Los tres radares "sacadineros" instalados en la N-II para obtener un millón en comisiones corruptas

Saltarse un semáforo en rojo supone una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir. Normalmente, el importe íntegro se invierte en los proyectos de seguridad vial que decida el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma encargada del radar que haya detectado la infracción. Pero en la carretera de Camí Ral, en la localidad barcelonesa de Montgat, sólo 140 euros -un 70%- de cada una de estas sanciones han acabado en las arcas del Ayuntamiento. El resto -60 euros- se ha ido a la empresa Bibliomática, encargada de colocar estos dispositivos.

En julio de 2016, el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona inició una investigación al respecto que, tras extenderse por todo el territorio nacional, desembocó en la Operación Enredadera. Este miércoles la Policía Nacional intervino en 44 ayuntamientos españoles y detuvo a ocho altos cargos de la Policía Local de varios municipios, incluido el responsable del escándalo de Montgat, Tomás Cabrejas.

Todo comenzó con la puesta en marcha, en noviembre de 2012, de tres radares -uno de velocidad y dos semafóricos- que se colocaron concentrados en un tramo de la carretera N-II de menos de medio kilómetro y apenas señalizados, exactamente en la localidad barcelonesa de Montgat. A los nueve meses ya se habían convertido en verdaderos “sacadineros” para los 11.748 vecinos de la ciudad catalana. La recaudación en multas durante ese tiempo superó los 190.000 euros.

Según el contrato firmado en agosto de 2012 entre el Ayuntamiento y la empresa Bibliomática, los gastos de la instalación y el mantenimiento de los dispositivos corrían a cargo de la empresa. El Consistorio se lo devolvía en forma de comisiones: un 30% de cada multa impuesta por estos radares iba a parar a las cuentas de la compañía.

En total se acordó que el Ayuntamiento abonaría un total de 996.000 euros en un período de cuatro años a Bibliomática, en pagos anuales de 249.000 euros más IVA como importe máximo. El entonces concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana de Montgat, Tomás Cabreja, consideró este contrato como “una buena idea” para que fueran los infractores los encargados de devolver la inversión a la empresa.

"Pacificar" la carretera

El exalcalde de la localidad, Francesc Garcia Arrocha (CiU), justificó la instalación de estos radares como una manera de “pacificar” esta vía, en la que veía riesgo de accidente por la alta velocidad a la que circulaban los vehículos. Esta opinión contrasta con la realidad que reflejan los datos del Servicio Catalán de Tránsito (STC): en los tres años anteriores a la puesta en marcha de estos dispositivos no se registró ningún accidente en Camí Ral. El STC aseguró que “no” apoyaba este tipo de sistema.

La Plataforma 'No als radars' de Montgat consiguió reunir 1.500 firmas para pedir al Ayuntamiento que retirara estos aparatos de la carretera. Según su portavoz, Acari Bertran, muchos vecinos se quejaron de haber recibido varias sanciones en pocos días a causa de la actividad de estos radares que multaban “incluso con el semáforo en ámbar”. El Partido Socialista Catalán (PSC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y el Partit Republicà d'Esquerra (PRE) apoyaron esta petición planteando una moción plenaria que no prosperó.

Ante esto, el entonces concejal de Hacienda, Juan Carlos Esgueva, explicó que en caso de que se hubiera materializado esta iniciativa, se habría tenido que indemnizar económicamente a la empresa Bibliomática por un incumplimiento del contrato “no justificado”.

A pesar del revuelo causado, Tomás Cabrejas permaneció como concejal de Movilidad de Montgat hasta el fin de la legislatura 2011-2015. Después -y mediante un proceso criticado por partidos de la oposición por haber sido a dedo- fue elegido Jefe de la Policía Local del municipio barcelonés de Tiana, a poco más de tres kilómetros de sus polémicos radares. La Policía Nacional lo ha detenido este martes junto con otros tres catalanes por su presunta implicación en la Operación Enredadera.