La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber (FFW) han reclamado este martes una ampliación de la Ley de Bienestar Animal que castigue el "ensañamiento y el sadismo" contra animales de corta edad, "especialmente vulnerables a la irresponsabilidad manifiesta de algunas personas".

Así lo han hecho tras el vídeo divulgado este lunes por la Guardia Civil en el que se ve a cuatro perros –tres cachorros y un adulto– desnutridos, que fueron rescatados por la Benemérita en la localidad coruñesa de Ames.

En un comunicado, los animalistas han asegurado que dichas imágenes "evidencian que el maltrato animal todavía necesita muchas respuestas institucionales" para que "deje de existir en Galicia".

Cachorros en "avanzado grado de desnutrición"

Ayer la Guardia Civil encontró en condiciones higiénico sanitarias muy deficientes a los cuatro perros en Ames. Posteriormente, un veterinario certificó que se encontraban "en un avanzado grado de desnutrición".

Según informa la Benemérita, fue "de vital necesidad" proveerlos de cuidados higiénitos sanitarios y darles alimentación "urgente" para evitar su muerte por inanición o deshidratación.

Los agentes de la Guardia Civil procedieron al rescate y aprehensión de los perros al observar el "grave riesgo para la vida" que suponía su estado. Finalmente, han sido trasladados al Centro de Acogida de Animales de Ames.

Endurecimiento de medidas para la cría

Entre las medidas que las ONG plantean para ser introducidas en el articulado de la norma aprobada en 2017 se encuentra la obligatoriedad de esterilizar a los animales, con el objetivo de prevenir camadas indeseadas que pueden ser abandonadas, "como lo que parece haber sucedido en el caso del municipio coruñés".

Otra de las propuestas que realizan FFW y Libera es "endurecer" las condiciones para la cría y venta de animales, "algo que se podría incluso incluir en el decreto que la Dirección Xeral de Patrimonio Natural está elaborando".

En este sentido, los animalistas se han mostrado críticos "con la falta de respuesta de la Xunta ante las decenas de denuncias administrativas presentadas desde la aplicación de la Ley gallega", ya que, según ambas asociaciones, "no reciben respuestas proporcionales a lo que son claras infracciones, de carácter grave y sancionables con hasta 5.000 euros".