El exsoldado belga Roland van Hauwermeiren, que hoy tiene 68 años, trabajaba a comienzos de siglo en Liberia para la organización humanitaria Merlin (parte hoy de Save The Children). Dirigía varios proyectos en un país devastado por 15 años de guerra civil, pero en 2004 abandonó Monrovia entre sospechas sobre su vida sexual. Le gustaban las prostitutas locales y su vida social había despertado recelos en la comunidad.
Dos años después, sin embargo, fue contratado por Oxfam, una de las ONGs más conocidas del mundo, que vive hoy una de las mayores crisis de su historia tras conocerse que Van Hauwermeiren y otros empleados organizaron orgías con prostitutas haitianas durante los trabajos de reconstrucción de la isla tras el terremoto de 2010.
Según testimonios recogidos por el diario The Times, un grupo de trabajadores de Oxfam convirtieron (con Van Hauwermeiren a la cabeza) una de las casas alquiladas en “un prostíbulo”. “Había niñas con camisetas de Oxfam corriendo semidesnudas…”, dice la fuente: “Era como una orgía digna de Calígula. Una locura”.
La costumbre venía, al parecer, de antaño. Un excompañero del belga, Paul Hardcastle, dijo al periódico británico que Van Hauwermeiren usaba a los chófers de la ONG en Liberia para ir a clubes, conocer meretrices y llevarlas después a la casa alquilada para él con fondos provenientes de donaciones.
Hardcastle añadió que envió una protesta oficial a la directora de recursos humanos de Merlin; se estudió el caso y Van Hauwermeiren abandonó Liberia. A pesar de ello, en 2006 empezó a trabajar en Oxfam: director general de la agencia en Chad, Congo y Haití, donde hubo de dimitir tras reconocer que recibía a prostitutas en su residencia. (Un año después, Acción contra el Hambre le nombraría jefe de su misión en Bangladesh).
El ‘caso Haití’ y su onda expansiva amenazan con modificar profundamente el paisaje de la cooperación internacional, un sector protegido por un aura de opacidad (en atención a su presunto idealismo) que probablemente desaparezca tras conocerse la extensión de las malas prácticas de cooperantes occidentales bien pagados en países pobres.
El antiguo directivo belga ha escrito una carta en la que reconoce haber cometido “errores” en Haití, pero niega haber contratado prostitutas o abusado de menores: “No soy un santo. Soy un hombre de carne y hueso y he cometido errores (no es fácil admitirlo); estoy profundamente avergonzado”.
Van Hauwermeiren argumenta que renunció a su puesto en el país caribeño porque no había ejercido un control suficiente sobre las posibles conductas inadecuadas del personal acusado. Asegura que nunca organizó orgías ni visitó burdeles en el país. Mantuvo, según relata, una breve relación sexual en su residencia de Oxfam con una mujer local a la que conoció tras entregar a su hermana pequeña leche en polvo y pañales para su descendencia.
'Semana negra'
Esta semana ha sido probablemente la más nociva para el negocio de la cooperación en lo que va de siglo, y podría tener repercusiones mucho más concretas sobre la operación y la financiación de Oxfam y otras grandes organizaciones. La vicedirectora ejecutiva de la ONG británica, Penny Lawrence, dimitió este lunes en medio del caos: “Como directora de programa en aquel momento, me avergüenzo de lo que ocurrió bajo mi vigilancia y asumo responsabilidad total”. Lawrence confirmó, además, que habían existido protestas similares durante la estancia de van Hauwermeiren en Chad.
El asunto empeoró el martes. Mientras los medios de todo el mundo sacaban a portada el escándalo sexual haitiano, policías guatemaltecos detenían (el martes) al presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes, por un caso de corrupción local. Horas antes, Fuentes había publicado un tuit sobre el escándalo sexual de Haití:
Condeno abominables acciones de equipo de Oxfam en Haití en 2011. Representa un certero golpe a gran trayectoria de miles de buenas personas de Oxfam, con quienes me identifico, que han apoyado a las víctimas de desastres y de la injusticia.
