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La plaza del pueblo es un griterío: “¡Ayuntamiento sí, secretaria no!” Son las doce y media de la mañana y María Teresa Romero Mato, la secretaria municipal, escucha la manifestación desde su despacho: acaba de ser reincorporada a su puesto por la Audiencia Nacional tras ser suspendida por el Ministerio de Hacienda. EL ESPAÑOL toca su puerta y le pide alguna reflexión. Parapetada tras su monitor, con un brazo extendido y un móvil que graba la escena, responde al ‘intruso’ sin mirarle: “Estoy llamando a la Guardia Civil para denunciarle por acoso, no voy a decir nada, ya haré declaraciones cuando corresponda”.
La historia de Lantadilla (Palencia, Tierra de Campos, en la margen derecha del río Pisuerga) es impropia del siglo XXI. Los vecinos, hartos de la parálisis a la que había llegado el pueblo, decidieron movilizarse hace tres años: crearon una plataforma y denunciaron “la reiterada negligencia en el cumplimiento de las funciones que competen exclusivamente a la secretaria del Ayuntamiento”. Un ejemplo: en aquel momento, enero de 2015, el Ayuntamiento había dejado de ingresar 193.000 euros de Hacienda por haber incumplido su obligación de remitir las liquidaciones de los presupuestos correspondientes a los ejercicios de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (un deber propio de la secretaria).
El atasco tenía (y tiene) nombre propio. Maite Romero (Puebla de Sanabria, Zamora, 1956), soltera y sin hijos, ‘la mujer que siempre lleva sombrero’, llegó al pueblo en 1989 como secretaria del Ayuntamiento tras una mala experiencia en Carrión de los Condes, de cuyo consistorio salió (según varias fuentes) con una frase muy clara: “Te vas por la puerta o por la ventana, tú decides”.
En Carrión era interina, pero en Lantadilla encontró plaza fija. Sus primeros años fueron buenos, admiten varios vecinos. “¡Era incluso simpática!” Daniel, un joven del pueblo, recuerda que de niño daba cursos de pintura con ella. Al principio, incluso, simultaneaba su trabajo con la secretaría de Osornillo, una aldea situada a pocos kilómetros. De allí la echaron al cabo de cuatro años. “Algo se torció en Maite”, dice una mujer que llegó a ser su amiga: “Ahora está pirada. Se ha vuelto una mala persona”.
Puente sobre el río Pisuerga de Lantadilla.
Lantadilla, un pueblo básicamente agrícola y ganadero, terminó endeudado y sin liquidez tras años de negligencia y bloqueo administrativo. No podían acceder ni siquiera a subvenciones oficiales: todo el papeleo estaba inmovilizado en el despacho de Maite. Como su jefe directo era la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cualquier queja sobre su trabajo debía resolverse en Madrid. No había dinero ni para plantar los chopos subvencionados por la Unión Europea. El pueblo se hartó de reclamar a la Junta de Castilla y León y emprendió una lucha propia. Diecisiete alcaldes de la comarca firmaron un manifiesto de apoyo a la alcaldesa, Ana María Escudero Caballero (PP). Corría enero de 2015.
Suspendida de sus funciones
Un mes después, el Ministerio de Hacienda decidió suspender de sus funciones a Romero seis meses, de forma cautelar, después de que se le abriese un expediente disciplinario. La Junta llegó a emitir una orden de suspensión de empleo y sueldo a la polémica secretaria durante 14 meses, por no presentar las cuentas municipales, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia la anuló.
Romero pasó de la defensa al ataque. Tras ver cómo uno de sus sueldos se retrasaba quince días (por orden de la alcaldesa) hasta que no firmase algunos papeles pendientes, la funcionaria presentó una denuncia por acoso laboral contra la regidora. Y después, otra por prevaricación. El pueblo entero se manifestó contra ella en Palencia capital. Llevaron su reclamación a Madrid, pidieron ayuda al Defensor del Pueblo, a todas las instituciones de todos los niveles gubernamentales del sistema político español. Pero la secretaria nacida en Puebla de Sanabria seguía en su despacho, sola, protegida por el alguacil, inmune a los ruegos de sus conciudadanos.
