Agustín Martínez, el abogado que en julio de 2016 asumió la defensa de varios miembros de ‘la Manada’ de Sevilla -hoy ya la ejerce sobre los cinco componentes del grupo-, de nuevo en las últimas horas se ha visto envuelto en la polémica. La Universidad de Cádiz (UCA) vetó al letrado en un curso celebrado este pasado fin de semana bajo el título Hablemos sobre el sexo y la sexualidad: el hombre y la mujer como seres sexuados.
En un principio, Martínez estaba en el cartel de ponentes, aunque su nombre nunca apareció en el listado definitivo de participantes. El abogado, quien desde hace tres años se ha convertido en un rostro y una voz muy reconocibles por su continua presencia mediática, ahora tiene entre su cartera de clientes a Francisco Javier García, ‘El Cuco’, y a su madre, ambos acusados de un delito de falso testimonio en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, o a un monitor malagueño de fútbol amateur al que se le acusa de haber abusado sexualmente de 25 menores de edad. Desde su irrupción en los medios, principalmente en las televisiones, no han parado de llegar a su despacho nuevos casos de acusados de cometer delitos sexuales.
Ahora, tras no conseguir la absolución de los cinco miembros de ‘la Manada’, la controversia gira otra vez en torno a su figura. Este pasado fin de semana el abogado hispalense iba a pronunciar una conferencia sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 15 años de prisión a los cinco jóvenes sevillanos por la agresión sexual a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016.
La UCA, pese a que negó el veto, le había reservado una habitación en el hotel Playa Victoria de la capital gaditana, según desveló Diario de Cádiz. Finalmente, Martínez no participó en ninguna de las tres jornadas del curso.
Esa sobreexposición mediática conlleva para él una carga negativa: la mirada crítica, en ocasiones exacerbada, de una parte de la sociedad a su labor como letrado. La última consecuencia fue su veto en dicho foro universitario. En un correo electrónico remitido entre los organizadores del citado curso, uno de los interlocutores explicaba que el nuevo vicerrector de Extensión Universitaria de la UCA le había comentado que “el nuevo rector", Francisco Piniella, quien tomó posesión el jueves 11 de julio, prohibía taxativamente que Agustín Martínez “participe en el curso". “Su palabra es ley", decía.
Detrás del veto a Agustín Martínez estaría el propio Gobierno en funciones. En dicho correo electrónico se explicaba que ese mismo fin de semana estaba prevista la asistencia del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, a otro curso de la UCA.
Es “bastante presumible que se líe", se lee en el mail. “Ya ha habido manifestaciones verbales en torno a la intervención del letrado de marras". El ministerio, que habría “desaconsejado tal intervención" por su incapacidad para prevenir altercados, también negó que estuviera detrás del veto al abogado sevillano.
Apoyo de los decanos
Pero el letrado pronto se sintió arropado por sus compañeros de profesión. Los decanos de los colegios de abogados de Cádiz y Sevilla, Pascual Valiente y Óscar Cisneros, enviaron una nota a los medios en la que mostraban un “enérgico rechazo" al veto de la UCA sobre Agustín Martínez. “El hecho es sumamente grave", señalaron.
El abogado Agustín Martínez atendiendo a los periodistas en Pamplona.
La libertad de expresión “no puede ser restringida por motivos políticos, ideológicos o de otra naturaleza, menos todavía en los foros como la Universidad Pública, que deben ser garantes del ejercicio de este derecho".
Lo cierto es que el nombre de Agustín Martínez está rodeado por la polémica desde julio de 2016. En la calle y en las redes sociales, determinados colectivos feministas y personas de forma individual han señalado al abogado por asumir la defensa de cinco violadores. Martínez ha recibido insultos y amenazas.
El reproche social se ha visto envuelto por una feroz censura a su trabajo. Aunque el debate moral y sobre cómo ejerce su oficio podría existir, no se debería cuestionar quiénes son sus clientes ya que el derecho a la defensa de los imputados está recogido en el ordenamiento jurídico español y de toda democracia.
"Abogado de provincias"
Agustín Martínez era un simple “abogado de provincias”, como él ha reconocido alguna que otra vez en distintas intervenciones públicas, hasta que asumió la defensa de los miembros de ‘la Manada’ de Sevilla. Ese caso le hizo ganar notoriedad y que el trabajo se le acumulara. ‘El Cuco’, que fue condenado por encubrimiento en la muerte y desaparición de Marta del Castillo, y su madre, contrataron hace unos meses al citado abogado. Ambos están acusados de mentir durante el juicio.
En febrero de este año, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva una serie de audios grabados por un confidente durante los años posteriores al asesinato de Marta del Castillo. En ellos, ‘El Cuco’ y su madre, Rosalía García, daban a entender que en sede judicial y ante la Policía contaron unos hechos contrarios a lo que sucedió en la casa donde mataron a la menor sevillana y también durante las horas posteriores. El caso de esas conversaciones se encuentra ahora en fase de instrucción. Cuando el juez llame a declarar a Francisco Javier García, el abogado que le acompañara hasta el juzgado será Agustín Martínez.
Otro de los recientes acusados que han recurrido a este abogado es un entrenador malagueño de fútbol base. La Fiscalía de Menores solicita para él 100 años de prisión por abusar sexualmente de 25 menores de entre 11 y 17 años. El presunto abusador se declaró inocente durante el juicio, que se inició en enero de este año y se suspendió hasta junio por la baja del juez. El caso se encuentra a la espera de sentencia.
Tras la polémica del veto, Agustín Martínez ha vuelto a leer su nombre en los periódicos y a escucharlo en los informativos de radio y televisión. En otoño de este año se espera conocer la fecha de otro juicio en el que volverá a defender a cuatro de los cinco condenados por la violación de Pamplona.
Se trata del ‘caso Pozoblanco’, donde todos los miembros de ‘la Manada’ sevillana a excepción de Ángel Boza se sentarán en el banquillo de los acusados por, presuntamente, abusar sexualmente de una joven cordobesa de 21 años en el interior de un coche. La Fiscalía de Córdoba solicita para ellos siete años de prisión. Agustín Martínez, el letrado que sigue creyendo en la inocencia de los violadores de Sanfermín, tratará de salvarnos de pasar más años a la sombra.