La Policía ha remitido a la Audiencia Provincial de Navarra un oficio en el que insiste en que Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil miembro de La Manada condenado por abusos sexuales, se presentó en una oficina para renovar su pasaporte y alegó que lo hacía porque lo había perdido.

Solo cuando la funcionaria le comunicó que había una orden de un juzgado que hacía imposible realizar ese trámite y le preguntó si tenía algún asunto pendiente con ese juzgado, Guerrero explicó que sí y que ese órgano judicial era el que le requería el pasaporte, según consta en el informe policial, al que ha tenido acceso Efe.

Dicho informe, firmado por el jefe superior de Jefatura de Andalucía Occidental de la Policía, José Antonio Pérez, subraya además que "en ningún momento" el guardia civil condenado por abusos sexuales como el resto de miembros de La Manada exhibió el auto de la Audiencia de Navarra por el que quedó en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros. En ese auto constan las medidas cautelares impuestas, incluida la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

Por su parte, el abogado de Antonio Manuel Guerrero, Jesús Pérez Pérez, explicó hace unos días que su cliente "se acercó a la comisaría para conocer la situación de su pasaporte". "Estoy convencido de que una actuación de este tipo no puede llevar a una persona a prisión", dijo.

"Error involuntario"

El informe policial confirma que Guerrero se presentó en la oficina de Tablada, en Sevilla, en la mañana del lunes 25 de junio, apenas tres días después de salir en libertad, pero no puede acreditar quién solicitó la cita previa. El sistema no permite conocer quién la solicitó, el día ni la hora, de modo que se está a la espera de las gestiones que haga al respecto la División de Documentación de Madrid, cuyo resultado será enviado a la Audiencia de Navarra.

El jefe superior explica a los magistrados de Navarra por qué no comunicó inmediatamente la incidencia: porque estaba en una reunión en Madrid y más tarde en una visita a la Fiscalía Superior en Granada y pensaba que, en su ausencia, se había informado de lo ocurrido tanto a la Jefatura Central de Coordinación y Seguridad Ciudadana de la Policía como a la Audiencia de Navarra.

A su juicio, se trata de un "error involuntario y desconocido" hasta que la Audiencia de Navarra requirió el informe, error que achaca a la "cierta complejidad" que existe en el conocimiento de la cadena de mandos.

En su informe, fechado el pasado 28 de junio, el jefe superior añade que su explicación no pretende ser una "excusa o justificación banal" y reitera su compromiso y el de todos los agentes a su cargo con la legalidad y la Administración de Justicia.