encuentro se produce después de la polémica surgida en la capital gallega en torno a la votación de una ordenanza sobre la comunicación de los pisos turísticos, en un contexto en el que la dirección local, capitaneada por Aitor Bouza, pidió abstenerse en pleno por considerar que la medida podría llevarse a cabo con un formulario, sin que fuera necesario su aprobación por el pleno, y apostar por una mayor ambición por parte del gobierno municipal de cara a la declaración de la zona tensionada.

Sin embargo, el grupo municipal decidió desoír el mandato de la dirección local y apoyar la medida al considerar que completaba la normativa aprobada por el gobierno municipal socialista en el pasado mandato.