Triguero entró por sus propias patas en la perrera de Olivenza (Badajoz) a mediados de enero de 2017. Cuando los laceros le interceptaron en la calle, parecía que aquel galgo callejero había encontrado su salvación: lo trasladarían a una perrera para darlo en adopción. Pero la realidad era mucho más cruda. Triguero iba directo a la celda de su muerte, a su peculiar 'campo de concentración canino': el chenil número 38 de la perrera de Olivenza.

Antes de ser abandonado, la vida de este galgo pardo tampoco fue fácil: seguro que sirvió para la caza o las carreras, como casi todos los de su raza que después aparecen en cualquier cuneta de las carreteras extremeñas. Esta comunidad, junto con Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid, son las que registran mayores denuncias de maltrato de galgos.

Lejos del núcleo urbano de Olivenza, donde nadie puede escuchar los ladridos, se encuentra la perrera donde, desde 2006, se ha sacrificado a cientos de perros. Triguero llegó a la finca La Misericordia, en mitad del agreste campo pacense, delgado aunque ágil y sin ninguna enfermedad. Tres semanas después, salió de la perrera en los huesos y entre los brazos de un veterinario. Apenas podía mantenerse en pie, estaba prácticamente muerto de hambre, con heridas en todo el cuerpo por ataques de otros animales y una peritonitis aguda. Aullaba de dolor. Tuvo que ser sacrificado sobre una camilla de una clínica veterinaria para acabar con su sufrimiento.

El galgo Triguero el día que salió de la perrera de Olivenza. Gtres

Es solo uno de los casos que ilustra las trágicas escenas vividas dentro del recinto de Olivenza, según han denunciado durante una década distintas asociaciones protectoras. Hasta 2014 los perros que llegaban allí en malas condiciones eran sacrificados directamente con una rápida y certera inyección. De ahí que le bautizaran como la perrera matadero.

A partir de esa fecha, desde el centro se comprometieron a estar en contacto con las asociaciones de animales para dar a los perros en adopción. Lejos de esa realidad, el recinto se ha convertido en la perrera de los terminales, porque sin vacunas ni tratamiento veterinario, los canes heridos pasan por situaciones extremas antes de llegar, también, al sacrificio.

El Escarabajo Verde: Perrera de Olivenza

Este martes, los primeros camiones de la Diputación Provincial de Badajoz llegaban a la finca para sacar a los animales por tandas. La escena que encontraron al abrir las puertas fue dantesca. Un cachorro negro de dos meses, inválido, miraba con ojos profundos y tristes. Fue encontrado en la calle en esas condiciones. Alguien le dio un fuerte golpe que le dejó inválido. Pero en la perrera, no le trataron. Como a todos los demás, le metieron en una jaula a esperar entre aullidos una adopción o el sacrificio, según denuncian las asociaciones animalistas de Badajoz.

Otro mastín color dorado también se arrastraba sobre sus patas delanteras. En una perrera donde los animales no llevan chips ni son vacunados, las garrapatas y la sarna también se apoderan de sus orejas. 

MÚLTIPLES DENUNCIAS

La perrera provincial de Olivenza lleva funcionando desde el año 2006. Hasta allí llegan los perros que los laceros recogen de la calle en todos los pueblos de Badajoz excepto en la capital, Mérida y Almendralejo, donde tienen sus propios centros.

La sostiene económicamente la Diputación, pero la gestión corre por cuenta de Manuela Pablo Díaz, investigada por el Seprona de la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Beagle'. Según los propios agentes, esta mujer y otros dos investigados intentaron trasladar de manera ilegal a 21 perros desde Olivenza a Hungría. Les encontraron llevando a los perros en una furgoneta, "con extremada delgadez y con heridas abiertas en diferentes partes corporales", lo que evidenció que no recibieron tratamientos médicos en mucho tiempo, según redactó la Guardia Civil en el informe.

Uno de los perros interceptados por la Guardia Civil en la 'Operación Beagle'. SEPRONA

Además, 15 de ellos no tenían el pasaporte de animales de compañía y algunos no estuvieron en la perrera los 20 días de cuarentena obligatorios. Por estos motivos, tanto la gstora de la perrera como la veterinaria que firmó los papeles y la persona que organizó el viaje están siendo investigados por presuntos delitos de maltrato sobre animales domésticos y falsedad documental.

A pesar de ello, la Diputación de Badajoz amplió el contrato con la perrera por dos meses en abril. Esta semana, cuando se ha cumplido la fecha límite, la institución provincial está sacando a los 104 perros que se encontraban dentro por tandas. La perrera quedará cerrada definitivamente después.

LA DUEÑA: "SE LES HACE PEQUEÑAS CURAS DE HERIDITAS"

Consultada por EL ESPAÑOL, la arrendataria de la perrera de Olivenza niega cualquier maltrato animal. "Aquí tenemos un veterinario que hace pequeñas curas de heriditas y trata los catarros de los perros", explica Manuela Pablo. Defiende que allí dentro no tiene una clínica para tratar a los perros y que la Diputación no ha facilitado un veterinario habitual. En cuanto a los perros que entran sanos y salen con graves heridas y enfermedades, contesta: "Hay muchos perros muy parecidos". ¿Quiere decir que las fotos de denuncia de los perros no se corresponden con los perros que hay dentro?, le preguntamos. "Quiero decir lo que he dicho y no voy a decir nada más".

Mari Luz Frejo es la presidenta de SOS 112 Vagabundos, una de las asociaciones más activas contra la situación de la perrera de Olivenza. Esta semana, cuando se plantó delante de la finca para pedir que todos los perros que salieran de allí lo hicieran con un chip identificativo y la vacuna contra la rabia, se encontró con un portazo en las narices. Igual que los cámaras del Canal Extremadura, a los que la  no dejó entrar para filmar imágenes del recinto.

Frejo explica que los animales que han salido de allí (salvo dos que estaban muy graves y fueron a una clínica veterinaria) han ido a una residencia canina de la provincia, donde reciben cuidados hasta que alguien se interese por adoptarlos. Todas las adopciones van a ser gestionadas por la Diputación de Badajoz y por asociaciones como la suya y la Federación de Protectoras de Animales de Extremadura (FEPAEX).

10.000 EUROS POR 2 MESES DE MANTENIMIENTO

La Diputación de Badajoz dotó a la perrera con algo más de 10.000 euros para los dos últimos meses que ha estado en pie. La dueña, que asegura a EL ESPAÑOL que "antes de ocuparse de la perrera no vivía de esto y no tendrá problemas para sobrevivir", recibía directamente el dinero para los cuidados de los perros. Su oficio anterior también lo desarrolló en un matadero, aunque de avestruces. 'El Torrejón' se llamaba el negocio abierto en 2001 y situado en la misma finca 'La Milagrosa'.

Charo Zatón, representante de la Protectora VIBA, denuncia que Extremadura tiene un problema de raíz: existe mucho maltrato y abandono animal y los centros de acogida canina no están obligados a identificar a los perros con un microchip. Por eso cree que cuando se cierre esta perrera, pronto abrirá otra que funcione de la misma manera y los maltratadores y quienes abandonen a los perros seguirán sin recibir ningún castigo. "Hace poco entraron ocho galgos de golpe con el microchip arrancado", explica Zatón. Su asociación exige que los perros que no tengan microchip no puedan recibir tratamiento. Esa sería la única vía para evitar el mantenimiento de perreras como la de Olivenza. 

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