Las cloacas de la Guardia Civil de Málaga: un reguero de 6 muertos, coca y el palacio de un agente

Rosa Garrido, antigua empleada de El Corte Inglés, ahora enferma de cáncer, dice que mientras tenga fuerzas no descansará hasta saber quién mató a su hermana Lucía. El 30 de abril de 2008, el cuerpo de Lucía Garrido, de 48 años, divorciada y con una hija, apareció flotando en la piscina de la finca de 10.300 metros cuadrados en la que vivía, en Alhaurín de la Torre (Málaga). El cadáver presentaba golpes en la cabeza, había sido degollada, apuñalada en el cuello y asfixiada dentro del agua. Hoy, 11 años después, su hermana, su hija y el resto de su familia no conocen quién la mató. Tienen la certeza de saber quién lo hizo y quién lo encargó, pero no lo recoge ninguna sentencia. La Justicia ha sido incapaz de meter en prisión al asesino [o asesinos] de una mujer que “sabía demasiado”.

Rosa se enteró de la muerte de su hermana la misma tarde del 30 de abril de 2008. Lo que nunca imaginó por aquel entonces es que el asesinato de Lucía levantaría una densa costra de corrupción policial que llega hasta nuestros días. Porque el reguero de sangre no acabó en el óbito de su hermana. Hasta la fecha, ya van seis muertes relacionadas con el caso. Y ni un solo condenado.

Un año después de la muerte de Lucía, su exmarido, Manuel Alonso, mató a dos hombres colombianos que irrumpieron en la finca Los Naranjos, donde vivían su ex y su hija tras el divorcio, donde él mantenía un negocio de animales exóticos y adonde el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil llevaba los ejemplares incautados.

Aquello sucedió a noche cerrada. A Manuel Alonso le dispararon ocho veces. Ningún tiro alcanzó su cuerpo. Él, en cambio, pegó dos disparos que le sirvieron para matar a los dos asaltantes. Luego, como tenía licencia de armas, alegó legítima defensa. Una jueza archivó el caso. En la pistola que apareció junto a uno de los dos cadáveres no se encontró ADN de la víctima. En cambio, sí de una tercera persona de la que nunca se conoció la identidad. Hasta ese momento iban tres muertos. El tiempo traería tres más.

Años después, en 2014, Asuntos Internos de la Guardia Civil investigó los hechos tras recibir un anónimo con información confidencial sobre la noche que murieron los dos colombianos. En sus informes posteriores, los investigadores concluyeron que ambos casos, el de Lucía y el de los colombianos, estaban unidos.

Señalaron que el exmarido de Lucía Garrido usaba la finca como guardería (almacén) de hachís y cocaína, que estaba conchabado con una ristra de guardias civiles corruptos y que su antigua mujer le “estorbaba” en sus turbios negocios porque seguía viviendo allí y estaba documentando lo que veía.

Uno de esos agentes corruptos, Valentín Fernández, participó en la investigación tanto del caso de la muerte de Lucía Garrido como de los dos colombianos. Ambos terminaron archivados. Valentín Fernández era teniente y jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga. En 2016, fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico. En esa misma causa a Manuel Alonso se le impuso una pena de tres años y medio de cárcel. Ambos tienen recurrida la sentencia.

Los chicos de Asuntos Internos también supieron, gracias a varios testigos protegidos, que la misma persona que mató a los dos colombianos [Manuel Alonso, según él mismo reconoció] estaba involucrada en la muerte de Lucía Garrido. Durante la investigación, los agentes de Asuntos Internos sufrieron contravigilancia por parte de una docena de compañeros del cuerpo.

Finalmente, 11 años después, se llegó a juicio por la muerte de Lucía. Se celebró el pasado septiembre en la Audiencia Provincial de Málaga. En el banquillo de los acusados se sentaron Manuel Alonso como autor intelectual del asesinato de su antigua pareja sentimental, dos ex guardias civiles -uno de ellos se había construido un castillo con dinero de dudosa procedencia-, y un cuarto hombre acusado de ser el autor material del asesinato de la mujer.

