Cuando el 'edificio okupa' está frente a un colegio de Murcia: drogas, ratas y un intento de violación

Unas mantas ancladas por las paredes evitan cada noche que las ratas y las bajas temperaturas se cuelen por los agujeros del cuartucho donde duerme Abdelkader. “Pagué 1.000 euros para viajar en patera”, cuenta este argelino, de 30 años, que se jugó la vida en el mar para buscar una vida mejor en Europa. De aquel sueño no queda nada desde que en San Pedro del Pinatar descubrió la realidad que le esperaba: “No tengo papeles ni trabajo”. Abdelkader sale a diario a buscar chatarra para ganarse de ocho a diez euros “para comer”, mientras sobrevive junto a otros inmigrantes en situación irregular dentro de uno de los dos edificios que una entidad bancaria dejó a medio construir en el Barrio de Los Pinos. El objetivo del proyecto inmobiliario era vender 41 viviendas aprovechando el tirón turístico de esta localidad del litoral murciano, pero la crisis del ladrillo frustró la promoción convirtiendo los bloques en un residencial okupa a escasos metros del colegio público Los Pinos.

La dirección del centro tacha el ambiente de “deprimente” y confirma que ya se ha dirigido al Ayuntamiento para “trasladar la inquietud que existe en la comunidad educativa”. Los bloques del residencial presentan unas condiciones higiénicas deplorables y están frente al patio de los escolares y un aparcamiento exterior que utilizan los padres de los alumnos. Desde el AMPA subrayan que “las familias estamos molestas por la suciedad, porque se han visto ratas alrededor del colegio y no es agradable que los niños puedan ver a gente bebiendo o consumiendo drogas”. Jennifer, madre de un niño de cuatro años escolarizado en Infantil, reclama medidas de choque después de que una vecina denunciase ante la Guardia Civil que estuvo a punto de ser violada supuestamente por un okupa: “Por el bien de todos, aquello tienen que tapiarlo porque no hay seguridad”. EL ESPAÑOL se adentra en el residencial. En el primer edificio han volado las estructuras de las ventanas, mobiliario de cocina y aseos, el cableado, incluso han arrancado del techo algunas estructuras de pladur. 

El segundo edificio es un esqueleto de ladrillo y cemento, en cuyos lúgubres pasillos se entremezcla el hedor a orina de los propios okupas con el de los excrementos de ratas, gatos y pájaros. Abdelkader accede a mostrar su habitación a El ESPAÑOL, tras abrir el candado de la puerta con el que evita que nadie entre a robarle el catre que tiene sobre unos cartones: “El colchón lo cogí en un contenedor”. Las habitaciones de los pisos que no están ocupadas se usan de retrete, basurero, incluso para almacenar piezas de vehículos de dudosa procedencia. 

Panorámica de uno de los dos edficios a medio construir por la entidad bancaria en la que malviven veinte inmigrantes.

En uno de los pasillos, otro inmigrante ilegal, Sliman, trata de entrar en calor encendiéndose medio pitillo que saca de su abrigo de imitación de Dolce & Gabbana. “Vivo en la mierda”, admite este marroquí. “Quiero arreglar mis papeles, pero trabajé en una empresa de flores durante siete años por cinco euros la hora y nunca me hicieron un contrato”. 

A sus 42 años, Sliman no tiene expectativas de rentabilizar los 1.300 euros que pagó por viajar hacinado en una lancha junto a otros veinte compatriotas. “En el edificio hay 18 personas de Marruecos, Argelia y Europa del Este”. Los más afortunados trabajan ilegalmente en explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena. “Por 10 horas recogiendo alcachofas, lechugas o brócoli, nos pagan 30 euros”, denuncia un amigo de Sliman. Otros se dedican a vender por los mercadillos zapatillas y prendas de vestir que sacan de contenedores de ropa usada. Pero la gran mayoría de miembros de esta comunidad okupa subsiste buscando chatarra en los contenedores de varias poblaciones costeras. “Al día me hago veinte kilómetros recorriéndome en bicicleta San Pedro, Lo Pagán, La Zenia…”, expone Kaddour enfundado en una sudadera descolorida del Real Madrid. 

La piscina que se construyó para los inquilinos de los dos edificios del residencial, alberga aguas negras y los okupas la emplean para tirar la basura que ellos mismos generan. También vierten los desechos de aquello que no han podido vender ni en chatarrerías ni a particulares: restos de electrodomésticos, muebles... La carencia de suministros básicos, como luz y agua, la solventan llenando garrafas en la fuente de un parque próximo y empleando un hornillo mugriento de camping gas para cocinar la comida que a veces recogen de los contenedores de un supermercado. El ambiente es tan deprimente que algunos inquilinos tratan de evadirse consumiendo hachís o bebiendo, como un ucraniano que empieza a gritar molesto por la presencia de un periodista en el bloque: “¡Vete a la mierda!”.

Ruidos de madrugada, robos, peleas y un intento de violación

El aspecto arrasado de los dos edificios contrasta con los dúplex, valorados en 160.000 euros, que se levantan en la acera de enfrente. “Las ratas se han metido en mi patio”, se queja María, una rumana propietaria de uno de los citados dúplex. Rosa, otra vecina de la zona y madre de una alumna del colegio Los Pinos, sentencia que la convivencia con los okupas es insufrible: “Cada semana llamo varias veces a la Policía Local por ruidos de madrugada, por peleas o por fogatas que encienden dentro del edificio”. El residencial lleva más de un año ocupado y tal es el enfado en el vecindario del Barrio de Los Pinos que el asunto lo han puesto en manos del bufete Gómez y Franco Abogados. “Llevamos reunidas unas 170 firmas”, confirma Antonio mostrando el escrito que, junto a las rúbricas, van a presentar al Consistorio para exigirle el desalojo del residencial okupa por “problemas de salubridad y seguridad” en la zona. 

Abdelkader, en uno de los edificios.

“Ha habido robos en chalés, en un restaurante…”, enumera como algunos ejemplos. “Pueden venir con una enfermedad de África y es una zona residencial con un colegio”, advierte Antonio, un consultor informático convertido en el portavoz del malestar vecinal desde que su mujer sufrió un intento de violación. Y aporta como prueba de ello la denuncia que su esposa interpuso ante la Guardia Civil, el 1 de diciembre, en la que relata que se encontraba paseando a su perra por el colegio Los Pinos, cuando un marroquí la abordó por la espalda y le puso una navaja en el cuello. “Amagó con asestarme puñaladas en el torso y trató de llevarme a unos pisos vacíos”, tal y como recoge textualmente la denuncia. El agresor no pudo perpetrar la supuesta agresión sexual porque pasó por allí una furgoneta y el conductor auxilió a la víctima. 

Este incidente colmó la paciencia de los vecinos. “Aquello está a pique de que pase algo gordo y le dije a la alcaldesa: le pones tú solución o lo hago yo”, sentencia Antonio. El edil de Ciudadanos José Luis Ros asegura que “en el Pleno hemos denunciado en varias ocasiones que es una zona caliente, muy peligrosa, pero el equipo de Gobierno no toma medidas”. La regidora de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez (PP), trata de poner paz entre los parroquianos explicando que una entidad financiera “es la titular de la licencia de obras y le hemos requerido varias veces para que limpie y valle los edificios”. El Consistorio, ante la falta de respuesta del banco, ha iniciado un expediente de ejecución subsidiaria de las obras de cerramiento y ha solicitado autorización al Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena para entrar en los dos edificios. Martínez avanza que cuando el juez les autorice desalojarán y limpiarán el residencial okupa reclamando al banco 17.331 euros por los trabajos.