El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de dicha ciudad gaditana solicitando “el sobreseimiento provisional de las actuaciones” en relación con la muerte de cuatro presuntos narcotraficantes a finales de 2016 tras sufrir un accidente con una patrullera de Vigilancia Aduanera que perseguía la embarcación en la que iban a bordo.
A juicio de la Fiscalía, “tras tres años de instrucción (...) no hay ningún indicio de responsabilidad criminal” por parte de los agentes. Cisneros entiende que se trató de un mero accidente.
La tarde del 3 de noviembre de 2016, cuatro hombres -tres españoles y un marroquí- que presuntamente trabajaban para una organización de tráfico de hachís en el Estrecho murieron en alta mar por una colisión entre su lancha, que en esos momentos se encontraba sin carga de mercancía, y la patrullera de Vigilancia Aduanera que intentaba detenerlos.
La barcaza que los perseguía acabó pasando, casi de frente, por encima de ellos. Tres de los fallecidos eran gaditanos (dos residían en Algeciras y otro en Sanlúcar de Barrameda). El cuarto era de origen marroquí. Los españoles se llamaban Esteban Romero, de 25 años, Juan Carlos Martínez (42) y Daniel Sánchez (46).
El choque mortal sucedió poco antes de las cinco de la tarde de aquella fecha, a plena luz del día. Los cuatro fallecidos llevaban dos días trabajando sin descanso. Cuatro horas antes, otra lancha de menor potencia y eslora se acercó hasta ellos. Sus ocupantes les suministraron café, bocadillos y batidos de fruta, de acuerdo con los testimonios que recabaron sus familias con el paso de los meses y pusieron en conocimiento de EL ESPAÑOL en mayo de 2018.
Uno de los muertos, el sanluqueño Esteban Romero, pilotaba la lancha. Los familiares de las cuatro víctimas siempre han mantenido que no se trató de un accidente, sino que hubo intencionalidad por parte de los agentes de Vigilancia Aduanera que los perseguían.
Sin embargo, en un escrito fechado el pasado jueves 18 de julio y al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico, el fiscal señala que “como bien se dice en el último informe aportado a la causa, no podemos contar con más versión de los hechos que la aportada por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, pero la versión de todos ellos es creíble, coherente, persistente en el tiempo y acorde con las circunstancias posteriormente acreditadas con las pruebas objetivas de carácter pericial”.
La patrullera de Vigilancia Aduanera que se vio implicada en el siniestro.
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Águila IV
Según el relato hecho tras el accidente por los cinco agentes de Aduanas que iban a bordo de la patrullera Águila IV, de casi 18 metros de eslora y con una capacidad de arrastre de 20 toneladas, ellos emprendieron una persecución sobre una embarcación semirrígida con tres motores de 300 caballos y 12 metros de eslora después de que les diera el aviso el helicóptero de Vigilancia Aduanera, que había divisado una lancha vacía y otra cargada de hachís en alta mar. Era sobre las 16.30 horas del 3 de noviembre de 2016. La patrullera persiguió a la goma que no transportaba mercancía.
Cuando ambas embarcaciones navegaban en paralelo, siempre siguiendo la versión de los agentes adscritos al Ministerio de Hacienda, la goma se cruzó por delante de la patrullera para huir hacia aguas marroquíes. Fue entonces cuando se habría producido la colisión entre ambas.
La barcaza de Aduanas y la semirrígida de los narcos, que fallecieron en el acto, impactaron prácticamente de frente. No hay grabación del siniestro porque las cámaras de vídeo de la barcaza estaban apagadas al ser de día. Las familias de los fallecidos no creyeron dicha versión y denunciaron. El caso recaló en el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, que ahora, tras la petición fiscal, tiene el camino despejado para el archivo definitivo.
En primer plano, la lancha en la que iban a bordo los cuatro fallecidos.
La Fiscalía de Algeciras no otorga credibilidad a un informe pericial presentado por los abogados de las familias de las víctimas. “Como única pericia se ha efectuado una inspección ocular de las embarcaciones, de la cual se pretenden deducir, de hecho se deducen, una serie de conclusiones, sin especificar en ningún momento el camino lógico o los razonamientos por los que se llega a esas conclusiones. Se asumen las tesis de las familias de los fallecidos alegando que los agentes son responsables del abordaje sin que podamos saber en ningún momento cómo se llega a dicha conclusión. Incluso el informe contiene manipulaciones evidentes. Se dice que los propios agentes reconocen que la embarcación [de las víctimas] estaba parada debido a una avería cuando los agentes manifiestan que ésta hizo una maniobra evasiva muy peligrosa conocida en el argot como ‘cortar la proa’ para evitar la detención y poder huir hacia Marruecos”.
El fiscal Cisneros desgrana las conclusiones de ese último informe pericial y agradece al juez que no haya cerrado antes la instrucción “por la magnitud de la tragedia, medida loable en términos humanitarios”. Sin embargo, sostiene que “debe ponerse punto y final a una historia triste” y lanza un recordatorio a quienes se dedican a traficar con drogas.
“Cuando cuatro personas ejercen una actividad presuntamente delictiva utilizando una embarcación para la que carecen de titulación y asumiendo los riesgos que conlleva escapar en alta mar de una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera, poniendo además en peligro la vida de los propios agentes, la posibilidad de que ocurra lo que desgraciadamente terminó ocurriendo es alta. Así pasó y el legítimo dolor de sus familiares, perfectamente comprensible, no es razón legal para mantener artificialmente viva una causa sin que exista ningún indicio de criminalidad que lo justifique".