Pero un jurado popular declaró inocentes a los cuatro. Durante la instrucción alguien se había encargado de matar a tiros a dos de los testigos protegidos cuyo testimonio podría haber arrojado luz al caso. Uno de ellos murió a balazos en Mijas (Málaga). El otro, en Colombia. Hay un tercero en paradero desconocido. Además, uno de los 12 guardias civiles que husmeó en los archivos del cuerpo para saber quiénes eran los agentes de Asuntos Internos se suicidó un par de meses antes del juicio.

En total, ‘el caso de la Finca de los Naranjos' ha dejado seis muertos: la propia Lucía Garrido, los dos colombianos abatidos por Manuel Alonso, los dos testigos protegidos acribillados a tiros y el guardia civil que se quitó la vida. Parece el guión de una película, pero no lo es. Se trata de una realidad que se esconde bajo la imagen de una provincia paradisíaca. El asesinato de Lucía Garrido ha levantado las cloacas de la Guardia Civil en Málaga. Y el hedor que desprenden es nauseabundo. EL ESPAÑOL ha hecho una reconstrucción de un caso que sigue planteando más interrogantes que ofreciendo respuestas. 

[ESTE ES EL 'QUIÉN ES QUIÉN' DE LA HISTORIA]

Lucía Garrido. Su cuerpo apareció flotando en abril de 2008 en la piscina de la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre (Málaga). Presentaba evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta a manos de una o varias personas.

Manuel Alonso. Exmarido de Lucía y padre de una hija que ambos tenían en común. Tenía una empresa de animales exóticos en la finca. Está condenado por narcotráfico. 

Derian José Morales Feria y Edward Andrés Gómez. Murieron a tiros en la finca Los Naranjos un año después de la muerte de Lucía Garrido. De origen colombiano, pertenecían a una banda criminal. Manuel Alonso les quitó la vida.

Amador Pérez Luque y José Antonio Bandera. Ex guardias civiles conchabados con el narco. El pasado septiembre fueron a juicio junto a Manuel Alonso y al presunto autor material del asesinato de Lucía Garrido.

Ángel Vaello García, alias El Rana. Un informe pericial de Asuntos Internos halló su ADN en una llave encontrada en la escena del crimen de Lucía Garrido. Fue acusado de asesinato.

Valentín Fernández. Teniente de la Guardia Civil y jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Málaga cuando mueren Lucía Garrido y los dos colombianos. Dirigió ambas investigaciones. En 2016, se le condenó a 10 años de prisión por narcotráfico.

Alexander Jiménez Bonilla, Ruki. También colombiano. Un testigo protegido lo señaló y dijo que él podía ofrecer información sobre la muerte de Lucía Garrido. Fue acribillado a tiros en Mijas en 2017. Una moto se detuvo junto a su coche y lanzó una ráfaga de disparos contra él.

La muerte de Lucía Garrido

Horas antes de morir, Lucía Garrido estuvo de compras. A las 10.27 horas de la mañana del 30 de abril de 2008 estaba en la perfumería Hinojosa de Málaga, en la calle Héroes de Sostoa. A las 12.29 cogió un autobús que la dejó en la barriada Zapata de Alhaurín de la Torre, donde tenía aparcado su Renault Clio. Al llegar, se montó en el vehículo y condujo unos minutos hasta la finca en la que ella y su hija vivían.

Al llegar a Los Naranjos, Lucía metió el coche en la finca y lo aparcó en un camino de grava. Echó el cerrojo al portón de entrada y sacó del vehículo las bolsas de la compra. Era sobre las 14.20 horas. Sara, de 12 años, todavía seguía en el colegio. Pero, con el bolso aún colgado del hombro y de camino a la puerta de la casa de 730 metros que había en la finca, alguien oculto que la esperaba le golpeó varias veces en la cabeza con un grueso ladrillo de barro. También la degolló.

Luego, el agresor arrastró su cuerpo hasta el borde de la piscina. Allí, según la autopsia, probablemente le propinó una puñalada que le seccionó la yugular. Mientras la mujer forcejeaba gracias a un último hilo de vida, el agresor la asfixió introduciéndole la cabeza en el agua. Horas más tarde, el cuerpo de Lucía Garrido apareció flotando en la piscina.

