El Top 15 de los que pierden el chollo del enchufismo andaluz: Juan, 36 años cobrando de la Junta

Juan Bautista Cano Bueso ha estado 36 años vinculado al PSOE en puestos de libre designación y, realmente, no ha conocido a otro partido en el poder. Es uno de los muchos colocados a dedo en la Junta, uno de los llamados ‘enchufados’ por el único partido que ha gobernado en la región durante los últimos 40 años. Su caso no es excepcional. Todo lo contrario. Hasta 15 altos cargos llevan más de 20 años en la administración pública rotando de una a otra delegación; de una a otra consejería; o de una a otra posición de responsabilidad dentro del engranaje socialista. 

Todos esos cargos de libre designación, 24.000 -según estimaciones- podrían ceder sus sillas en los próximos meses (aunque todos no tiene por qué estar enchufados). El peor resultado histórico del PSOE –y su dificultad para formar Gobierno (se hizo con 33 escaños, 14 menos que en 2015)– puede venir aparejado de la formación de un Ejecutivo de centro-derecha (PP y Ciudadanos). Y, con este cambio, se produciría un ‘ERE’ gigantesco en la administración pública. 

Susana Díaz, tras sacar el peor resultado histórico del PSOE.

Juan, presidente del Consejo Consultivo desde febrero de 2002, podría ser uno de los que capitulen con el nuevo tiempo político. Después de 36 años, se despediría si se confirma el cambio. El Catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Almería, diría adiós a un currículum vinculado al sector público. En este tiempo, ha sido Secretario General y Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía en las tres primeras legislaturas (1982-1994) y secretario de la Junta Electoral (1985-1994). Es más, ha estado con cinco de los seis presidentes andaluces (Rafael Escudero, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz). Con el único con el que no ha coincidido ha sido con Plácido Fernández Viagas, de la Junta Preautonómica. Y, obviamente, no contamos a Gaspar Carlos Zarrías, que estuvo tan solo en funciones en 2009. 

Ha estado, siempre, vinculado a un PSOE al que ha defendido a capa y espada, sin titubear y ante cualquier circunstancia. “El caso de los ‘ERE’ se disolverá como un azucarillo”, llegó a reconocer. “Estoy absolutamente convencido de que jamás se les hubiera pasado por la cabeza, ni se les pasará, hacer un contubernio para delinquir (…) No se podrá acreditar la comisión de ningún delito”, sentenció, convencido.  

Su ‘lealtad’ al partido le ha llevado de un puesto a otro y, en última instancia, a ser presidente del Consejo Consultivo, un órgano del Gobierno andaluz, la administración y las universidades que acoge a ex presidentes, representantes de los partidos políticos, etc. Un puesto por el que percibe, actualmente, 66.230’16 euros. Un sueldo nada despreciable que completa con su labor como catedrático y autor. En total, ha hecho más de 120 publicaciones, realizando estancias en las universidades de Roma, Florencia (Italia) o Regensburg (Alemania). Además, ha sido invitado por el Gobierno de Estados Unidos para realizar estudios de derecho parlamentario en el Congreso norteamericano. El chollo de un puesto en la administración le ha conducido a una vida deseable por cualquiera. 

En definitiva, una dilatada carrera en la administración que comparte con otros muchos. Por ejemplo, con Elena Marín Bracho (Sevilla, 1963), que también lleva 32 años yendo de un lugar a otro. Ella, por ejemplo, se estrenó como asesora técnica en la Consejería de Agricultura (1986-98) para después ocupar diferentes puestos en el Instituto Andaluz de la Mujer. Ha culminado su carrera como viceconsejera de educación con un salario de 61.824’90 euros. Es, sin lugar a duda, otra de las grandes ‘afortunadas’ de este periodo. 

Elena Marín Bracho.

Su nombre, sin duda, podría llevar apellido socialista, igual que el de Horacio Pijuán González (Córdoba, 1962), otro de los colocados perennes de la administración. Él, como Juan Bautista, suma 36 años de responsabilidad, toda una vida. Empezó su carrera como técnico superior de función administrativa del Área de Recursos Humanos y Suministros en el Hospital Reina Sofía de Córdoba (1982-1992). Desde entonces, su carrera ha estado vinculada a los servicios sanitarios. En última instancia, como director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, un puesto por el que percibe 55.812’16 euros.

Un total de 268 altos cargos de libre designación

Juan, Elena y Horacio son tres ejemplos de lo que ha sucedido en Andalucía durante estos últimos 40 años. O, más bien, de lo que sigue ocurriendo y estaba destinado a perpetuarse. En la actualidad, hay 268 altos cargos y directivos de libre designación repartidos por sus 13 consejerías y sus agencias, fundaciones, consorcios o sociedades mercantiles de participación directa, según la información oficial que refleja la web de la Junta. 

