Cristina Cifuentes siempre tuvo un plan b en la recámara. La todavía presidenta de la Comunidad de Madrid y baronesa del PP, mucho antes de que se conociera el escándalo del ‘caso máster’, ya preveía que su paso por la política no sería eterno y que, dado el momento, tendría que volver al lugar en el que comenzó su carrera: la Universidad. Siempre en su querido Madrid, pero en distintos centros. Lo que arrancó en la Ciudad Universitaria igual termina en Vicálvaro. Aunque, de momento, resista. Tiene a Rajoy de su lado: el presidente pretende aguantar a la presidenta de la Comunidad ante la ola de casos de titulitis que afectan a otros partidos.

Por paradójico que pueda parecer, todo comenzó entre las paredes de las aulas. Cristina Cifuentes Cuencas (1964, Madrid) estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Allí se labró una base sólida de contactos hasta dar el salto a la política, primero de la mano de Manuel Fraga en Alianza Popular y, después, con José María Aznar en el PP. Eran los años 80 y una jovencísima rubia popular conoció a Gustavo Villapalos Salas. Él era catedrático de Historia del Derecho y decano de la Facultad en la UCM. Rápidamente congeniaron y Villapalos acogió a Cifuentes bajo su seno. Desde ese momento, el por entonces catedrático sería su valedor.

Como en una relación proporcional, por cada escalón que ascendía Villapalos, otro crecía Cristina Cifuentes. Cuando el decano fue nombrado rector de la UCM (de 1987 a 1995), la líder popular fue designada directora de una residencia universitaria femenina adscrita a la Complutense, el Colegio Mayor Universitario Miguel Antonio Caro, “a dedo”. Fue la máxima responsable desde 1995 a 1999 de este colegio universitario muy cercano al Antonio de Nebrija, que dirigió su también valedor y gran amigo Dionisio Ramos. Ramos fue sustituido al frente del Antonio de Nebrija por su propia hermana, Maribel, que desde el año 2000 ostentaba el cargo de administradora de los colegios mayores de la Complutense.

Binomio Villapalos-Ramos

Precisamente, unas cuantas horas antes de que saltara el caso máster, a Cifuentes se le preguntó por su relación en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP.

-¿Conoce usted [...] al señor Dionisio Ramos?

- [...] Al señor Dionisio Ramos le conozco bastante, es compañero mío de la Universidad Complutense, reconocía la presidenta del PP madrileño.

Dionisio Ramos, además de estar implicado en el ‘Tamayazo’ y en Gürtel, cursó en la misma clase que su amiga Cristina Cifuentes el máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) durante el curso 2011-2012, tal y como se conoció después.

Antes de llegar a la gerencia, Ramos ejerció como vicegerente de obras de la UCM entre 1987 y 1995, bajo el rectorado de Gustavo Villapalos, a quien también acompañó como secretario general técnico en la Consejería de Educación, bajo gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.

No fue la única relación que se fraguó al calor de la Facultad de Derecho. Al trinomio formado por Villapalos, Ramos y la baronesa madrileña se sumó el primer marido de Cifuentes, Francisco Javier Aguilar Viyuela. Él, de profesión arquitecto, comenzó a trabajar llevando a cabo las obras de la UCM, como, por ejemplo, las reformas de las facultades de Físicas y Podología, en los colegios mayores Diego de Covarrubias y Menéndez Pelayo, y el anteproyecto del edificio de aulas para Derecho y Filosofía.

Un recorrido político de la mano

Todo cobra mucho más sentido al analizar el recorrido político de la baronesa del PP madrileño. Cuando Villapalos fue nombrado por Alberto Ruiz-Gallardón como consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid (desde 1995 hasta 2001), el matrimonio siguió prosperando. Así, Cifuentes fue nombrada diputada Portavoz del PP en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea de Madrid y, además, logró penetrar en otras universidades de la Comunidad de Madrid, como la Carlos III o la Universidad Rey Juan Carlos y ser nombrada. Paralelamente, su marido era nombrado en diciembre de 1999 por Villapalos como director general de Patrimonio Cultural, donde estuvo siete meses en el cargo.