Unas semanas antes, la mujer había contado a su entorno más próximo que estaba documentando todo lo que veía en Los Naranjos “como seguro de vida”. Unos días antes de morir le dijo a su hija: “Prepárate para lo peor”. Su ex, Manuel Alonso, había retirado los dos mastines que tenía en la finca para protegerlas.

Tras matarla, el agresor cogió el bolso de Lucía y lo llevó a la puerta de entrada de la vivienda. Rebuscó hasta encontrar el móvil. Se lo llevó. Nunca más volvió a aparecer el terminal. Lo que los investigadores sí encontraron durante la inspección ocular fue una llave. Apareció tras una tinaja. No era de Lucía. Estaba reluciente, como si la copia fuera reciente. Servía para abrir el portón de entrada de los coches. Si la llevaba la persona que la mató, pudo entrar al inmueble sin necesidad de saltar la pared de la fachada.

La ruptura de Lucía Garrido con su ex, en 2006, había sido traumática. Lucía había denunciado cuatro veces a su marido por violencia de género, e incluso había declarado en sede judicial que él la amenazó de muerte. Todas las denuncias fueron archivadas. El juez concedió el uso de la casa de Los Naranjos a la madre y a su hija. A su vez, Manuel podría seguir haciendo uso de la parte de la finca en la que estaban los animales exóticos.

¿Una coartada premeditada?

El día que muere Lucía Garrido, Manuel Alonso viaja a Cádiz con la que es su nueva pareja. A las 12.09 horas detiene su coche en la gasolinera del área de servicio Río Castor de Estepona. Allí reposta 60 euros. Paga con dos billetes de 50 y le devuelven 40.

Desde allí va al zoológico de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera, donde charla de varios temas con su dueño. Está allí durante un par de horas. Luego se dirige hasta el restaurante La Barca del Estrecho, en La Línea de la Concepción, donde realiza una consumición en barra de 11 euros. Curiosamente, pide una factura con el gasto. Sobre esa hora alguien ya ha entrado en su finca y ha asesinado a Lucía.

Desde La Línea, Manuel Alonso y su pareja se dirigen después a las playas de Sotogrande. Y de ahí, a San Pablo de Buceite. Luego se encaminan a Ronda. Pero por el camino, pese a haber recorrido sólo 119 kilómetros, reposta de nuevo en una gasolinera de Guadiaro, muy cerca de Sotogrande. Echa 30 euros de gasoil.

Una cámara de seguridad del negocio recoge su imagen en la cola para pagar. Viste una camiseta de color claro y lleva unas gafas de sol en el cuello de la prenda. Una vez en Ronda, ya entrada la tarde, recibe una llamada. Le cuentan que Lucía ha aparecido muerta en la piscina de la finca Los Naranjos.

Desde Ronda, el recorrido más corto para llegar a Alhaurín de la Torre pasa por Campillo y cruza por el interior de la provincia de Málaga. Son 94,5 kilómetros de distancia. Pero Manuel Alonso elige otro recorrido. Baja hacia la costa en dirección a San Pedro de Alcántara, toma la autopista AP7 y recoge el ticket de un peaje en el que abona 1,40 euros. De esa forma recorre 114 kilómetros, aunque el trayecto le permite recabar otra factura.

Manuel Alonso explica ante la Guardia Civil que no tiene nada que ver con los hechos. Ha estado fuera de la provincia de Málaga la mayor parte del día. Y tiene las facturas que así lo acreditan. Además, si se quieren hacer más comprobaciones, dice que revisen las cámaras de seguridad de las dos gasolineras en las que ha repostado. Tiene coartada. Y parece sólida.

Durante la instrucción del caso, el abogado de la familia de Lucía Garrido le preguntó a Manuel Alonso por qué repostó dos veces -un total de 90 euros- si realizó un trayecto para el que le hubiera sobrado con los primeros 60 euros de gasoil.

Alonso dijo que ese día también fue a una tienda de animales en Sanlúcar de Barrameda, por lo que habría hecho 274 kilómetros desde Castellar contando la ida y la vuelta. Pero Manuel Alonso mentía. Aunque eso no se supo hasta transcurridos cinco años, cuando Asuntos Internos se metió de lleno en el caso. Hasta ese momento nadie se había volcado en saber si eso era verdad.

