Al acceder al depósito, seis potentes motos de agua con los asientos de piel descoloridos por el sol dan la bienvenida al extraño. Cerca de ellas duerme el sueño de los justos un velero de 20 metros de eslora que llegó a navegar por el Atlántico cargado con varias toneladas de cocaína.
Sólo unos pasos más adelante hay un Ferrari rojo que rugía cuando su dueño, un narco, le pisaba el acelerador. Más allá, escondida entre potentes todoterrenos que en su día sirvieron para cargar el hachís alijado en las playas de La Línea de la Concepción o Algeciras, hay una avioneta con la carcasa de color blanca y magenta.
EL ESPAÑOL ha logrado acceder al mayor depósito judicial en España de bienes incautados al narcotráfico. Se trata de una instalación de cuatro hectáreas en mitad de la nada. Allí se concentran 3.500 vehículos y mil lanchas de 10, 12 y hasta 15 metros de eslora. Se encuentra en el Campo de Gibraltar, epicentro de la llegada del hachís a Europa.
Hasta hace unos meses, cinco vigilantes custodiaban la instalación durante las 24 horas del día. Ahora ya no. La ruina de su jefe, quien asegura que la Junta de Andalucía le adeuda ocho millones de euros, los ha llevado al despido. Por eso ahora, cada noche, los traficantes vienen a robar lo que dicen que es suyo. Y a José, como se llama el gerente de este cementerio de gomas, lo han puesto en el punto de mira.
“Saben dónde vivo, cuántos hijos tengo, quién es mi mujer. Los narcos saben dónde está este depósito, por eso vienen cada noche a robarme. Se llevan motores, hélices, lonas de lanchas… Yo he llegado a tomar ansiolíticos para sobrellevar esta presión y este miedo. Mientras, Susana Díaz me adeuda ocho millones de euros y no me da una solución. Mi esposa me dice que abandone, que me dé por perdido.”
La voz de José (nombre distinto al real por motivos de seguridad) es un lamento. José es el gerente del mayor depósito judicial de España. Se encuentra en un polígono industrial dentro de la comarca del Campo de Gibraltar. Decir su ubicación exacta sería hacerles un favor a las bandas de narcos que todavía desconocen el lugar exacto.
El cementerio de los coches, lanchas y veleros incautados al narco
Aquí, dentro de estas instalaciones, hay un puñado de ferraris, siete veleros que transportaban coca, cerca de mil lanchas del hachís con dos y tres motores, una avioneta, un autogiro, decenas de motos de agua, medio centenar de tractores, una excavadora...
Cada noche, José recibe la visita de los traficantes. Los ve llegando por una ladera cercana a través de las cámaras de seguridad que vigilan el perímetro de la instalación. Por eso dice que ya no aguanta “ni un segundo más”. En las últimas dos semanas le han robado siete veces. Se llevan motores a cuestas o lonas de lancha que valen cuatro y cinco mil euros en el mercado de segunda mano.
En cuatro hectáreas de terreno, José tiene los bienes más preciados de los narcos, aquellos que están intervenidos judicialmente a las bandas del tráfico de hachís que operan en el Campo de Gibraltar, convertida en la mayor vía de entrada de chocolate a Europa. Sus miembros saben que, desde 2009, cada lancha o todoterreno que les intervienen en localidades vecinas como La Línea de la Concepción, Algeciras o San Roque viene a parar aquí. Es un narcocementerio.
En este depósito judicial se concentra la mayor parte de los bienes incautados a los traficantes del sur de España.
Arrinconado por diez narcos mientras comía con su familia
Hace unos meses, José estaba en un restaurante junto a su mujer y sus dos hijos. En mitad del almuerzo, una decena de hombres se plantaron de pie en torno a su mesa y rodearon a su familia. Querían que José les llevase al depósito y les abriera sus puertas para ellos llevarse las gomas y los coches que les había intervenido un juez.
José dice que no olvidará jamás ese día. Se levantó de la mesa, puso a los suyos tras de sí y les dijo a los delincuentes que conocía a varios de ellos. “Si caigo yo, dos se vienen conmigo seguro, aunque luego me matéis”, les espetó. Al final, acabó convenciéndolos de que él, por su cuenta y sin la autorización de un juez, no podía entregarles sus lanchas y sus potentes coches.
José lleva media vida dedicado al servicio de la retirada de grúas municipales. Ahora mismo es concesionario en varios pueblos gaditanos. En 2009, la Guardia Civil acudió en su ayuda porque sabía que contaba con algunas naves en las que guardar los embarcaciones que les incautaban a los traficantes. La Benemérita le dijo que la comandancia de Algeciras, el puerto de la ciudad y los cuarteles de pueblos cercanos estaban desbordados y no cabía una lancha ni coche más.
José está amenazado por los narcotraficantes, quienes saben dónde vive, cuántos hijos tiene y quién es su mujer. Accede a dejarse fotografiarse para EL ESPAÑOL bajo la condición de que se no se revele su identidad.
