El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tiene abierta una investigación en el 'caso Julen' para aclarar qué circunstancias que tiene que ver con el pozo, su sellado y el terreno intervinieron en la caída del pequeño.

El informe presentado sobre la legalidad de la perforación y del movimiento de tierra realizado en la parcela está ya en poder de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, según informa el Diario Sur. Y no deja dudas: las medidas de seguridad adoptadas para evitar accidentes en el pozo son "nulas".

Según informa este medio, los agentes inspeccionaron la zona, tomaron medidas y fotografiaron el lugar, adjuntando platos y gráficos. 

En el informe aparece las medidas de la explanada, dónde se usó parte de la tierra que salió del rebaje y el pozo. Según los cálculos del Seprona, el lugar por el que cayó Julen cuenta con 28 centímetros en la boca, pero su diámetro de construcción es de 21 a 22. En su declaración ante las fuerzas de seguridad, el pocero explicó que tendría entre 111 y 114 metros de profundidad.

Además, de las declaraciones que realizaron durante la investigación tanto el propietario de la finca como el pocero que realizó los trabajo, se ve que ninguno pidió permisos pese a que requería una licencia municipal y de un proyecto técnico.

Tampoco tienen licencia el resto de obras y movimientos de tierra que se realizaron y que todavía deja muestras en la parcela con palés y bloques de hormigón gris con los que se supone el dueño de la finca había tapado el pozo (según su declaración) mientras que el pocero asegura que lo hizo él mismo cuando terminaron los trabajos.

El Seprona establece como responsables de las infracciones urbanísticas detectadas tanto al promotor como al contratista y afectan desde licencias municipales hasta competencias de la Junta de Andalucía.

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