Los dos colombianos no iban solos

Derian José Morales Feria y Edward Andrés Gómez, dos colombianos afincados en Madrid, irrumpen sobre las 22 horas del 25 de abril de 2009 en la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre. Justo 360 días después de que Lucía Garrido aparezca muerta allí. Van armados y encapuchados.

En ese momento está en la propiedad Manuel Alonso, que se encuentra cenando o acaba de terminar de hacerlo. Tiene repartidas por varias habitaciones de la casa armas largas y munición, como si estuviera en alerta. Dispone de una escopeta en el salón, otra en el dormitorio de la habitación superior y una tercera más que lleva consigo. Se da la circunstancia -o la curiosidad- de que dos días antes alguien ha intentado un primer asalto que resulta frustrado. Pero él decide no denunciarlo, algo extraño.

Un año después de la muerte de su ex, Manuel Alonso ya hace uso de todo el inmueble, no sólo de la zona de los animales. En ese momento tiene enjaulados dos pumas, un león y un tigre. Manuel Alonso solía decirle a sus vecinos, más en serio que en broma: “Si alguien entra en mi finca, le pego un tiro y lo echo a los leones”. Aquel día cumplió la mitad de su promesa.

Sólo necesitó disparar dos veces para matar a los dos asaltantes. Ellos, en cambio, lanzaron ocho tiros y ninguno impactó en su cuerpo. El fuego cruzado se produjo en el jardín delantero de la finca, donde hay un camino de grava y unos bancos de cemento. Manuel Alonso explicó que los dos colombianos consiguieron caminar en dirección a la fachada del inmueble, pero que cayeron desplomados al suelo durante su huida. Si caminaron, no se entiende que no se encontraran restos de sangre en la puntera de los zapatos ni en los perniles de los pantalones, algo lógico si uno camina mientras expulsa abundante sangre de su torso.

Manuel Alonso explicó que se parapetó en uno de esos bancos y que desde esa posición, como de abajo hacia arriba, disparó. La autopsia de los cadáveres señaló que uno presentaba un disparo con trayectoria descendente. Alonso contó también que aquella noche cenaba solo, pero en la mesa del comedor había un bote de refresco, dos botellines de cerveza, una botella de agua, dos platos, tres cajetillas de tabaco, cerillas y encendedores.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), un colectivo similar a un sindicato y que ha luchado por esclarecer la verdad de ambos casos, presentó un escrito en base al informe forense señalando que el cadáver de Derian José Morales presentaba erosiones en cara, rodillas y en el dorso de las manos, así como piedras de la zona del jardín en la boca, lo que demostraría que el cadáver fue arrastrado.

La instrucción del caso, como en el de Lucía Garrido, la dirigió el teniente de la Guardia Civil Valentín Fernández, amigo de Manuel Alonso. Fue archivado por la jueza al no encontrar indicios de criminalidad. Alonso actuó así en legítima defensa. Un año después fue detenido por tráfico de drogas. En el verano de 2016 el teniente, Manuel Alonso y otras personas más fueron condenadas a prisión. Al teniente Valentín Fernández le impusieron 10 años de cárcel. A Alonso, tres y medio. Ahora esperan respuesta a los recursos que presentaron.

Pero, ¿qué buscaban aquellos asaltantes colombianos? Más tarde se supo que no iban solos. Y que buscaban un alijo de cocaína. 

La llegada de Asuntos Internos

El caso de los dos colombianos se archivó por primera vez el 18 de diciembre de 2009, ocho meses después de los hechos. Se reabrió el 19 de octubre de 2017 por las aportaciones hechas por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil y por la presión de la AUGC. Pero de nuevo se volvió a archivar el 13 de septiembre de 2019 por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.

Sin embargo, Asuntos Internos, cuya participación fue clave para celebrar el reciente juicio por la muerte de Lucía Garrido, llevaba años investigando a instancias del Juzgado número 1 de Violencia de Género de Málaga. En concreto, desde octubre de 2014.

Los investigadores alumbraron las partes más sombrías de ambos casos. Por ejemplo, que Manuel Alonso nunca estuvo en Sanlúcar de Barrameda el 30 de abril de 2008, cuando muere su exmujer. Los agentes se personaron en la tienda de animales donde dijo haber estado Alonso aquel día. El dueño dijo que llevaba años sin verlo por allí. Durante el juicio oral daría una tercera versión: contó que iba a ir, pero que finalmente no lo hizo.

