En algún momento de su vida, probablemente, habrá discernido sobre la posibilidad de cambiarse de ciudad. “¿Y si nos volvemos al pueblo o nos compramos un piso en Mallorca?”, habrá pensado, seguramente, más de una vez –si su condición económica se lo permite–. Cambiar de aires no es malo. Al contrario, puede resultar muy beneficioso. Eso sí, antes de hacerlo hay que sacar la balanza y estudiarlo bien. Valorar si es mejor ‘buscarse’ la vida en la costa, lo que equivale a buen tiempo y playa; si preferimos hacerlo en el centro, por estar cerca, por ejemplo, de la familia; o si queremos pagar menos... entre otros muchos condicionantes. El bolsillo, en cualquier caso, es un factor determinante. Pues bien, de primeras, antes de sacar la maleta del armario para hacer la mudanza, necesita saber que las diferencias entre unas capitales de provincias y otras puede ser de hasta 600 euros. Es más, que en Madrid paga más que los ciudadanos de Cáceres y Badajoz juntos.
El Panorama de la Fiscalidad Local 2018 del Consejo General de Economistas arroja datos bastante esclarecedores en este sentido. De entre las 50 capitales de provincia, en la que más se paga impuestos es en Madrid (744 euros al año), a la que le sigue Barcelona (655). Donde menos se recauda es en Ceuta (133’7), aunque ésta tiene un régimen especial. Como también lo tienen Melilla (151’5), la segunda por la cola, y Bilbao (284’5), que cierra la zona baja de la tabla adjunta en este artículo –datos sin tasas–.
Este informe, que evalúa los ingresos por habitante de los ayuntamientos, se ha hecho en base a cinco impuestos locales: el de Bienes Inmuebles (IBI); el de Actividades Económicas (IAE); el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); y el del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Se ha estudiado qué carga impositiva pone cada ayuntamiento en cada capital de provincia y se han sumado para establecer cuánto paga cada ciudadano.
Pero bien, a qué se refieren estos impuestos. El primero, el IBI, grava la titularidad y derechos reales que tenemos sobre cualquier bien inmueble; el segundo, el IAE, se aplica tanto a autónomos como a sociedades por el hecho de realizar una actividad empresarial, profesional o artística; el tercero, el IVTM, el que se paga por tener un automóvil; el cuarto, el ICIO, se impone a las construcciones; y el último, el IIVTNU, al incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Estos tres (IAE, IBI, IVTM) son impuestos municipales obligatorios que deben ser exigidos, en todo caso, a los ayuntamientos. Los otros dos (ICIO y IIVTNU) son potestativos y depende de cada localidad el utilizarlos para recaudar (o no).
Una vez hecho esto, la primera pregunta que surge es evidente: ¿por qué hay tanta diferencia entre unas ciudades y otras? “Básicamente, porque los ayuntamientos pueden modificar sus tipos y establecer bonificaciones y deducciones. Nosotros lo que hemos hecho es una fotografía general. Para saber qué se hace en cada sitio habría que estudiar caso por caso. Eso es más complicado. Por ejemplo, Ceuta y Melilla tienen características especiales, Bilbao también tiene otro régimen… En el informe lo que hemos hecho es simplificar mucho la situación”, reconoce María Jesús Portillo, profesora de la Universidad de Murcia y responsable de llevar a cabo el Panorama de Fiscalidad a buen puerto.
Este informe es el primero que se realiza desde 2010 y el panorama ha cambiado sobremanera. El gasto local, por ejemplo, ha descendido bastante de 2008 a 2017 hasta un 7’7% del PIB (Producto Interior Bruto) y los ingresos de los ayuntamientos se han incrementado un 8’3%. Como consecuencia de esto, las corporaciones locales han pasado de tener un déficit del 0’40% a un superávit del 0’59% en 2017, según introduce el estudio realizado por el Consejo General de Economistas.
Las diferencias entre todas ellas no responden a una lógica. Pero, en el caso de las dos primeras (Madrid y Barcelona con 744 y 655 respectivamente) si se puede deber a una mayor cantidad de servicios públicos. Son ciudades con Metro y Cercanías –entre otros servicios–, que recaudan más (por su dimensión), pero también que necesitan incrementar el gasto para mantener esas infraestructuras e instalaciones.
Sorprende, por ejemplo, que Toledo sea la tercera capital donde más se paga (597’7). Lo es porque supera al resto en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) –en total, 94’9 euros–. En cuarto lugar aparece Castellón (562’6), con el IBI por las nubes (419). El top 10 lo cierran Tarragona (562), Lérida (536), León (531), Santander (516), Burgos (510) y Gerona (491).
A la cola de las ciudades que menos pagan se encuentra Ceuta (133). Es decir, si decide vivir allí, pagará pocos impuestos. ¿A cambio de qué? Posiblemente, de calidad de vida. Por ejemplo, para ir a cualquier ciudad de la Península necesitará comprar un billete de avión o cruzar el Estrecho. Eso, entre otros muchos inconvenientes. Y lo mismo le ocurre a Melilla, la segunda por la cola (151). Aquí la que sorprende es Bilbao, tercera ciudad donde se pagan menos impuestos (284).
Por encima de estas tres se encuentran Tenerife (289), Palencia (296), Pamplona (299), Pontevedra (323), Cáceres (330), Las Palmas (342) y Badajoz (348). Es decir, capitales de provincia de diferentes regiones que siguen los dictámenes de los ediles de cada ayuntamiento. No hay una regla fija, ni siquiera entre los municipios de Extremadura (ambos en esta parte final del cuadro).
Particularidades por Comunidades Autónomas
En el estudio, se han elegido las capitales de provincia para que se “observe un panorama general” de lo que es España. “Se podía haber optado por ciudades grandes o en función de los habitantes, pero lo elegimos así”, especifica Luis, que ha dirigido el Panorama sobre Fiscalidad de 2018. A partir de ahí, no sólo se deduce en qué ciudad se paga más y menos, sino también, por ejemplo, qué región es más laxa con sus habitantes.
Si desgranamos los datos por regiones, Extremadura, por ejemplo, es una de las que menos presión fiscal ejerce. Lo ejemplifica que, juntando Cáceres y Badajoz, se paga menor cantidad (678) que en Madrid (744). O que los toleadonos abonan casi lo mismo que esas dos capitales de provincia (597). Los gráficos dan para un sinfín de combinaciones. Se puede dar el caso de que en la misma comunidad exista una diferencia abismal entre Jaén (360) y Cádiz (464).
Estas diferencias en las cantidades y en la forma de gravar al ciudadano ha derivado una dificultad muy grande por parte de María Jesús Portillo para acceder a los datos. La profesora de la Universidad de Murcia ha tenido que ir por cada ayuntamiento solicitando información para confeccionar el informe. De ahí que las conclusiones del informe también sean generales y que no se hayan extendido municipio a municipio.
Entre las conclusiones, que los ingresos tributarios representaron en 2017 el 65% de todos los ingresos de los ayuntamientos o que el IBI es el impuesto más importante para las capitales de provincia desde el punto de vista recaudatorio total (28%) y el 60% de los impuestos.
Los datos ya los tiene. Ahora le toca decidir y poner en una balanza. Qué quiere: ¿buena temperatura, calidad de vida, estar comunicado con el resto de capitales… o pagar menos impuestos?. En ese caso, ya sabe: donde más se paga es en Madrid y donde menos en Ceuta. El resto queda a su criterio.
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