El fallo del juez Serrano de Vox a favor de un padre divorciado que le costó la carrera

Francisco de Asís Serrano Castro, que lidera la formación ultraderechista Vox en Andalucía y ha irrumpido con fuerza en el parlamento, en el que ha conseguido hacerse con 12 escaños, no siempre se dedicó a la política. Este sevillano comenzó a ejercer la judicatura en el año 1990 y ocho años después fue nombrado Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla.

Un cargo que solo desempeñaría hasta 2011 tras verse envuelto en un lío judicial, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, por el que finalmente fue inhabilitado durante dos años a partir de 2016 tras ver probado este tribunal que prevaricó al permitir que un niño, en contra del régimen de visitas establecido por sus padres, separados, pudiese asistir a una procesión de Semana Santa junto a su padre, en contra de la voluntad de su madre. 

Todo comenzó el 30 de marzo de 2010 (Martes Santo), el pequeño quería participar en la estación de penitencia como paje en la Hermandad del Silencio durante la madrugada del Jueves al Viernes Santo. Pero había un problema. El régimen de visitas del padre terminaba el miércoles 31 de marzo de 2010 y debía devolver ese día a su madre al menor, que estaría con ella hasta el Domingo de Resurrección. 

El juez Serrano Castro fue inhabilitado durante dos años por un delito de prevaricación

Ante la asistencia del menor, según se expone en los antecedentes del fallo que dictó el Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los abogados del padre se pusieron en contacto con los de la madre para trasladarle el deseo del menor, a lo que éstos "requirieron conocer más detalles".

Esa frase fue interpretada como un posible "no" por parte por los abogados del padre y tras ello, los mismos acudieron a hablar con el magistrado Serrano -que en su día instruyó la causa por el asesinato de Marta del Castillo-, el cual en un primer momento les trasladó que "todo el proceso estaba descrito en el auto de medidas provisionales y que no podía por el momento tomar otras decisiones". 

Pero el abuelo del menor todavía tenía un as en la manga: se entrevistó con unos letrados "para iniciar una estrategia procesal distinta y canalizar" la petición de su nieto para que finalmente pudiese asistir al tan ansiado episodio religioso. 

De tal modo, el abuelo solicitó al Juez de Familia Francisco Serrano como medida cautelar que su nieto pudiese permanecer junto a él unos días más, manteniendo al padre del menor al margen, para que, de este modo, no fuese perjudicado en el marco del procedimiento de divorcio contra su mujer que se seguía en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla. 

Así, y sin comunicar a la madre todo lo que se traían entre manos, el líder de Vox se reunió con abuelo y nieto, y tras volver a escuchar el deseo del menor de salir en la referida procesión del semana santa, dictó y firmó un auto resolviendo la medida cautelar solicitada, accediendo a que el pequeño pudiese salir con su cofradía y a que éste volviese con su madre el viernes 2 de abril a las 11.00 horas. 

Al final el pequeño, el abuelo, (puede que el padre) y el juez consiguieron el propósito. Pero la cosa no quedo ahí, la madre del menor, tras enterarse de los hechos interpuso una querella contra el líder ultraderechista por delitos de prevaricación, cohecho, violación de secretos y lesiones. Tras lo que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le condenó por un delito de prevaricación culposa a la pena de dos años de inhabilitación para empleo o cargo público. 

En la sentencia del Tribunal Andaluz, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los magistrados vieron probado que el acusado Francisco de Asís Serrano dictó y firmó un auto resolviendo sobre la medida cautelar solicitada "sin trámite procesal alguno, sin dar traslado ni pedir informe al Ministerio Fiscal, sin oír previamente tampoco a ninguno de los progenitores del menor", Herminio y Amelia. Sin tener en cuenta, además, según el fallo, que el padre del menor era "reticente" al cumplimiento de lo acordado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

El proceso llegó a siguiente instancia, a petición de la madre, que no estaba de acuerdo en su totalidad con el fallo del tribunal andaluz, y el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación y revisó la condena. En la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, los magistrados condenaron, a excepción de un voto particular discrepante, que el juez Serrano debía ser condenado a pagar una multa de más de 2.000 euros y a la inhabilitación especial para el cargo de Juez o Magistrado durante diez años -con pérdida definitiva del cargo que ostentaba así como honores anejos- como autor de un delito de prevaricación judicial doloso. 

Para el Tribunal Supremo, el juez de Vox  dictó el auto de alargar la estancia del niño con su familia paterna "sin la más  mínima observancia del principio de contradicción y sin la argumentación precisa",  por lo que, añaden, Serrano Castro "actuó asumiendo una competencia que no le correspondía". 

Francisco Serrano "actuó asumiendo una competencia que no le correspondía".

Poco después, el caso subió un escalón más y en 2016 el Tribunal Constitucional admitió a tramite el recurso de amparo solicitado por el acusado, que finalmente le dio la razón ya que, según el fallo del TC, la sentencia del Tribunal Supremo había visto vulnerado su "derecho a la tutela judicial efectiva" y de este modo, el Alto Tribunal no debía haber admitido el recurso de la madre. 

El tribunal anuló la sentencia del TS y rebajó de diez a dos años la inhabilitación del juez por un delito de prevaricación culposa, no dolosa. Cumplida dicha pena, que comenzó a contar en 2016, la Justicia tuvo que rehabilitar al líder de Vox exactamente hace un año, aunque según han confirmado fuentes judiciales a EL ESPAÑOL, Serrano ha pedido una excedencia y no ha vuelto al juzgado, sino que se ha dedicado a la abogacía y, ahora, de lleno a la política, tras irrumpir en la Junta de Andalucía. 

Con todo, este juez y político también se ha visto inmerso en otras polémicas, tras haber criticado la Ley Integral contra la Violencia de Género, que calificó de "injusta" y a la que ha atribuido el posible "efecto perverso" de proteger "situaciones de abuso" y no a las mujeres que realmente sufren maltrato. 

El líder ultraderechista llegó incluso a comparar la situación de los hombre acusados de malos tratos a la mujer con la cárcel de Guantánamo. "Cuándo a un hombre se le denuncia, a la cárcel y la llave tirada", espetó. También afirmó que "las desigualdades y situaciones injustas llevan a más violencia donde antes no las había e incluso a hombres que se suicidan".