El 3 de febrero de 2016, el SAI envió un escrito al juzgado. En él se señalaba que la finca Los Naranjos se usaba como almacén de drogas. Explicaron que habían llegado a la conclusión de que, en base a los indicios y testimonios recabados a partir de siete testigos protegidos, los dos colombianos muertos acudieron a aquel inmueble junto a otras tres o cuatro personas más a robar droga, entre 300 y 600 kilos de cocaína, según uno de los testigos. Según otro, 500 kilos de coca y 1.000 de hachís.

“Como parte responsable de la planificación del supuesto robo se señaló a guardias civiles corruptos de Málaga vinculados al tráfico de drogas”. Esto, añadía dicho informe del SAI, “sostenía el móvil del crimen de Lucía”, quien se había convertido en “un elemento incómodo” para Amador y sus compinches.

Uno de esos testigos protegidos explicó que “la persona que protegía la droga en la finca y que también mató a los dos colombianos está directamente relacionado con la muerte de la mujer que apareció en la piscina de esa finca (...)”. Dijo que no podía aportar más datos, pero señaló quien sí podía hacerlo: un tal Ruki, que resultó ser Alexander Jiménez Bonilla, otro colombiano.

Pero Ruki fue asesinado el 17 de septiembre de 2017, sobre las 19.15 horas, cuando estaba dentro de su coche en una calle de Mijas. Una moto se paró a su lado y un sicario lo acribilló a tiros. No piensen que es una escena sacada de la serie Narcos. Pasó en la vida real. En el sur de España. Ruki se llevó su verdad a la tumba.

Asuntos Internos descubrió también que la llave encontrada junto a una tinaja el día que muere Lucía Garrido contenía restos biológicos de una persona. El 28 de enero de 2015, el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil presentó un informe que señalaba que había encontrado ADN de Ángel Vaello García, alias El Rana. Se encontraron vestigios genéticos de una segunda persona, pero nunca se supo de quién. “Denota que actuó por encargo”, dijo el SAI.

Los investigadores supieron también que la banda de Ruki, padrino de la hija de El Rana, encargó el asalto a la casa de Manuel Alonso el día que murieron los dos colombianos. Los testigos protegidos contaron al SAI que Ruki “era intermediario de guardias civiles corruptos”. En mayo de 2009 se había detenido a los guardias civiles Amador Pérez Luque, un tipo con suerte al que le tocaba de forma recurrente la Lotería y quien tenía un castillo como casa, y a José Antonio Bandera. Se les acusó por los delitos de detención ilegal y robo con intimidación.

Uno de los testigos protegidos contó al SAI que Amador Pérez Luque, al que ya había señalado la DEA estadounidense y que estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial Antidroga de Málaga por tráfico de drogas y blanqueo, encabezaba un grupo criminal dedicado al narcotráfico de cocaína y hachís. La banda se hacía llamar Los Niños de Fuengirola.

El testigo explicó también que a ese clan pertenece El Rana, el hombre del que encuentran ADN en la llave que aparece en la escena del crimen de Lucía Garrido. ¿Pudo el exguardia civil Amador Luque, en connivencia con Manuel Alonso, pedirle a El Rana que matara a Lucía Garrido? Es la principal hipótesis que se manejó durante la investigación. A ambos les sobraba la presencia de Lucía y de su hija en la finca Los Naranjos.

Asuntos Internos sostiene que el día del asesinato de Lucía Garrido, Amador Pérez Luque y José Antonio Bandera estaban trabajando juntos de 14 a 22 horas, y que la finca estaba en sus competencias territoriales ya que estaban destinados en el cuartel de Coín.

Por otro lado, el día que murieron los dos colombianos, ambos trabajaron juntos también de 14 a 22 horas, aunque ampliaron esa misma mañana su turno de 22 a 6 de la mañana, por lo que estuvieron trabajando 16 horas de forma ininterrumpida. Se modificó el planillo de turnos “sin motivo oficial alguno”, señaló el SAI.

