El dueño del pozo donde cayó el pequeño Julen, David Serrano, sigue manteniendo que los padres del niño son los responsables de la muerte por no vigilar al menor. El hombre ha afirmado que "por muy impopular que parezca", él no es el culpable: "estaban los padres". "De donde estábamos a donde estaba el boquete había una distancia considerada como para llegar solo y ellos sabían perfectamente la ubicación en la que estaba el pozo", ha comentado en El Programa de Ana Rosa.
En la entrevista telefónica, Serrano ha afirmado que advirtió a los padres de Julen de la existencia del pozo. "Él me vio taparlo, no lo cuenta porque no quiere salir en ningún momento escaldado de aquí. Sé que están pasando por una situación terrible y lo siento mucho, pero es lo que pienso", confirma al citado programa. Además, el hombre ha aprovechado para defenderse de las acusaciones de los padres, que afirman que es un asesino: "Yo no soy ningún asesino como van diciendo los padres. No sé por qué dice lo de los dos tiros. Aquí hay mucha película y el único que ha tenido una pulsera telemática es él, no yo".
Tras las declaraciones del dueño de la finca, el padre de Julen, José Roselló, ha llamado en directo al programa. "Todo el mundo sabe lo de la pulsera telemática. Cuando te ponen una es porque algo estás haciendo bien, pero me parece muy fuerte que sea él el que lo saque públicamente", ha comentado el hombre. Además, el padre de Julen ha puntualizado: "Él ya ha dicho lo que tenía que decir de mí. Si tuviera que entrar a valorarlo a él, tendrías programa para 6 meses. El que tiene mucho que callar es él".
El dueño de la finca, imputado por homicidio imprudente
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, encargada de determinar las causas que rodean la muerte de Julen, ha considerado que David Serrano, el dueño de la finca donde estaba el pozo por el que cayó el pequeño, pudo cometer un delito de homicidio imprudente.
José Roselló y Vicky, padres de Julen.
Según el auto, la magistrada ha dispuesto que las actuaciones sigan por el trámite de procedimiento abreviado contra el dueño del terreno, David Serrano, al existir indicios de criminalidad tras dejar abierto el pozo por el que cayó el pequeño Julen. La jueza, a su vez, ha dado un plazo de diez días para que las acusaciones personadas en el procedimiento soliciten la apertura de juicio oral y formulen los escritos de acusación o el sobreseimiento de la causa.
En la resolución judicial, que consta de ocho folios, la juez considera que "la instrucción es completa y no son necesarias nuevas diligencias" y afirma que existen "indicios" contra Serrano ya que era conocedor de que el pozo donde cayó el menor "se encontraba al descubierto sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad".
"A sabiendas de la existencia del pozo abierto y de la falta de protección suficiente y adecuada de la abertura del mismo no adoptó medida alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo o causa de algún mal para las personas sin alertar a los allí presentes de su existencia y estado", explica la magistrada en el auto. La instructora califica las labores de rescate de "obras de ingeniería civil" y dice que el coste económico de las actuaciones de emergencias para el rescate fue inicialmente valorado en 687.749,51 euros y que la Junta de Andalucía ya ha formulado reclamación.
David Serrano no adoptó medidas
Incide en que el dueño del terreno no solo no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar accidente alguno sino que además las obras realizadas en la finca para la ejecución de las perforaciones y zanja carecían de cualquier tipo de autorización exigible para la ejecución de obras realizadas sobre el terreno.
Por todo ello, la magistrada entiende que David Serrano "incurrió en responsabilidad por infracciones urbanísticas" y por estas infracciones se han abierto expedientes administrativos sancionador contra el dueño de la finca y la persona que hizo el pozo "como presuntos responsables por infracción muy grave en materia de seguridad minera".
Pozo por donde cayó Julen.
La instructora considera que estos hechos revisten inicialmente carácter de un delito de homicidio imprudente por imprudencia grave a tenor de la valoración de las diligencias de investigación que han sido llevadas a cabo y las declaraciones prestadas en sede judicial "con la provisionalidad de la fase procesal en que nos encontramos".
En la resolución judicial se hace un resumen de los indicios que hay contra el único investigado en la causa y se destaca que ni alertó ni advirtió de la existencia del pozo a los padres de Julenel 13 de enero de 2019 cuando acudieron a la finca con la intención de hacer un arroz y pasar un día en el campo. Se subraya que además la visualización del pozo era difícil por su ubicación y características del terreno como se deriva de las descripciones y reportajes fotográficos así como las declaraciones testificales prestadas por los senderistas que acudieron al lugar de los hechos de forma casi inmediata una vez que el menor cayó.
La jueza considera que tras las diligencias practicadas se debe proceder a la continuación del caso por los trámites del procedimiento abreviado contra el dueño del terreno al existir indicios contra el investigado "por su participación en un delito de homicidio imprudente, por imprudencia grave del artículo 142.1 del Código Penal".