David se forró con subvenciones para un coche eléctrico inexistente, el L6e

El proyecto de David Monforte, un empresario ubicado en Zaragoza, nació en el año 2011 como una solución a la movilidad. Junto con inversiones personales, el "empresario del sector inmobiliario sin experiencia en el sector del automóvil" -de acuerdo con la sentencia- recibió más de 1,7 millones de euros en subvenciones para desarrollar el L6e, nombre con el que se bautizó el pequeño vehículo eléctrico urbano que pretendía impulsar. Pero lo cierto es que, tras ocho años, aún no ha sido desarrollado ni comercializado. Por ello, el Juzgado de lo Penal de Teruel le ha condenado a 4 años y medio de cárcel y a pagar 3,5 millones de euros (el doble de lo recibido) por un delito de fraude en subvenciones y otro de falsedad en documento mercantil.

Victor & Vicente, marca comercial de Corporación Industrial Z-Mobile SLU, comenzó su actividad en octubre de 2010. Monforte y sus socios prometieron entonces desarrollar y comercializar un vehículo eléctrico de pequeñas dimensiones, de cinco puertas y con capacidad para recorrer 100 kilómetros.

Presentada la idea, y acogida con buenos ojos, hacía falta dinero. Por ello, el empresario ahora condenado acudió a numerosas instituciones. Aprovechando el tirón que entonces puso en marcha Teruel para reindustrializar la provincia, obtuvo numerosas subvenciones para, entre otras cosas, compra de terrenos, obra civil, maquinaria o asesoramientos.

De manera desglosada, 70.667 euros vinieron por parte del Instituto Aragonés de Fomento en concepto de subvención y otros 300.000 en concepto de préstamo; el Instituto para la Reestructuración de la Minería del carbón facilitó una subvención de 108.763 euros, y la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa concedió dos préstamos, de 565.227 y 500.000 euros respectivamente; adicionalmente, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón le dio una subvención de 221.038 euros.

Para conseguir dichas cantidades, y tal y como expone la sentencia, Monforte elaboró facturas falsas con gastos irreales emitidas por Consultoría de Sociedades y Patrimonio, una sociedad instrumental creada por él mismo para dar cobertura y apariencia de realidad al entramado. Con ese dinero, la empresa adquirió una nave industrial ubicada en el Parque Tecnológico de Motorland (Alcañiz). Tenía una superficie de 2.000 metros cuadrados, destinados a la fabricación de un coche eléctrico. Pero, tras varias inspecciones ordenadas por distintas instituciones públicas, se constató que allí ni se había invertido en maquinaria ni se llevaba a cabo prácticamente actividad alguna. Además, parte de los gastos se habían destinado a gastos personales.

El propio David Monforte, en declaraciones a EL ESPAÑOL, ha declarado que aquellas inspecciones no se efectuaron de forma correcta y que los inspectores no prestaron atención a donde él estima que se encontraba la inversión: en los ordenadores. "Al tratarse de una investigación, todo el proceso y todos los avances de los ingenieros estaban almacenados en los ordenadores", justifica el empresario condenado.

"En cuanto a la subvención por empleo, se comprobó que la empresa justificó tener dados de alta a 11 trabajadores, si bien en el informe de la Agencia Tributaria se señala que solo tuvo empleados hasta febrero de 2013", señaló la acusación, emprendida por las distintas administraciones perjudicadas.

Por su parte, Monforte achaca todo a que le falló la financiación privada y a que tuvo "mala suerte con tres de los proveedores". Durante el juicio, se declaró inocente y esgrimió que no engañó a nadie, ya que todo el dinero recibido lo invirtió en la compra del terreno y en el proyecto.

Su abogada, Carmen Sánchez, pidió para su cliente la absolución, acusando a la Administración Pública de dar las subvenciones "de forma muy ligera y sin control". "La Administración debió tomar más medidas de precaución, era su obligación, no la de mi cliente", dijo la letrada.

En el juicio también intervino el exconsejero de Industria de la DGA y expresidente de Technopark, Arturo Aliaga. Preguntado sobre la concesión de ayudas y subvenciones, afirmó que el control por parte del Gobierno aragonés es "exhaustivo", poniendo en relevancia que "ha fallado una entre 700 peticiones de ayuda al año".

Aunque en un principio la Fiscalía solicitó para el acusado una pena de 8 años de cárcel, finalmente la titular del Juzgado de lo Penal de Teruel le ha condenado a 4 años y medio de prisión. Deberá pagar multas que superan los 3,5 millones de euros y le ha imposibilitado obtener ayudas y subvenciones durante seis años. Eso sí, la sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel.

David Monforte, tras conocer la sentencia emitida este lunes, sigue considerándose inocente. La página web de la marca Victor & Vicente sigue funcionando, y en ella explican: "Ya hemos realizado las pruebas en pista con las primeras unidades y comenzamos la fabricación de las primeras series".

"Faltan tres moldes para acabar el prototipo y enviarlo a homologación", avanza Monforte a EL ESPAÑOL. "Si hoy se produjera una nueva inspección, podrían ver que en la nave de Zaragoza -donde asegura proseguir con su proyecto- están todos los moldes, chásis, componentes para equipar diez vehículos e incluso un prototipo. De hecho, el inspector puede probarlo y rodar con él".