El 27 de enero de 2016, Ángel Vaello García, alias El Rana, pasó a disposición judicial tras su detención. Negó su participación en los hechos y acusó al ya exguardia civil Amador Pérez Luque como autor intelectual del crimen de Lucía Garrido. Los investigadores entienden que en aquel tiempo Amador Pérez Luque ya estaba usando la finca de Manuel Alonso como guardería de droga.  Ante “la posibilidad de que hubiera fuga de información a través de Lucía -sostuvo el SAI- se acordó su ejecución”.

Entre las muchas escuchas que se intervinieron por parte de la Guardia Civil y que analizaron los agentes de Asuntos Internos, hay una que resulta especialmente llamativa. La protagoniza el cabo primero de la Guardia Civil Vidal Torres Aguilar. Habla con una persona a las 10.33 horas del 3 de febrero de 2015. Luego, por otro caso distinto, fue imputado por cohecho.

El agente dice: “Están viendo el tejemaneje que tenían parte de los miembros, porque como al nuevo [teniente Valentín Fernández] lo han detenido por tráfico de drogas y a oficiales de la Guardia Civil y a componentes del cuerpo también por lo mismo, han visto la relación que posiblemente (...) la sospecha de que se hayan anulado pruebas porque estaban todos metidos en una trama de narcotráfico. Han favorecido a este tío [Manuel Alonso], entiendes”.

Asuntos Internos aportó al Juzgado número 1 de Violencia de Género de Málaga, que instruía el caso de Lucía Garrido, un informe sobre el teniente Valentín Fernández: “No puede obviarse su intervención en todo este entramado. Es el responsable de las investigaciones que se llevaron a cabo por la muerte de Lucía Garrido Palomino como la de los dos colombianos a manos del propio Manuel Alonso. Así, nos encontramos antes crímenes sucedidos en un año cuyo esclarecimiento era dirigido por la misma persona”.

El SAI también aportó una investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, que ya iba detrás de la banda de Los Niños de Fuengirola. La UDYCO concluye que las armas que llevaban los dos colombianos la noche del 25 de abril de 2009 se las facilitó Ruki, a la postre asesinado en Mijas. “En dicho asalto, participaron también Mario Guevara Sanabria, alias Víctor, y El Flaco, que reside en Marbella”.

Otro testigo protegido fue más allá. Dijo que la noche que matan a los dos colombianos, en la puerta de entrada a la finca hay dos coches: uno, un Patrol con las luces apagadas, y otro de color blanco también sin luces. “Uno era de la Guardia Civil”, dijo. Añadió que pudo ver cómo los agentes “sacaban por encima del muro de la finca” algunos bultos que metieron en los coches, y que se marcharon antes de que llegaran las patrullas a ver qué había sucedido en la finca del tiroteo.

Finalmente, este caso se archivó el pasado septiembre. La investigación de Asuntos Internos sirvió para llevar a juicio a Manuel Alonso, exmarido de Lucía Garrido, los dos exguardias civiles Amador Luque y José Antonio Bandera, y también a Vaello, alias El Rana. Pese a todo, fueron absueltos. El juicio, según Rosa Garrido, hermana de la fallecida, “fue una broma, una pantomima, un absurdo”. Sintió que “se rieron” de la figura de su hermana muerta y de la de su hija, que ha puesto tierra de por medio con Málaga. 

El juicio: ya no hay ADN

Durante la investigación de Asuntos Internos, varios agentes de la Guardia Civil trataron de saber qué compañeros eran los encargados de las pesquisas. El fiscal sostuvo que eran mandados por su excompañero Amador Pérez Luque. Para ello accedieron a los archivos y buscadores internos del cuerpo. La Benemérita abrió expediente a 12 agentes. Uno de ellos se suicidó dos meses antes del arranque del juicio por la muerte de Lucía Garrido.

La acusación particular solicitó 25 años de prisión para los cuatro acusados, aunque para el exmarido pedía otros tres por maltrato, y para el autor material cuatro más por allanamiento de morada. La Fiscalía, en cambio, pidió 23 años y medio de prisión para el acusado que estaba considerado presunto autor material del crimen, apodado El Rana, y para uno de los ex guardias civiles, Amador Pérez Luque, como cómplice. A Manuel Alonso y al exagente José Antonio Bandera no les imputó delito alguno.

