El acoso a María, la carnicera que perdió una mano y sus jefes están en prisión

María Fernández Cabral jamás olvidará una fecha: el 30 de octubre de 2009. Aunque 15 días antes había cumplido 22 años, aquel día se le truncó la juventud a esta joven vecina de El Cuervo (Sevilla). Perdió los cinco dedos de su mano izquierda mientras preparaba carne para hamburguesas con la ayuda de una picadora. Todo fue consecuencia de una negligencia laboral. Sus jefes en el supermercado en el que trabajaba -el matrimonio formado por Dolores Marín y Sebastián González- no la tenían dada de alta en la Seguridad Social y, además, habían trucado la máquina para que los empleados produjeran más. Lo que hicieron fue quitar el anillo protector por el que se introducía la carne y que impedía que la mano se colara.

Hoy, ocho años después de aquello, Dolores y Sebastián se encuentran en prisión. El jueves 21 de septiembre entraron en el penal Puerto II (El Puerto de Santa María, Cádiz). Allí pasarán los próximos dos años y 11 meses. "Yo no quería que esto terminase así. Pero lo ha dicho un juez, no yo. Yo no he mandado a nadie a prisión", dice María mientras toma café en una pastelería de su pueblo. Sostiene el vaso con la mano derecha.La izquierda es un muñón.

Sentada a la mesa, la chica, que ahora tiene 29 años, cuenta que aquel día a ella no le tocaba trabajar porque se estaba encargando de cuidar de su madre, acabada de operar de la vista. "Como era el puente de Todos Los Santos y se esperaba mucha gente, Sebastián, el dueño junto a su mujer, me pidió que trabajara. De repente, sobre las siete y media de la tarde y sin darme cuenta, noté cómo la máquina me absorbía la mano. Yo mismo la paré. Gritaba 'Chano, Chano'. Cortaron la luz porque empezó a darme corriente".

Durante la media hora posterior María no recibió asistencia médica. En ese tiempo un cliente del supermercado y un cuñado del dueño tiraban del brazo izquierdo de la chica mientras el jefe, Sebastián, trataba de darle holgura a la zona de la picadora que había atrapado la mano de la chica. En ese momento María no sentía dolor, pero vio cómo los hombres empezaron a sacar restos de sus dedos. Mientras, un primo de María que también trabajaba allí los guardaba en hielo.

"Cuando sale mi mano, veo que no hay prácticamente dedos. Me sacaron fuera del comercio con trapos empapados en sangre. La ambulancia se escuchaba cerca, pero no llegaba. Una clienta me montó en su coche pero al fin nos encontramos con la ambulancia, que me trasladó desde Lebrija (una localidad a 10 kilómetros de su pueblo y en donde estaba el supermercado) hasta el hospital Virgen del Rocío, en Sevilla".

Sin Seguridad Social

María llevaba trabajando siete meses en el supermercado de Dolores y Sebastián cuando sufrió el accidente. Al contratarla le dijeron que cobraría 580 euros por trabajar media jornada durante el turno de tarde. Pero no le hablaron de asegurarla. Ella, -"ingenua, porque no debí permitirlo", dice- aceptó aquellas condiciones.

Pero pocos meses más tarde, en septiembre de 2009, le pidió al dueño del negocio que le diera de alta en la Seguridad Social porque quería comprarse un coche y necesitaba una nómina para financiar la compra. "Él me dio largas", recuerda María.

Al mes siguiente María perdió gran parte de su mano izquierda en la picadora del supermercado. Cuenta que el matrimonio se encargó de decir por Lebrija, done vivían ellos, que la chica les había pedido que no la contrataran legalmente porque estaba cobrando una pensión alimenticia de su padre, separado de su madre, y que temía perderla. Pero era mentira. María había dejado de cobrarla meses antes de entrar a trabajar, como demuestran sus movimientos bancarios.

"Estando en el hospital le decían a mi madre que me iban a comprar un piso, que no nos iba a faltar el trabajo, que nos hacían fijas a ella, que también trabajaba allí, y a mí. Todo para que no denunciara. Y yo, en ese primer momento, no lo hice. Pero la denuncia la presentó el propio hospital", cuenta María. "Incluso le dijeron a mi madre que les sobraban 1.000 euros cada semana para pagárnoslos mientras yo estuviera de baja".

María pasó siete días hospitalizada, cuatro de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A los pocos días de recibir el alta le llegó a casa una notificación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) reclamándole los costes de la operación para salvarle parte de la mano. La factura ascendía a 200.000 euros. "Todo por no estar asegurada. A por mí fue un helicóptero aunque llegó antes la ambulancia. Luego estuve ocho horas con cinco equipos médicos en quirófano. Alguien se tenía que hacer cargo de la factura. A raíz de eso me quedé sin asistencia sanitaria -aunque luego se la reactivaron-".

La chica dice que Sebastián, el dueño del supermercado, fue a verla a casa en una ocasión mientras ella se recuperaba. "Siempre se quedaba en la puerta. Le escuché rogarle a mi madre que aceptara el trato. Pero yo le hice pasar adentro y le dijo que no, que no aceptábamos". Él, según relata María, le dijo: "¿Vas a las malas?". Ella respondió: "No, voy en busca de mis derechos". Su ya antiguo jefe le espetó: "Pues si vas a las malas, a las malas voy yo". Desde entonces no han vuelto a hablar."

