El último revés de Paloma, la mayor arruinada por el impuesto de sucesiones: ni beca comedor para su hijo

La pesadilla de Paloma Alonso (1981, Palencia), la mayor endeudada en España por el impuesto de sucesiones, parece que nunca llega a su fin. Diez meses después de que contase su drama con Hacienda, tras la muerte repentina de su padre hace quince años. Su situación no ha hecho sino empeorar. 

Las cartas negras de la Agencia Tributaria han seguido llegando sin cesar al buzón de esta palentina: multas, intereses y actualizaciones de sus deudas. Si en enero debía 1.290.000 euros a la Junta de Castilla y León por la herencia de su padre (nunca pudo pagar los 600.000 euros que le pidió el fisco por el tributo), ahora ya roza los dos millones de euros. Pero a estas alturas, eso no es lo que más le duele a Paloma, sino que las consecuencias lleguen ya hasta su hijo.

Hace unos días solicitó una beca de comedor para el pequeño de tres años. "Me la van a dar seguro", pensó. Con su cuenta a cero y en situación de desempleo, razones no le faltaban, desde luego. Pero se equivocó. Poco después, revisando la mochila de su hijo vio un folio doblado que le había metido la profesora. Era la denegación de la ayuda. La Junta le denegaba el subsidio a Paloma porque tenía una deuda de 1.900.000 euros con Hacienda. El Gobierno considera que hasta que esta palentina no liquide todo lo que debe, su hijo no puede optar a la beca. 

"Ya no es solo lo económico, me están exprimiendo por todas partes. Lo que más me duele es que toquen a los niños. No hemos hecho nada, no somos criminales, pero casi prefiero que me lleven a la cárcel un año o dos, y que después me dejen vivir", denuncia Paloma, en conversación con EL ESPAÑOL. 

"Ya no creo en nadie"

En el escrito, la Junta le ha dado diez días para que liquide su deuda y pueda pedir de nuevo la beca de comedor. "Pero, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿De dónde saco 1,9 millones de euros?", ironiza esta palentina. 

Este nuevo revés para ella y su familia se suma "a meses de mentiras, de falsas promesas políticas con la eliminación del impuesto de sucesiones" en su región. La Junta ha propuesto la bonificación del 99& en el impuesto de sucesiones para los parientes de primer grado, pero no con efecto retroactivo, es decir,  solo sería aplicable para los que heredasen a partir de la aprobación de la ley. "Estoy harta, prometen muchas cosas, pero nadie se ha puesto nunca en contacto con nosotros. No quiero recibir ni una papeleta electoral más, ya no creo a nadie", critica esta madre.

Aunque el futuro se presenta bastante negro para esta palentina, no desespera. Tiene el apoyo de su marido, de su hijo y de la Asociación Stop Sucesiones, que desde hace un año le ayuda y está organizando movilizaciones por todo el país para que casos como los de esta familia no se vuelvan a repetir. 

La situación que vive Paloma comenzó cuando tenía 23 años. Su padre fallecía de manera repentina el 5 de diciembre de 2004 a causa de una negligencia médica. Ese pesar no sería el único con el que tendría lidiar. Poco después, llegó una carta certificada de Hacienda en la que le reclamaban 600.000 euros por el impuesto de sucesiones. Nunca pudo afrontar esa cantidad, así que la deuda no hizo sino aumentar con el paso de los años, sumadas las multas y los intereses, hasta alcanzar los dos millones que debe actualmente. "Ni con tres vidas podría pagar lo que me piden, me han destrozado la vida", relata la afectada. 

Cuando pasó todo no tenía otra cosa que los bienes privativos de su padre, todos embargados desde hace 15 años. Hacienda siempre ha estado detrás de ella. Cada euro que ganaba era confiscado para pagar la deuda. Ahora ni siquiera tiene trabajo, pues según denuncia, las empresas "no quieren a embargados". 

La herencia

Paloma y su madre dejaron todo en manos de asesores cuando murió su padre."Yo ni cortaba ni pinchaba acerca del tema, era una estudiante", explica la afectada. Seis meses después, en 2005, liquidó la herencia pagando 50.000 euros. En un primer momento, Hacienda valoró el legado en 2.000.000 de euros. Esta suma la conformaba un piso en Palencia, algunas tierras y sobre todo un solar que su padre tenía con otros tres hermanos (valorado por la Junta en 8.000.000 de euros) y en el que acababan de firmar un proyecto para construir viviendas, que no tardaría en irse al traste con la llegada de la crisis económica en España.

Ella heredó esa cuarta parte (dos millones de euros) y al tratarse de un negocio familiar, Hacienda aplicó la bonificación correspondiente -rebaja- del 95% sobre esa fracción que había recibido, es decir, solo tenía que pagar el impuesto sobre un 5% de esa propiedad (6.0000 euros) y sobre el resto de lo heredado. En ese año, el impuesto de sucesiones en Castilla y León estaba fijado en un 32%, en otras palabras, un tercio de la herencia iba para Hacienda.

Pero dos años después, en 2007, la Junta cambió de opinión. Paloma recibió una notificación en la que le reclamaban 600.000 euros por el impuesto de sucesiones. "Ya he pagado el impuesto", pensó Paloma. Lo que no sabía era que ahora debía pagarlo al completo, sin rebajas. La cantidad se había multiplicado por doce. El Fisco argumentó que no cumplía con los tres requisitos para reducir el pago del impuesto en una "comunidad de bienes" heredada: que fuera su actividad económica principal, su mayor ingreso y de manera directa. ¿Por qué había cambiado de opinión Hacienda después de tres años?

Fue entonces cuando Paloma Alonso inició una batalla legal para conseguir de nuevo esa bonificación, que creía era su derecho. Su pleito llegó incluso hasta el Tribunal Supremo, pero no consiguió nada. "Cuando vas contra la Administración, es difícil ganar", dice, con resignación, la palentina. De haber sabido que la Junta le iba a pedir esa cantidad años después de la muerte de su padre, jamás habría aceptado la herencia, pero la sorpresa llegó más tarde.

Al no poder pagar los 600.000 euros, siendo una estudiante, la primera multa que tuvo fue de 300.000 euros. Su familia pudo ayudarle al principio y pagó una parte de la deuda: 400.000 euros. Pero le sirvió de poco al erario público. La suma siguió y siguió creciendo con las multas y los intereses.

"No les sirve de nada que haya pagado una parte de la deuda, esto no va a parar nunca. Dentro de unos años, deberé 10 millones de euros, no tiene sentido", denuncia esta afectada. No tiene nada, ni lo pide. Lo único que quiere es una segunda oportunidad,  la posibilidad de construir de una nueva vida. Sin cartas certificadas que llegan cada día, sin embargos y "sin sentirse una delincuente".