Desde que comenzasen las investigaciones acerca del caso Julen, prácticamente el día que sucedieron los hechos, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga puso el foco sobre el dueño de la finca de Totalán (Málaga) -propiedad del tío de Julen-, en la que está el pozo donde se precipitó el niño, y en el pocero que realizó la excavación del mismo, sin permisos y de manera ilegal. Unos hechos por los que de ser juzgados, según fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL, ambos podrían ser condenados por un delito de homicidio imprudente, cuya pena de prisión puede oscilar entre uno y cuatro años. 

Y en el caso de que en este proceso, según indican las mismas fuentes, se personase la Abogacía del Estado, ésta podría incluso reclamar para los posibles responsables de este homicidio imprudente el coste total del operativo de rescate de Julen, que según indicaron a este diario, ha supuesto un coste aproximado de 1,5 millones de euros. 

Mientras todo el país seguía al minuto el posible desenlace de Julen, el Juzgado de Instrucción ya había empezado a recibir informes, declaraciones y atestados relacionados con el suceso de Totalán, entre ellos, los de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Vélez-Malaga, y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Tras las primeras investigaciones acerca del pozo y de la finca, el Seprona tomó declaración tanto al dueño de la finca donde se encuentra el pozo -ahora tapado con una lámina de acero de 600 kilos-; al empresario que hizo la prospección de agua y al hombre que hizo el pozo y que aseguró que desde el primer día taponó el orificio y que su actuación fue modificada posteriormente. Aunque, poco después, la Junta de Andalucía  aclaró que no se tramitó ningún permiso para excavar el pozo en busca de agua. En otras palabras, el pozo era ilegal. 

En un caso "único" como éste, según fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL, es lógico que la magistrada proseguirá recabando todo tipo de pruebas e información acerca de todo aquel que haya sido testigo de lo que ha sucedido en torno al caso. Desde los senderistas que llamaron a Emergencias 112 a todas las unidades del rescate que han intervenido en cualquiera de las tareas del operativo: agentes, bomberos, ingenieros, peritos, técnicos, operadores, etc. 

El siguiente paso de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción -que ha decretado el secreto de sumario- junto a la Guardia Civil, según han señalado estas mismas fuentes a este diario,  aunque insisten en que cada caso "es diferente", sería descartar que se trate de una muerte intencionada. Y bajo este supuesto, investigar si se trataría de posible muerte accidental, en base a una investigación "paralela" sobre el pozo donde se precipitó Julen.

Homicidio imprudente

Pues todavía quedan muchas incógnitas por despejar como el tapón de arena que impedía llegar a Julen a través del pozo o "el tipo de tierra" que se echó en él. En cualquier caso, una vez que se cerrasen las diligencias, fuentes jurídicas aseguran que ha quedado claro que la muerte del pequeño Julen se trataría de una "imprudencia con resultado de muerte", o en otras palabras, un homicidio imprudente. 

Esa imprudencia, según indica, recaería en el dueño de la finca, que tenía ese pozo en su propiedad y que suponía un gran peligro, del que debía de haber alertado, y por otro, para el hombre que excavó el pozo -aunque haya asegurado que lo selló-, pero lo hizo sin permiso. 

Aunque todo aquello relacionado con obras ilegales "es un tema administrativo", según aseguran fuentes jurídicas a este periódico, se puede "envolver en imprudencia" cuando se trata de dos hombres, que tenían que haber advertido de este peligro, o haber sellado el pozo, una vez acordaron excavarlo y no encontraron agua, y que "de manera indirecta" han desencadenado la muerte de un niño. 

Si finalmente se imputase un delito de homicidio imprudente a los responsables, las penas de prisión podrían oscilar entre uno y cuatro años. Y la responsabilidad civil, es decir, la sanción económica en base a los daños ocasionados a la familia, si ésta se personase en la causa o lo pidieran alguna de las partes, dependerían del baremo del seguro. La cantidad que establecen estas empresas cuando se produce, en este caso, la pérdida de un familia directo. 

De darse este supuesto, la responsabilidad civil no tendría por qué quedarse ahí. Si en el juicio se personase la abogacía del Estado, éste podría reclamar a los acusados el coste que ha supuesto para todo el país la operación de rescate a Julen, lo que según apuntaron fuentes a EL ESPAÑOL, se trataría de una cifra de aproximadamente 1,5 millones de euros.