El primer día de juicio la acusación particular dijo en la sala de vistas que a Lucía Garrido le había fallado “todo el mundo, menos su familia”: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las asociaciones feministas, el juzgado de Violencia de Género, los servicios sociales…

Por su parte, la Fiscalía le expuso al jurado popular del caso que el entorno del ex guardia civil Amador Luque trató de identificar a uno de los testigos protegidos -quien se encuentra en paradero desconocido- para tratar de que se retractara, que se buscó a un sicario para matarlo y que promovió un “acceso clandestino” a las bases de datos de la Benemérita para contravigilar a los agentes de Asuntos Internos y obtener información sobre ellos.

Tras ocho sesiones de juicio, los cuatro acusados fueron declarados no culpables, por lo que resultaron absueltos. La absolución de Manuel Alonso, ex de Lucía Garrido, y del acusado como autor material de su muerte contó con seis votos a favor de la culpabilidad de ambos y tres en contra. La Ley del Tribunal del Jurado obliga a un mínimo de siete votos a favor de los nueve componentes para condenar al acusado. Amador Pérez Luque fue considerado no culpable por ocho votos a uno, mientras que José Antonio Bandera lo fue por unanimidad.

El jurado popular consideró probado que los dos ex guardias civiles y Manuel Alonso se conocieron tras la muerte de Lucía Garrido y no antes, como declararon en la vista oral. Sin embargo, no tuvieron en cuenta la declaración de la nueva esposa de Manuel Alonso, quien dijo por dos veces que su marido y los dos exagentes se conocieron con anterioridad a la muerte de Lucía Garrido. También pusieron en duda las pruebas de ADN efectuadas a los restos hallados en una llave y que inculpaban al supuesto sicario. Además, no dieron credibilidad a lo contado por un testigo protegido.

El juicio no estuvo exento de polémica. De hecho, el fiscal pidió la suspensión durante la quinta sesión. Lo hizo en base a la duda que se generó en la sala sobre la muestra de ADN recogida de una llave que se encontró detrás de una tinaja durante la inspección ocular del crimen de Lucía Garrido. La tesis de la investigación era que el asesino usó esa llave para entrar a la finca y abordar por sorpresa a Lucía, y que la perdió durante el forcejeo.

Esta muestra, según las acusaciones, contenía ADN de Ángel Vaello García, El Rana, sentado en el banquillo de los acusados como presunto autor material del crimen. Sin embargo, especialistas de la Guardia Civil indicaron en sede judicial que en un primer informe no se obtuvo ADN de las muestras de la llave y que, en el último de ellos, tampoco.

Toda la duda se sembró sobre el segundo informe, que es el que apuntaba al procesado y que realizó Asuntos Internos. Uno de los guardias civiles que trabajó en él no supo explicar de dónde procedía el ADN que, supuestamente, vinculaba al sospechoso. “Si se han ampliado muestras es porque existían”, insistió el agente de la Benemérita.

Aun así, reconoció que él no trabajó en el análisis de esas muestras directamente, sino con los resultados. Además, los guardias civiles del primer informe señalaron que, si no se obtiene ADN de las muestras, estas se suelen destruir. Por ello, se puso sobre la mesa la duda de que no se sabe de dónde salen las muestras que apuntan a El Rana. 

Pero el guardia civil de Asuntos Internos explicó que lo que se hizo en el segundo informe fue usar una nueva tecnología que podía detectar rastros de ADN que anteriormente no se podrían haber registrado. Esta técnica permitiría amplificar los rastros obtenidos. El jurado no le dio validez.

La inmensa mayoría de testigos que declararon en el juicio pronunciaron las palabras “no lo recuerdo”, aludiendo a que el caso ocurrió hace 11 años. Por ello, ni algunos de los agentes que participaron en el caso pudieron recordar los detalles, ni vecinas, amigas y otras personas llamadas a declarar pudieron siquiera confirmar lo que habían declarado en su día ante la Guardia Civil. La sombra del miedo sobrevoló la sala de vistas. En la calle sigue la persona que mató a Lucía Garrido, la mujer con cuya muerte destapó la corrupción de la Guardia Civil en Málaga.