Vecinas de Lantadilla, congregados frente al Ayuntamiento el 23 de enero.
“Los primeros años era muy atenta, pero de unos años para acá no ha hecho absolutamente nada, sólo bloquear”, cuenta a EL ESPAÑOL otra vecina. “‘Hoy no puedo, hoy no puedo’... ¿Qué hacíamos con ella? ¿Cómo puede pasar que un Ayuntamiento, o una alcaldesa, no pueda obligar a una secretaria municipal a hacer su trabajo? ¿Cómo la obligamos? ¿La tiramos por la ventana?”
La alcaldesa fue finalmente absuelta de prevaricación: el juez entendió que no había “malicia”, sino que retrasó el pago del sueldo “para resolver una situación extrema [...] que afectaba al municipio, a sus servicios y financiación".
“Yo no sé de leyes, para eso está la secretaria”, afirma la alcadesa, “ni tampoco tengo sueldo... Pero me cansé de darle órdenes verbalmente para que se pudieran publicar, entre otros muchos temas, los presupuestos de 2012, 2013 o 2014”. Los habitantes de Lantadilla acusaban a Romero de incumplir reiteradamente su horario de trabajo, de no atender al público, de no pagar las tasas municipales, de no entregar documentos solicitados, de no tramitar los impuestos… Negligencia tras negligencia (“lo haré cuando pueda”, solía decir; “ya lo haré”) que según cálculos de la Plataforma costaron a un pueblo de 319 habitantes más de medio millón de euros y muchas jaquecas y subidas de tensión arterial.
“Le pedíamos que incluyese cosas en el acta o las redactase y decía que no... Era insostenible”, relata otro exconcejal, Luis Alberto Salomón (PSOE). La situación llegó a tal extremo que su abogado le recomendó que se fuese del pueblo ("tienes todas las de perder"). Pero ella siguió en su empeño. Contrató a un despacho de abogados de León (en Palencia nadie quiere defenderla ya) y prolongó una historia descabellada.
La vida volvió al pueblo
El ambiente en el pueblo, por supuesto, siguió caldeándose. Romero denunció amenazas de muerte en Internet, aunque nadie la ha agredido jamás en el pueblo. A finales de 2016 Hacienda volvió a suspenderla, esta vez por dos años. El Ayuntamiento respiró. Contrató a un secretario interino (“la joya de la corona”, en palabras de la alcaldesa) y el pueblo volvió a funcionar. Los habitantes recuerdan la sensación de paz y normalidad: los pagos volvían a fluir adecuadamente, las gestiones se concluían. Había regresado el sosegado ritmo de la vida rural en un Ayuntamiento con siete concejales (cinco del PP, dos del PSOE) que funcionaban como un equipo, “porque aquí”, repiten unos y otros, “todos somos pueblo”. Regresaron las subvenciones, se pagaron las deudas. A finales de 2017 había un superávit de 200.000 euros. Querían aprovechar para poner luces de bajo consumo en toda la localidad.
Manifestación del pueblo en 2014. Facebook
Y de repente, hace un mes, la Audiencia Nacional dictó una sentencia por la que anulaba la sanción impuesta por Hacienda a Maite Romero, basándose en “omisiones importantes en el procedimiento disciplinario seguido” y falta de pruebas concluyentes. El tribunal consideraba que la sanción impuesta y su extensión (dos años) eran injustificadas, por lo que restituía a Romero en su puesto de trabajo. Lantadilla entera entraba en depresión.
Pasadas las Navidades, y ante el regreso de Romero a su despacho en la primera planta del consistorio, los siete concejales de Lantadilla dimitieron la semana pasada de su puesto en señal de protesta, sin que los suplentes quisieran reemplazarles. (Los concejales no cobran por el desempeño de su trabajo). Renunciaban a sus cargos por "malestar, incomprensión y el retroceso en el trabajo" que generaba el regreso de la secretaria municipal. Una situación “aberrante”: “El sistema garantista de nuestro ordenamiento hacia los acusados no tiene en cuenta el daño provocado a los intereses generales de la comunidad, en este caso a los vecinos y vecinas de Lantadilla”, manifestaron.