— Juan Alberto Fuentes (@JAFuentesKnight) 12 de febrero de 2018
Es sabido que detrás del idealista mundo de las ONGs (muchas de las cuales reciben subvenciones gubernamentales) se oculta en no pocas ocasiones un propósito más bien pragmático: estos embajadores de buena voluntad del mundo desarrollado funcionan también como un destacamento avanzado de esos Gobiernos para mantener su influencia y apoyar a sus empresas en el mantenimiento de contratos en países pobres. Sin embargo, la actuación efectiva y generosa de muchas de ellas ha mantenido el halo de impunidad de sus agentes de campo durante décadas.
Ahora se conoce que Naciones Unidas maneja informes que hablan de 120 casos de abusos sexuales de cooperantes a lo largo del pasado año: concretamente, 87 en Oxfam, 31 en Save the Children y 2 en Christian Aid 2. Las denuncias incluyen el abuso de niños; sin embargo, y desgraciadamente, las noticias han producido más repulsa que sorpresa. Con frecuencia operando en territorios devastados, y sujetos a diversas jurisdicciones, los cooperantes en el terreno funcionan con una sensación de virreinato.
En el contexto del nacimiento del movimiento #MeToo, la Fundación Thomson Reuters preguntó a finales del año pasado a diez destacadas agencias internacionales por episodios de abuso sexual. Cuatro no llegaron a responder nunca, probablemente temerosas de perder subvenciones (entre ellas Cruz Roja Internacional).
Las denuncias por acoso o abuso sexual han aumentado un 36% entre 2016 y 2017. Su frecuencia en el ámbito humanitario es francamente chocante: de acuerdo con esta petición de información de Thomson Reuters, ONGs como Save the Children u Oxfam revelaron que se vieron obligadas a despedir a 16 y 22 trabajadores, respectivamente, en 2017. Médicos Sin Fronteras (MSF) cortó su vínculo con 20 trabajadores (10 el año anterior). World Vision registró otros 10 incidentes de esta índole en 2016, 4 en 2017. Mercy Corps tuvo 11 casos de conducta sexual inapropiada en 2017 y despidió a 5 empleados.
Seis de los casos de abusos reconocidos por Médicos Sin Fronteras se han producido entre personal de MSF España. “Todos entre adultos y de hombres hacia mujeres”, y todos referidos a comentarios inapropiados o tocamientos, según explicó esta semana su presidente, David Noguera. Los expedientes se saldaron con cuatro expulsiones y dos apercibimientos.
"Punto de inflexión"
El director de comunicación del Comité Internacional de la Cruz Roja, Sam Smith, reconoció esta semana que el escándalo de Oxfam ha servido al menos para “marcar un punto de inflexión”. “Creemos que no se trata de una sola organización”, admitió Smith, “sino que es un problema de todo el sector y debemos trabajar colectivamente para superarlo”.
En realidad, el "problema” al que se refiere Smith había sido detectado ya hace tiempo. En 1996, un estudio pionero sobre las repercusiones de los conflictos armados sobre la infancia concluyó que durante esa década, en Mozambique, Angola, Somalia, Camboya, Bosnia y Croacia, “la llegada de soldados del mantenimiento de la paz estuvo vinculada a un rápido aumento de la prostitución infantil”.
Más conocido e impactante fue lo ocurrido en 2007, cuando 114 soldados de Naciones Unidas fueron enviados a casa por violaciones a mujeres y niñas. No hubo procesos judiciales. Los críticos acusan a las organizaciones humanitarias (que dependen en gran medida de subvenciones públicas) de encubrir estas prácticas por interés propio.