Las simpatías entre Cifuentes, Villapalos y Ramos fueron determinantes para que la que hoy es presidenta de la Comunidad de Madrid pudiera hacerse muy pronto funcionaria de esa universidad pública madrileña a través de sistemas selectivos de ingreso (turno libre), al igual que otros muchos de esa época, como el exsecretario general de Podemos en Madrid, Jesús Montero, que ingresó también en el cuerpo de funcionarios. Ambos fueron llevados personalmente por el gerente Dionisio Ramos, pero no fueron los únicos. También situó y avaló dentro de la UCM a Ana Mourenza, licenciada en Derecho como Cifuentes y mujer del socialista José Blanco. Mourenza fue contratada por Ramos y se integró en la asesoría jurídica de la Fundación General de la Universidad Complutense. A Ramos no pocos socialistas lo señalan como el auténtico cerebro de la operación Tamayo-Sáez.

Cifuentes ingresa en 1990 por el turno libre como funcionaria del Grupo B en la escala de Gestión Universitaria. Se convocaron 16 plazas y Cifuentes accede como número dos por el turno libre. La hoy líder popular es nombrada por Resolución del Rector de la Complutense, Gustavo Villapalos Salas (Resolución de 3 de septiembre de 1990, BOE de 31 de octubre de 1990).

Es ya en 2001 cuando  se convocan 14 plazas para el ingreso en la Escala de Técnicos Superiores de Gestión (Grupo A) de la Complutense, la más alta. Cifuentes se presenta a esa promoción interna -a la que tiene derecho al llevar más de una década como funcionaria del Grupo B- y queda en el puesto 9 de los 12 aprobados en aquella convocatoria. Es nombrada a través de una Resolución de 3 de septiembre de 2001, firmada por el sucesor de Villapalos en el Rectorado de la UCM, Rafael Puyol Antolín (BOE de 5 de noviembre de 2001). Las pruebas selectivas habían sido convocadas el 15 de marzo de 2001, siendo Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid Gustavo Villapalos Salas.

Este puesto sería el que recuperaría en el caso de que dimitiera como presidenta de la Asamblea de Madrid y abandonara la política tras el escándalo de su supuesto máster.

Para los expertos consultados por EL ESPAÑOL surgen muchos interrogantes por el defecto administrativo que benefició a Cristina Cifuentes en el acceso a su plaza como funcionaria. ¿Cuántas personas como ella se presentaron al sistema general de acceso libre? ¿Cuándo se designó el Tribunal? ¿Fue éste enviado al BOE, para que todos los firmantes se enterasen? ¿Quiénes componían ese Tribunal? ¿En qué días se celebraron las pruebas y qué opositores tomaron parte en ellas ? ¿En qué locales? ¿Cuáles fueron las calificaciones? ¿Existe la posibilidad de acceder a los ejercicios de los que obtuvieron la plaza?

El 'Tamayazo' como inflexión

En el caso del Tamayazo, que aupó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes emergió con fuerza como portavoz adjunta al lado del controvertido Antonio Beteta. Uno de los escoltas del célebre ex diputado socialista Eduardo Tamayo afirmó en su día que “fue contratado para un trabajo especial por Dionisio Ramos, trabajo que consistió en espiar la vida privada de Cristina Cifuentes”, que se acababa de separar.

Este episodio nunca ha quedado aclarado. El agente de seguridad privada que protegió a Tamayo, José Antonio Expósito, se retractó de su versión judicial sobre el papel de Dionisio Ramos al ser contratado meses después curiosamente por el grupo de comunicación Intereconomía, presidido por Julio Ariza, y en el que Cristina Cifuentes ha sido tertuliana varios años.

Ramos estuvo implicado también en otro escándalo en esta universidad durante su etapa como gerente de esta. Una auditoría encargada por los gestores de la UCM en 2006 destapaba “un sistema de financiación paralelo al oficial que se nutría de fondos no declarados de seis colegios mayores” para pagar entre 1999 y 2002 “al menos 894.000 euros en gratificaciones a personal de la Complutense y ajeno a ella”. Entre los beneficiarios se encontraba ese vigilante privado que protegió a los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando éstos abandonaron su grupo e impidieron que la izquierda gobernara la Comunidad de Madrid, dando luego la presidencia a Esperanza Aguirre.