"Incumplieron las obligaciones como empleadores"

En 2014 se celebró el juicio contra Dolores Marín y Sebastián González. Por ese tiempo, una vez judicializado el asunto tras la denuncia del hospital que atendió a María, la chica ya se había personado como acusación particular. El juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla condenó al matrimonio a dos años y 11 meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y por otro de lesiones por imprudencia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge como hechos probados que aquel día "María estaba picando carne (...) tal y como hacía en numerosas ocasiones con consentimiento y conocimiento de sus empleadores". Durante las dos sesiones del juicio el matrimonio insistió en que aquella no era la función de María y que fue ella quien se puso a manipular la picadora por voluntad propia. Las personas que testificaron a favor de la pareja insistieron en la misma idea, pero la jueza imputó a dos de ellos por falsos testimonios y no dio credibilidad al resto.

La resolución de la magistrada también señala que María no había recibido formación para el uso de aquella máquina y que Sebastián y Dolores, administradores solidarios del supermercado, "incumplieron las obligaciones como empleadores" al no darle de alta en la Seguridad Social.

En los hechos probados se advierte que el perito que analizó las condiciones de trabajo de María dictaminó en su informe que ella era trabajadora desde hacía siete meses, que la máquina carecía de un anillo protector sensiblemente menor al tamaño de una mano y que la empleada usó la suya "por no existir" mazo para empujar la carne. "Yo tenía un barreño debajo. Ahí cayeron trozos y sangre mía. Una compañera que vino a verme a casa me contó que esa carne se vendió aquel día", cuenta María.

Tras la sentencia, los condenados recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), algo que no les valió de nada. Luego solicitaron un indulto al Gobierno, que se lo rechazó. La juez que los mandaba a prisión les dio hasta el 31 de julio de 2017 para entrar voluntariamente en la cárcel. Sebastián y Dolores no lo hicieron. Ya en septiembre -el pasado jueves 21- y ante el apremio de la magistrada, decidieron entrar juntos al presidio.

A María se le ha indemnizado con 148.966, 31 euros. La chica, poco después de conocer la decisión de la juez, se presentó en el juzgado y le pidió a la magistrada que, si era posible, les librara de la prisión. Pero ésta se negó. "Yo no quería meter a nadie entre rejas. Lo que quería es que se reconocieran mis derechos".

Diez operaciones, 400 puntos

En su casa de El Cuervo, un piso donde vive sola desde hace unos meses, María narra su drama personal. Aunque ya ríe, de vez en cuando las lágrimas bañan esos ojos que se esconden tras unas gafas. Resulta evidente que el recuerdo aún le daña. "Estuve dos semanas en casa sin verme la mano. Yo veía que estaba vendada, que era una bola y que no tenía dedos. Pero cuando me la descubrieron en una visita al hospital, el psicólogo me dijo: 'Ya puedes mirar. El problema es tuyo, no de nadie'. Aquella primera imagen fue muy dolorosa. Tenía casi 400 puntos exteriores, la mano amoratada e inflamada...La enfermera me enseñó a limpiarme ese mismo día. Las curas eran muy dolorosas".

Durante estos ocho años, María ha pasado por nueve operaciones más para reconstruirle la mano, limarle huesos y evitar esos dolores que le vienen de tanto en tanto. Desde 2013 trabaja vendiendo cupones para la ONCE. Tiene diagnosticada un 37% de discapacidad. "Tuve que aprender a escribir porque era zurda, a atarme los cordones, a vestirme, a asearme". Incluso perdió a su pareja.

Pese al dolor, María no quiere olvidar. Por eso guarda en una pequeña caja las pulseras del hospital o los regalos que le iban haciendo. Incluso allí almacena la mano de plástico que le dieron los médicos por si quería usarla cuando saliera a la calle. Pero María sólo se la he puesto dos veces. Le incomoda llevarla. Le aprieta y, además, piensa que no resulta natural ante los ojos de los extraños.

En la diana de los vecinos del matrimonio

Desde que el jueves 21 de septiembre Sebastián González y Dolores Marín entraron en prisión, numerosos vecinos de Lebrija, su pueblo, se han mostrado contrarios a la sentencia a través de las redes sociales -sobre todo, Facebook-. En ellas han emprendido una campaña contra María.

Algunos de quienes la desprecian incluso han creado perfiles falsos. "Uno me dijo que debería haberme pillado la cabeza en vez de la mano", cuenta la chica. "Estos días lo estoy pasando fatal -dice de nuevo llorando-. Hay gente que pasa por mi puesto de trabajo, que ni siquiera está en Lebrija sino en El Cuervo, y me dicen sinvergüenza. Yo no le he hecho nada a nadie. Yo soy la víctima. Ahora lo estoy pasando peor que cuando el accidente".

Este reportero se ha puesto en contacto con uno de los dos hijos de Sebastián y Dolores. Sin embargo, la familia ha declinado hacer declaraciones. El abogado del matrimonio es quien asegura a EL ESPAÑOL que ambos "están arrepentidos de lo que hicieron" y que "asumen su responsabilidad". "Cumplirán la condena, pero la pena moral les acompañará para toda la vida", apostilla el letrado del matrimonio encarcelado.

A sus 29 años, María luce un tatuaje en forma de frase en el antebrazo derecho. Dice así: "En mente luchadora nunca existe derrota". Ella luchó. Y ganó, aun siendo manca.