El triunfo de Juan: el juicio por quitar la estelada se vuelve contra los indepes por malversación

No han salido las cosas como esperaban el Ayuntamiento de Sant Celoni en el juicio contra cuatro personas que quitaron una estelada de la vía pública. Parece una dosis de karma instantáneo. El consistorio ha pasado de denunciar los hechos a encontrarse en una situación delicada. El motivo es que el Fiscal ve posibles indicios de malversación de fondos públicos en la actuación municipal.

El martes 9 se celebró, en los juzgados de Granollers (Barcelona), el primer juicio contra personas acusadas de retirar propaganda independentista de las calles. La vista tuvo lugar en torno a las 11 de la mañana y a los 4 denunciados (Juan Ribas y otros tres miembros de brigadas de limpieza que quitan lazos amarillos en Cataluña) se les acusaba de un presunto delito de robo con escalo y daños leves.

No hay robo con fuerza

El primer mazazo se lo ha llevado el Ayuntamiento bien pronto, puesto que la acusación de robo con escalo ha quedado descartada por el magistrado desde el inicio. Así, solamente quedó la acusación de daños leves. A una bandera. Es ahí cuando ha surgido la incógnita: “¿Quién lo reclama? ¿De quién es la bandera estelada de la discordia?

Pues la bandera es del Ayuntamiento, que ha aportado en el juicio una factura de compra por un precio de 240 euros más IVA. “Ni que fuese de oro”, se extrañaba el acusado Juan Ribas, según declaró a EL ESPAÑOL después de la vista. Así, ha sido el propio fiscal el que ha apuntado que ve indicios de una presunta malversación de caudales públicos en esta acción. Por este motivo ha solicitado una inveestigación, para determinar si es legal que el Ayuntamiento gaste ese dinero en banderas no oficiales.

Posible prevaricación

Del mismo modo, el abogado de la defensa José Antonio Gilabert, ha apuntado que el Ayuntamiento de Sant Celoni podría estar incurriendo también en un delito de prevaricación, al conocer que no es ilegal retirar lazos amarillos y otra simbología independentista del espacio público (tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), pero aun y así haber enviado una patrulla para requisar la bandera retirada. Por ello ha pedido un testimonio de tanto de culpa, que en términos jurídicos viene a ser solicitar una investigación para dilucidar si existe delito en este hecho que no formaba parte del juicio de la estelada.

El juicio ha quedado visto para sentencia, que se conocerá en un plazo máximo de 15 días. Los acusados, así como su defensa, son optimistas visto el desarrollo del juicio. Ahora es el Ayuntamiento de Sant Celoni, responsable último de la compra de la bandera con fondos públicos así como de la actuación policial en entredicho, el que queda en una situación delicada. Y es que esa no es la única bandera que ha comprado el Ayuntamiento. Una investigación determinaría el dinero público que ha pagado la administración en este aspecto. Y la justicia decidirá.