Naciones Unidas reaccionó a los hechos con un informe en el que se entrevistó a más de 1500 personas, incluyendo personal humanitario contratado. 40 departamentos y más de 60 individuos fueron señalados como responsables de presuntos abusos. Un adolescente en Liberia afirmaba que “es difícil escapar a la trampa de esa gente [de las ONGs], usaban la comida como cebo para tener sexo con ellos”. “La implicación de trabajadores humanitarios en actos de abuso y explotación sexual es una grave violación de nuestra responsabilidad de no dañar, y sí proteger, a las personas afectadas por una crisis”, dijo entonces la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Las señales continuaron siendo frecuentes también entre las ONGs. En 2008 Save the Children afirmaba en un documento que “niños de incluso seis años están intercambiando sexo por comida, dinero, jabón o teléfonos móviles con trabajadores humanitarios y fuerzas de pacificación”. La encuesta había sido hecha en Costa de Marfil, Sudán del Sur y precisamente Haití. Incluía casos de violaciones, abuso sexual verbal, pornografía infantil, prostitución y tráfico de menores (muchos de ellos pobres, desplazados o huérfanos).
“El problema viene de lejos, cualquiera que haya trabajado en cooperación en África sabe que muchos cooperantes pagaban por sexo. Nada inusual…”, dice a EL ESPAÑOL un diplomático español con pasado de trabajador humanitario bajo condición de anonimato.
"Liderazgo moral"
La repercusión global del escándalo de Oxfam ha producido una crisis en el Gobierno británico, que ha cuestionado el “liderazgo moral” de la organización (una de las más reputadas del mundo, con 36 millones de euros anuales en subvenciones gubernamentales). También ha dado combustible a los políticos y observadores que defienden una reducción del presupuesto internacional de cooperación; entre otras cosas, por la dificultad de auditar las cantidades entregadas (una opacidad relativa que este alboroto pone de relieve).
La exsecretaria de Estado británica para Desarrollo Internacional, Priti Patel, afirmó en una entrevista a la BBC que las ONGs “viven en la cultura de la negación y el ocultamiento”. Patel aseguró asimismo que el escándalo de Haití es solo “la punta del iceberg” y acusó a Oxfam de “falta de liderazgo moral” a la hora de llevar a los culpables ante los tribunales.
Downing Street ha anunciado ya que retirará las ayudas a ONGs que protagonicen escándalos sexuales. No hay amenaza más efectiva para unas entidades que pese a su nombre (‘no gubernamentales’) reciben un porcentaje importante de sus ingresos a través de subvenciones estatales o regionales (a costa, claro, de su independencia).
Una exempleada de Oxfam que trabajó cinco años en comunicación y emergencias escribió esta semana en el diario The Guardian que el racismo y el menosprecio a las mujeres eran moneda corriente en la agencia humanitaria. Y que no se circunscribían a esa ONG. “Sucedía en muchas organizaciones del sector en las que trabajé. Cada vez que identificaba claramente un problema, me convertían en parte de él”, afirmó Shaista Aziz: “Cuando acudía a Recursos Humanos en Oxfam y otros lugares a contarles mi experiencia, no hacían nada. Tampoco me sorprendía cuando veía que habían barrido todo bajo la alfombra”.
Otra antigua directiva de Oxfam, Helen Evans, echó leña al fuego al expresar su preocupación por la “cultura del abuso sexual” entre trabajadores humanitarios y su “frustración” porque el asunto no fuera tomado en serio. (Entre las denuncias mencionadas por Evans figuraba, por ejemplo, la violación de una trabajadora humanitaria por parte de un compañero de oficina en Sudán del Sur).
Cuando agentes humanitarios abusan de población local en países con un imperio de la ley débil o inexistente, poco pueden hacer las organizaciones para llevarles a los tribunales. Pero es probable que las andanzas de Van Hauwermeiren modifiquen este estado de cosas. Oxfam ha prometido esta semana crear “una base de datos global con árbitros acreditados que acaben con el uso de referencias falseadas o poco fiables por parte de empleados o exempleados de la organización” y asegura haber entregado a las autoridades de Haití “los nombres de los hombres implicados en conductas sexuales inadecuadas”. La cooperación, concebida como una ayuda al desarrollo y en ocasiones como una reparación de errores coloniales pasados, parece necesitar una urgente reforma cultural. Hasta el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se permitió ironizar sobre Oxfam esta semana: “Deberían cuidar más su casa antes de la hablar de las casas ajenas”.