Estas cifras, sin embargo, no eran públicas con anterioridad. Se conocen, en buena medida, gracias a la presión del grupo de Podemos en la cámara andaluza liderado por Teresa Rodríguez (37), que tras las elecciones andaluzas del 22 de marzo de 2015, supeditó su respaldo a un gobierno en minoría de Díaz a que la Junta revelara el número de sus altos cargos. A esto, el Gobierno socialista respondió aprobando la Ley andaluza de Transparencia y abriendo su portal vinculado, calificado como el más avanzado de España. Podemos, entonces, también reclamó, aunque sin éxito, que los únicos cargos de libre designación fueran los consejeros y viceconsejeros.

El rango de los sueldos de estos 268 altos cargos que ejercen en la actualidad, y que estarían ante sus últimos dos meses en el puesto si prospera un gobierno liderado por PP y/o Ciudadanos tras las elecciones de este 2 de diciembre, abarca desde los 66.230,16 euros de la presidenta en funciones, Susana Díaz (44), a los 47.344,86 que percibe el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino Criado, el mismo sueldo que los demás delegados provinciales de las consejerías. Cada consejero gana 65.184,20 euros al año.

Ángel Gavino Criado.

A estos 268 altos cargos hay que añadir los puestos eventuales de confianza que éstos nombran, y que ascienden a 240, cuando el gobierno andaluz estrenó la página de Transparencia y adelantó este dato. La cifra no habrá variado sustancialmente. De estos 240 puestos de confianza de libre designación (jefes de gabinete, asesores, secretarias y, sobre todo, periodistas), 76 trabajan en los gabinetes de las consejerías y 146 en otros departamentos, como protocolo o la Oficina del Portavoz. 

[Más información: Consulte quiénes son los altos cargos de la Junta y sus retribuciones (PDF)]

Hay 273.634 empleados públicos en la Administración General de la Junta de Andalucía, entre funcionarios y personal laboral, según la cifra oficial registrada el 29 de junio de 2015. A éstos hay que sumar los alrededor de 23.000 empleados en los 208 entes (fundaciones, consorcios, entidades públicas empresariales) vinculados a la Junta, lo que la oposición ha venido calificando durante años como la “administración paralela” donde el PSOE “coloca” a personas afines.

De la plantilla de la administración general, ¿cuántos empleados han ocupado su puesto bajo la figura legal de Personal de Libre Designación (PDL), desde directivos a cocineros?  En un debate parlamentario el 23 de noviembre de 2006, el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves (73), rebatió la acusación de clientelismo y enchufismo de la portavoz de IU Concha Caballero sosteniendo que de los 250.000 empleados públicos autonómicos de entonces “sólo” el 2% eran puestos de libre designación; es decir, nombrados a dedo sin oposición ni concurso de méritos, un porcentaje que arrojaba por tanto la cifra de 5.000 empleados colocados bajo ese sistema opaco. Estimaciones posteriores han rebajado la cifra a alrededor de 2.200 en la actualidad, más los 200 y pico empleados de confianza de los altos cargos, cuyos contratos no se publican en el BOJA. El número exacto no se especifica en el portal de la Junta.

Más periodistas que en un diario nacional

Son los altos cargos políticos y su personal de confianza los que más tienen que temer por la pérdida de su actual empleo. Aunque entre éstos hay grandes diferencias, pues, por ejemplo, los periodistas de los gabinetes de prensa contratados como eventuales (son más que muchas plantillas de diarios nacionales) se irán a la calle cobrando el paro; mientras sus jefes, los altos cargos, obtendrán unas importantes asignaciones por cese. 

Así lo muestran los casos de los tres políticos que en la actualidad están percibiendo asignaciones por cese: la ex consejera de Educación Adelaida de la Calle (70) recibe 4.942,79 euros al mes durante 24 meses; la ex directora general de Fondos Europeos Patricia Eguilior Arranz acaba de ingresar el mes pasado la última de sus 12 mensualidades de 5.098,94 euros y el director general de la Política Agrícola y Ganadera, Rafael Olvera Porcel, también ha terminado de percibir sus 6 pagas de 4.992,93 euros. 

Adelaida de la Calle.

Los políticos que abandonen el gobierno de la Junta en el previsible relevo que va a producirse desde la derecha después de 36 años de administración socialista tendrán así un destacado colchón económico para amortiguar su salida del poder. Pero ese alivio monetario, fundamental para quien no tiene una plaza laboral propia a la que regresar tras los años de servicio en el gobierno autonómico, no impedirá sin embargo que no pocos de ellos sufran un drama personal por la pérdida repentina de su estatus y de su función, drama que será el reverso de la previsible euforia de los cuadros del PP, Ciudadanos e incluso, quién sabe aún, de Vox. 

