Las llamadas eróticas de un exalcalde granadino y otros pufos en taxis con dinero público

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar (Granada) ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Castril, Juan José López Ródenas. El exregidor está acusado de, presuntamente, haber contratado llamadas a líneas eróticas y productos de televisión con el número de teléfono móvil que le pagó el Ayuntamiento durante el mandato que gobernó el pueblo (2007-1011).

La apertura de juicio oral se produce por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Según consta en un auto con fecha de 19 de junio, un jurado popular será el encargado de enjuiciar en la Audiencia Provincial de Granada a Juan Mar, como se le conoce en Huéscar por su faceta de pintor. Se le acusa de gastar 2.937 euros del erario público. Un dinero que él devolvió a las arcas municipales. Juan José López Ródenas siempre ha sostenido que es inocente y que fue víctima de una estafa telefónica.

Pese a que a finales de octubre de 2018, el citado juzgado de Huéscar decidió archivar la causa por “no quedar acreditado que el exalcalde socialista firmara un consentimiento para contratar contenidos eróticos desde la línea de teléfono móvil que pagaba el Ayuntamiento", en mayo de 2018 la Sección Primera de la Audiencia Provincial admitió el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, que ejerce el propio Consistorio. Ahora el exregidor del PSOE deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

Este no es el único quebradero de cabeza judicial al que se enfrenta el citado exalcalde. En mayo de este año el mismo juzgado de Huéscar procesó a Juan Mar por otro presunto delito de malversación por pagar con dinero público viajes en taxi. Entre enero 2007 y junio de 2011 se gastó casi 47.000 euros en este servicio y firmó a posteriori la autorización de pago de esas facturas. Según la instrucción, lo habría hecho para fines personales.

Pufo en la fundación Saramago

Juan José López Ródenas fue gerente de la Fundación Saramago en Castril durante su etapa al frente de la alcaldía del municipio. Según un informe de la Guardia Civil fechado en agosto de 2018 y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los investigadores encontraron 246 movimientos bancarios “sin justificar”. La suma de dinero alcanzaría los 247.000 euros.

El informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil parte de una petición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar, que también investiga la gestión de los fondos públicos de la Fundación Saramago.

En una providencia fechada en septiembre de 2018, la juez instructora trasladó dicho informe a la Fiscalía, que fue quien denunció los hechos en su origen. El Ministerio Público entiende que los hechos podrían constituir los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y falsedad.

Hasta la fecha, el exalcalde de Castril siempre ha defendido la legalidad y claridad de las cuentas de la fundación. En 2014, tras aquella denuncia, compareció en sede judicial. Dijo que había aportado “documentación que avalaba la legalidad de todas las operaciones” de la fundación.

36.000 euros para la prima

En febrero de este año, el Juzgado de lo Penal número cuatro de Granada condenó a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a López Ródenas por un delito de prevaricación administrativa al incluir a un familiar entre los beneficiarios de un programa de subvenciones para la rehabilitación de infravivienda. La 'agraciada' obtuvo una ayuda de 36.119 euros sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.

En la sentencia se consideró probado que en mayo de 2008 tuvo entrada en el registro municipal de Castril una solicitud de una prima hermana del entonces alcalde López Ródenas para acogerse al Programa de Transformación de Infravivienda de la Junta respecto a un inmueble propiedad de sus padres.

El magistrado expone que la solicitud se acompañó con un contrato de arrendamiento que "no respondía a la realidad", pues la vivienda se encontraba "deshabitada" y era requisito indispensable para acogerse al plan que el domicilio estuviera habitado.

Caso de las líneas eróticas

Con respecto al caso del gasto en líneas eróticas, la Fiscalía solicitó en su momento el sobreseimiento y archivo de la causa. Ahora un jurado será el encargado de dirimir si el exalcalde contrató de forma consciente y voluntaria los citados servicios de contactos eróticos telefónicos o si, por el contrario, el Ayuntamiento fue víctima de una práctica fraudulenta.

En uno de sus últimos autos, previos a la apertura del juicio oral, la Audiencia Provincial de Granada opinó que sí se requiere por parte del consumidor “conductas conscientes y voluntarias y no automáticas" para la contratación de dichos servicios, “por lo que no puede descartarse, en este momento procesal, la existencia del delito por el cual se acusa en el presente procedimiento".

Aunque no le sirvió de nada, Juan José López Ródenas alegó “que había sido víctima de una estafa" y de una “persecución” de tinte político.