José aceptó el encargo: él los retiraría con sus grúas y los mantendría bajo recaudo en sus instalaciones. A la semana de empezar a colaborar con la Guardia Civil, la Policía Nacional también le pidió el mismo favor. Días después fue Vigilancia Aduanera. El empresario pensó que, al tratarse de bienes inmovilizados judicialmente, la Junta de Andalucía le pagaría por su trabajo. Pero no fue así.
De aquello han pasado ya nueve años. “En ese momento yo no sabía el problema que se me generaba. ¡En qué mala hora dije sí!”, se sincera José, a quien el gobierno andaluz todavía no le ha abonado ni un sólo euro por retirar durante todo este tiempo los vehículos que usan los narcos por tierra, mar y aire.
Desde el primer día, la Junta niega que aquella instalación sea un depósito judicial. “Me dicen que el único que ellos reconocen está en Bellavista (Sevilla), a dos horas de aquí. Que este, en todo caso, será un depósito policial. ¡Pero qué broma es esta! Aquí hay una dejadez de funciones de libro. Y me quieren pasar a mí el marrón”.
Las cuentas, embargadas
José tiene embargadas las cuentas de la empresa. Las personales, dice, están en números rojos. Desde la semana pasada ya no ha vuelto a retirar una lancha o un coche. Se niega a hacerlo. Cuenta que no puede seguir poniendo dinero de sus otros negocios durante más tiempo. "Como si me roban a mansalva. Ya me da igual. Estoy desesperado".
Se da la paradoja de que los terrenos en los que José tiene el depósito se los alquila a él la Junta de Andalucía. El empresario paga 6.000 euros mensuales por ellos. Sin embargo, el gobierno andaluz no le reconoce la actividad a José. Por eso él, según cuenta, dice que ha enviado infinidad de correos electrónicos a Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior, “rogándole” que se lleve los coches o le pague.
“No hace ninguna de las dos cosas. Y yo no puedo irme de aquí, así sin más, porque un juez puede decir que yo me he desentendido de lo que hay aquí dentro. Estoy sin salida allá hacia donde mire”, cuenta José.
Varias narcolanchas con potentes motores puestas en fila en el interior del depósito judicial.
“He retirado una goma a cuatro metros encima de un árbol”
José dice que, según las cuentas de su empresa, la Junta le adeuda alrededor de ocho millones de euros. Cuenta que no sólo es por mantener bajo custodia algunas embarcaciones que llevan aquí nueve años, sino también por los gastos que le genera acudir a por ellas y traerlas al depósito.
“Una vez, una goma estaba en un árbol a cuatro metros de altura porque maniobró mal durante una persecución y se salió del cauce del río Palmones. Otra, tuve que ir a Portimao, el sur de Portugal, a por un velero que habían pillado lleno de coca. En algunas operaciones policiales me las he visto putas. Recuerdo una en que las amistades de varios detenidos en La Línea o Algeciras me esperaron en una esquina mientras retiraba la goma. ‘Te vamos a matar -me dijeron-. Sabemos quién es tu familia’.
“Esto es una cadena muy larga en la que yo soy el último eslabón y, además, el más débil”, cuenta José. “Yo no puedo aguantar más esta situación. Otro ya se hubiera puesto a dejar entrar a los narcos o se hubiera quedado los 50 o 80 kilos de hachís que he encontrado en dobles fondos de todoterrenos cuando me he traído un coche hasta aquí”.
Los traficantes de hachís usan coches de gran potencia para los alijos en las playas del Campo de Gibraltar. En ocasiones, también los utilizan para embestir a las patrullas de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.
Protocolo de actuación de la Junta
José es receloso. Tras mucho insistir, concede a EL ESPAÑOL el permiso para que se le haga una fotografía sin que se le reconozca la identidad. “Algunos de los que ya me conocen la cara están en el talego. Los nuevos, prefiero que no sepan quién soy”, dice.
El empresario comenta que es “absurdo” el protocolo de actuación creado hace dos años por la Junta, que señala que sólo se recogerá por un depósito judicial una lancha, un todoterreno o un velero cuando el juez lo autorice previamente con su firma.
“Si les dan un palo a las tres de la mañana, ¿qué guardia o policía tiene huevos de llamar a un juez y despertarlo? Ninguno. Pues bien, si no lo traen aquí directamente, esa noche se lo roban los propios narcos en mitad de la calle o de la playa. Es de risa".
José se siente arrinconado. Adeuda a la Junta el alquiler de los últimos seis meses. Arruinado, ya no da trabajo a ninguno de los cinco vigilantes que antes tenía en la instalación. Además, el gobierno andaluz le ha cancelado el contrato de arrendamiento, por lo que en cualquier momento podría echarlo.
“Cualquier día me quedo sin sitio y con todos estos coches y lanchas bajo mi responsabilidad. A veces pienso que hubiera ganado mucho haciéndole caso a esa gente que vino al restaurante a por mí”.
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