Habrá quienes caigan en una depresión y tengan que recibir tratamiento médico por ello. Un veterano que ocupó un importante cargo en uno de los gobiernos socialistas de Zapatero contaba no hace mucho a EL ESPAÑOL que tras su cese sucumbió a la depresión, y que conoce más casos similares al suyo de políticos salidos del poder que tienen que medicarse para compensar su profundo sentimiento de convertirse en irrelevantes incluso para su partido, que los da por “amortizados”. “Tienes que tomarte lo que yo llamo la ‘pastilla de la importancia’”, confesaba. Recuperar con químicos la sensación de seguir siendo importante.

Por debajo de los directivos y altos cargos, el nivel más alto que puede alcanzar un funcionario en la administración andaluza es el nivel 30 (por ejemplo, un coordinador general de Consejería), con un sueldo de 59.246,56 euros.

El 'enchufismo' en la Faffe

Pero este ‘enchufismo’, que ha permitido a muchos vivir de la Junta, se ejemplificó sobremanera en la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), donde Fernando Villén, exdirector general, y los suyos enchufaron a alrededor de medio centenar de personas, entre las que se cuentan numerosos familiares. Pero también hay hijos, hermanos, sobrinos o esposas de dirigentes del PSOE andaluz y de cargos públicos de este partido a los que él hacía el favor de colocar. Eso explica el poder que llegaron a tener y que durante años fueran considerados intocables dentro de la Junta andaluza y del PSOE, de cuya ejecutiva Fernando Villén fue durante años secretario de Empleo. Precisamente, con José Antonio Griñán como secretario general.

Fernando Villén

El mismo hermano del director gerente, Manuel Villén, encabeza la lista de enchufados de la Faffe. En el organigrama aparecía como director de Actividad, lo que en la práctica suponía que era el número tres de la entidad. Concepción Ben, la mujer de Fernando, estaba igualmente en nómina de la fundación, lo mismo que la hermana de ésta, Rosario Ben. No ocupaban un puesto cualquiera: la primera empezó a trabajar en la sede de Cádiz pero rápidamente ascendió a los servicios centrales de Sevilla, mientras que su hermana fue promocionada a gerente en Huelva. Un sobrino, Manuel Villén Nogués, también encontró un hueco a medida en la plantilla de la Faffe. El número dos, Joaquín Morales, no se quedó atrás y enchufó a su cuñado y a su propia hermana, Araceli, poniéndola al frente de la sede de Málaga.

En el listado al que tuvo acceso este periódico aparecieron nombres muy conocidos, como el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (52), cuya esposa, Carmen Ibanco, era empleada de la Faffe. También figura el ex secretario de Estado y ex consejero de la Junta Gaspar Zarrías (63), que tenía a dos sobrinas colocadas en el Fondo; el ex consejero Luis Pizarro, con un sobrino; el ex consejero José Luis Blanco, con otro sobrino; el hijo de la ex presidenta de la Diputación de Huelva, Petronila Guerrero... y así hasta medio centenar de nombres.

Mención aparte merecen cuatro ex alcaldes socialistas de la provincia de Sevilla que se quedaron sin cargo público y a los que se buscó acomodo, y un sueldo más que digno, en la entidad. Desde 1.300 euros en el caso del ex alcalde de la localidad cordobesa de Espejo a los 3.200 euros que le pagaron al de Lebrija (Sevilla), Antonio Torres. El colmo del disparate lo representa este último, que se embolsó en el tiempo que estuvo contratado por la Faffe 553.452,64 euros sin dar un palo al agua. Ni aparecía por el despacho, según se ha sabido después por los testimonios de los empleados que sí trabajaban.

Lo ocurrido en la Faffe es la representación de lo que, durante años, ha ocurrido a espaldas de los ciudadanos. Personas perpetuadas en su cargo y en la administración durante décadas, familiares ‘enchufados’ y clientelismo. Todo, penalizado en los últimos comicios. Posiblemente, el primer día de un cambio que ‘limpiará’ las instituciones y ‘sustituirá las viejas alfombras. 

ESTOS SON LOS 15 ALTOS CARGOS QUE LLEVAN EN LA JUNTA MÁS DE 20 AÑOS

Juan Bautista Cano Bueso (servicio: 36 años. Salario: 66.230’16 euros): el actual presidente del Consejo Consultivo de Andalucía es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Almería. Ha “merecido la confianza de los cinco presidentes (de seis) de la Junta” y ha ocupado diferentes puestos en su larga trayectoria. 