Lantadilla, la Fuenteovejuna del siglo XXI, se queda sin Ayuntamiento por culpa de la secretaria
Ahora será una junta gestora de la Diputación Provincial de Palencia quien gestione el Ayuntamiento de Latandilla, un espacio vacío con un despacho ocupado en la primera planta donde suena una radio y nadie entra (salvo el periodista, amenazado de denuncia). Maite lleva bufanda y guantes, acorazada en su despacho sin decorar. No baja, no habla con nadie. El caso ha llegado a la prensa nacional y los vecinos aplauden al periodista y los cámaras de Antena 3 que se acercan a la plaza del pueblo. En una esquina de la plaza, junto a una cartel de No Aparcar, la aguarda su coche gris con una pegatina de Puebla de Sanabria. Nadie le pincha siquiera una rueda.
En la misma plaza, a veinte metros, los habitantes se pelean por contar historias de la secretaria. “Yo estuve diez años para registrar una casa que nos hicimos en el pueblo”, cuenta Francisca; “hacía falta un certificado de obra municipal. ¡Diez años! Si mi marido no llega a tener contactos en la Junta de Castilla y León, me quedaba sin justificante y mis hijos sin herencia”.
"No hacía lo que debía, no cumplía horario, no atendía al público como Dios manda... Y cuando un ayuntamiento no presenta sus papeles, ¿que pasa? Que te quedas sin dinero. Hemos tenido retenidos más de 200.000 euros y teníamos a gente sin pagar, como los electricistas", lamenta la ya exalcaldesa. “Llevamos muchos años luchando”, dice otro exconcejal, “pero por algún motivo es intocable. Alguna mano negra hay detrás de esto…”
En la tierra de Maite (Sanabria) tampoco la quieren mucho, repiten los vecinos de Latandilla. “Tiene dos casas rurales, y le echa más tiempo a alquilarlas que a otra cosa”, protestan. Rosa, presidenta de la asociación de mujeres del pueblo, afirma que Romero tuvo un pleito con la dueña de la casa donde vive en Palencia, en la calle de Gaspar Arroyo, porque se negaba a abandonar la vivienda. Según los exconcejales, no se habla con sus hermanos.
Sin matanza ni fiestas
La presencia de periodistas de Madrid y Valladolid anima transitoriamente a los vecinos. “¡Ya verás cómo hoy cumple su horario!”, dicen varias mujeres con guasa. Pero el panorama es sombrío: “Ahora tenemos que espera a que se forme una Gestora en Palencia. Este año no va a haber matanza, no vamos a poder contratar la orquesta para los pueblos (ahora mismo no hay Ayuntamiento). Lo bien que estábamos cuando ella se fue…”
Vecinos de Lantadilla, congregados frente al Ayuntamiento el 23 de enero.
Desde el primer piso, armada con la cámara de su móvil y parapetada tras su monitor, Maite Romero Mato navega por Internet. Por decisión de la Audiencia Nacional, nadie puede sacarla de allí. José Luis Escudero, jubilado, tío de la exalcaldesa, la segunda persona que se afilió a Alianza Popular en su pueblo en la década de 1980, pide dejar un mensaje claro al PP: "Si no tratan bien a los que están, no volvemos a votarles en la puta vida”. Otro vecino recuerda que ha sido un tribunal quien les ha devuelto a Maite y apunta: “Bien fácil lo tienen: que nos manden una secretaria de ese tribunal y se lleven a esta...”. Por detrás, una mujer que ejerció de juez de paz insiste en la ‘mano negra’ y bromea: “Está demasiado protegida… No sabemos si será prima de la Ana Mato, porque esto francamente no se puede creer”.
