La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia ha confirmado que la Comunidad Autónoma pasa a retirar la custodia a los padres de la niña de 11 años que dio a luz en el Hospital Virgen de la Arrixaca. Asimismo, la tutela del bebé pasa también a manos de la Comunidad.
Este lunes, el Grupo de Menores de la Policía Nacional tomaba las primeras declaraciones a la familia, de nacionalidad boliviana, como primer paso de la investigación para esclarecer las circunstancias del embarazo de la menor. Tal y como afirmaron fuentes policiales, el hermano mayor de la joven sería el padre del bebé. A pesar de tratarse de un delito de abuso sexual –según la reforma del Código Penal, una menor de 16 años no puede tener relaciones sexuales consentidas- el chico sería inimputable, al tener 13 años en el momento de la relación sexual.
PROTOCOLO ACTUACIÓN ACTIVADO
La Comunidad Autónoma activó este lunes el protocolo de protección de menores en el caso de las niñas de 11 y 16 años que han dado a luz en los últimos días. El objetivo es garantizar la protección e integridad de ambas menores y de sus bebés, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Según el Gobierno regional, al conocerse el caso, fue activado el protocolo de protección de menores de la Comunidad Autónoma con el fin de garantizar la protección e integridad de las dos niñas, de 11 y 16 años, que han dado a luz en la Región en las últimas semanas.
También se llevó a cabo la apertura de expediente por si existieran indicios de desamparo y responsabilidad por parte de los padres de la joven de 11 años, que habrían incurrido en una negligencia en la supervisión de sus hijos. Cabe destacar que, tanto estos como los padres del bebé, afirmaron en todo momento a los facultativos del hospital que desconocían el estado de embarazo de la niña.
La niña de 11 años ingresó -antes de dar a luz- con supuestos problemas estomacales
Ante esta situación, el hospital emitió un parte por presunto delito de abuso sexual y comunicó lo sucedido al Juzgado y al forense de guardia, además de remitir una nota informativa a la unidad de Protección de Menores de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, para que pusiera en marcha el citado protocolo.
A su vez, la inspección educativa se puso en contacto con el centro educativo de la menor para ofrecer el programa de atención domiciliaria por razones de salud, y prestará también asesoramiento al centro educativo en aquello que precise.
Los informes existentes acerca de la situación de ambas menores están siendo unificados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tras solicitar la información recabada a Policía, Juzgado, Servicios Sociales de Atención Primaria, Educación y centros de salud de referencia.
La Policía Nacional asegura que continuará tomando declaración al entorno familiar de la menor de 11 años y a la propia joven durante los próximos.