Horacio Pijuán González (servicio: 36 años. Salario: 55.812’16 euros): el actual director general de Gestión Económica y Servicios Andaluz de Salud empezó su carrera como técnico superior de función administrativa del Área de Recursos Humanos y Suministros del Hospital Reina Sofía de Córdoba. 

Elena Marín Bracho (servicio: 32 años. Salario: 61.824’90 euros): la actual viceconsejera de educación empezó como asesora técnica en la Consejería de Agricultura (1986-98) y desde entonces no ha perdido su vinculación a la Junta. 

Alberto Mula Sánchez (servicio: 30 años. Salario: 53.243’94 euros): licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, empezó como director de Programas, Planificación y Coordinación de la Sección Cultura para la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla (1988-1990) y ahora ocupa el puesto de gerente de la agencia andaluza de Instituciones Culturales. Por medio, muchos otros puestos ‘patrocinados’ por la Junta. 

Martín Germán Blanco García (servicio: 30 años. Salario: 59.799’40 euros): el actual director del Parque Científico y Tecnológico Cartuja empezó como administrador del Distrito Sanitario Costa Granada (1988-1991). Desde entonces, ha encadenado puestos en la Junta de Andalucía hasta llegar a su actual puesto. 

Reynaldo Fernández Manzano (servicio: 30 años. Salario: 55.812’16 euros): el actual director de patronato de la Alhambra y el Generalife empezó siendo director del Centro de Documentación Musical de Andalucía en 1988. Desde entonces, ha ido encadenando puestos designados por la Junta, con un breve paso de tres años como concejal de Patrimonio y Juventud del Ayuntamiento de Granada. 

Manuel Herrera Sánchez (servicio: 28 años. Salario: 47.344,86 euros): el actual delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz llevaba desde 2012 como director del Área Sanitaria Serranía de Málaga. Empezó como responsable de la zona básica sanitaria gaditana de Villamartín (1990-1995). 

Rafael Peral Sorroche (servicio: 25 años. Salario: 61.824’90 euros): el actual secretario general de Industrias y Cadena Agroalimentaria empezó como asesor de promoción en el Instituto de Fomento de Andalucía (1993-2005). Después, fue asesor de la Agencia de Innovación y Desarrollo (2010-2013) y director general del Parque Científico-Tecnológico de Almería (2013-2015). 

María Isabel Baena Parejo (servicio: 25 años. Salario: 61.824,90 euros): estuvo al frente de la Delegación Provincial de Salud en Granada entre 1993 y 1997. Desde entonces, ha ido pasando por diferentes puestos (todos ellos relacionados con la salud) hasta acabar como viceconsejera de salud. 

Josefa Ruiz Fernández (servicio: 24 años. Salario: 61.824,90 euros): la actual secretaria general de Salud Pública y Consumo empezó como directora de los distritos sanitarios de Écija-Osuna (1994-96) y de Camas-Sierra Norte de Sevilla (1996-2002). Después, esta licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz ha ido acumulando puestos designados por la Junta. 

José María Ayerbe Toledano (servicio: 21 años. Salario: 55.812,16 euros): el actual director general de Planificación y Centros en la Consejería de Educación tiene su plaza como profesor titular de Matemáticas en la Universidad de Sevilla. No obstante, en 1997 comenzó como Jefe de Servicio de Coordinación y Coordinador General de la Viceconsejería de Educación y estuvo en ese puesto hasta 2014. 

Luis Vargas Martínez (servicio: 23 años. Salario: 55.812,16 euros): el actual director general de coordinación de Política Migratorias empezó su carrera como consejero técnico en la Delegación del Gobierno de Andalucía (1995). Desde entonces, ha acumulado puestos en la Junta. 

Montserrat Reyes Cilleza (servicio: 23 años. Salario: 61.749,89 euros): la actual directora gerente de la fundación pública Andalucía Emprende ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la administración pública andaluza, como destaca en su currículum en un pequeño extracto publicado en la web de la Junta. Ha sido, por ejemplo, viceconsejera de Cultura y Deporte, o secretaria general de Turismo. 

Federico Fernández Ruiz-Henestrosa (servicio: 23 años. Salario: 47.344,86): el actual delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz empezó su carrera en puestos de administración como director conservador del Parque Natural de la Sierra de Grazalema (1995). Desde entonces, ha ido encadenado puestos relacionados con la Junta. 

Natalia González Hereza (servicio: 22 años. Salario: 55.812,16 euros): la actual directora general de Industria, Energías y Minas ha hecho carrera en la administración pública. Su carrera empezó como responsable provincial para el apoyo a la gestión patrimonial de los bienes del Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (1996-98) y ha ido in crecendo hasta la consecución de su puesto actual. 

*Retribuciones anuales oficiales a fecha 30 de septiembre de 2018. Currículums de su labor pública obtenidos de la web de la Junta de Andalucía.