El papelón de ser jurado popular de 'El Chicle': cómo te puedes librar si te toca juzgar a un asesino

70 metros cuadrados posee el llamado salón de bodas de los Juzgados de Santiago de Compostela. Una superficie mayor habilitada dada la magnitud del proceso. Allí aguardaban en la mañana de este lunes periodistas de los medios de comunicación de toda España para el inicio del juicio por el asesinato de Diana Quer, la joven asesinada la madrugada del 22 de agosto de 2016, desaparecida durante 497 días y hallada en un pozo dentro de una nave industrial de una parroquia de Rianxo (A Coruña). Cuando todo estaba a punto, el inicio de las sesiones se ha paralizado durante dos semanas más. 

El juicio contra José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle' ha quedado suspendido hasta el próximo 11 de noviembre, ante la imposibilidad de completar el jurado popular. Este lunes por la mañana, en los juzgados de Santiago de Compostela, estaba prevista la conformación del tribunal. Sin embargo, como no se alcanzaban el mínimo de 20 candidatos que marca la ley del jurado, se ha decidido posponerlo todo hasta dentro de dos semanas. 

La ley marca que para comenzar a descartar candidatos tiene que haber un mínimo de 20 opciones. A partir de ahí, las partes se sientan a hablar. Si el número de candidatos no alcanza esa cifra, el juez determina que se deben proponer otros integrantes para completarlo. Había 21 personas elegidas por sorteo para acudir a la selección.

Pero cuatro se cayeron del pack, y han terminado librándose de que su nombre entrase en la deliberación de las partes: una mujer, de 67 años, hizo valer su derecho a quedar excluida por ser mayor de 65; otras dos personas adjuntaron un certificado médico al magistrado y a las partes, y una cuarta fue recusada por la defensa por falta de imparcialidad. 

Todo esto ha puesto de nuevo de relieve el difícil papel que tendrán los 9 miembros que salgan elegidos finalmente para conformar ese jurado a la hora de juzgar los hechos y para determinar las responsabilidades del asesino confeso. Abuín confesó haberla matado, pero siempre negó haber violado a Diana. Con las pruebas en la mano, las sucesivas autopsias al cuerpo de la víctima ponen difícil el probar la agresión sexual. Ninguna de ellas arrojó una sola prueba que determinase que aquello había sido así. Tras 497 días sumergida en un pozo de agua natural, toda prueba que determinase la violación sobre la joven víctima había desaparecido.  

Quedan de momento 17 personas que ya son válidas, 11 mujeres y seis hombres, y que formarán parte del sorteo el propio día que se inicie el juicio, aplazado hasta dentro de dos semanas. Este contratiempo pone de relieve la complicación que tiene y que siempre ha tenido este caso, y que también se podrá observar durante las sesiones del juicio oral y durante las deliberaciones del jurado. 

"Se prostituyen las regas fundamentales del derecho"

El juez José Antonio Vázquez Taín. Efe

La controversia y la polémica han rodeado esta forma de participación popular en la Administración de la Justicia. Con acérrimos partidarios y, a partes iguales, declarados antagonistas dentro de la judicatura. Para el juez José Antonio Vázquez Taín, instructor del caso del asesinato de la niña Asunta Basterra, el jurado popular no es la mejor forma de administrar justicia. "Los especialistas en estos tribunales van a clases de dicción, de retórica. Se busca una cercanía, un trato directo y apelativo", dice a EL ESPAÑOL. "Pesa más la capacidad de convencer, por encima de las pruebas periciales. En la fase de la valoración de la prueba corres el riesgo de que esas pruebas sólidas que tienes no sean efectivas. Las reglas fundamentales del derecho se prostituyen un poco por dejarlas en manos de gente que no sabe efectivamente sobre las leyes que se están manejando". 

En el caso de Abuín, tanto la fiscal como la acusación particular esperan contar con más armas para convencer al jurado popular. Desde el primer día que se detuvo a El Chicle, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil insistieron en que el tras el crimen subyacía el móvil sexual. Diana Quer apareció desnuda dentro del pozo. Encontraron su ropa interior dentro, junto a ella. Juan Carlos Quer, su padre, dijo a los pocos días del hallazgo del cadáver y de la resolución del caso: "A mi hija no la desnudaron para ir a misa".

Lo mismo que detalló la fiscal en su escrito de acusación, en el que disertó sobre el proceder del acusado y sobre sus motivaciones para perpetrar el rapto de Diana. 'El Chicle' quería "privarla de su libertad sexual". Y por eso la ató y la llevó a aquella nave industrial, atada con bridas, amordazada con cinta adhesiva.

Algo similar argumentó el juez instructor en el auto de ingreso en prisión de Abuín: tenía un objetivo claro, las chicas jóvenes de cabello moreno y largo. Las localizaba para luego “asaltarlas en lugares aislados”. 

En el juicio comparecerán 50 testigos y 40 peritos, 15 de ellos forenses. Puede que todos aporten algo y jueguen en contra de 'El Chicle'. También están sus antecedentes. Según los juristas consultados, estos no deberían ser sino pruebas exógenas, no relativas al caso, aunque el modus operandi resulta idéntico en todos y cada uno de los casos en los que se ha visto envuelto: siempre salía igual a por sus víctimas. El suceso que catapultó el caso y precipitó su detención fue el intento de rapto de una joven en el centro de Boiro la noche del 25 de diciembre de 2017, días antes de ser detenido. En abril fue condenado a cinco años de prisión por ese caso. Se probó que había cometido un delito de detención ilegal consumado y de otro de agresión sexual en grado de tentativa. Por no hablar de la doble violación a su cuñada en los años 2004 y 2005. 

El mecanismo de los jurados populares

El autor confeso se podría enfrentar a la prisión permanente revisable.

Un jurado popular compuesto por nueve personas anónimas, y no un tribunal profesional, se encargará de dictaminar si 'El Chicle' es culpable o no de los delitos que se le imputan: asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Es el mismo procedimiento por el que fueron juzgados y condenados Ana Julia Quezada hace dos meses en Almería por asesinar al pequeño Gabriel Cruz, José Bretón, que mató a sus dos hijos en Córdoba, las tres condenadas por el asesinato de la política del PP Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, Monsterrat González, Triana Martínez, madre e hija, y la policía Raquel Gago. Esta figura volverá a aparecer también en el juicio por el asesinato de Diana Quer.

La ley marca que para que Abuín sea declarado culpable, al menos siete de los nueve miembros deberán votar a favor de la condena. Jesús Dacio Arteaga, fiscal afincado en Cantabria, miembro de la Asociación de Fiscales Progresistas, ha tenido recientemente algunos juicios con este procedimiento. Y sabe perfectamente cómo se deben preparar estos casos. "Hay más preparación retórica, ciertos adornos. Al final tienes que convencer a un grupo de personas. Y personas que son legas en derecho, porque así lo busca precisamente la ley, aposta, y por eso tienes que hacer una explicación didáctica, amplia". 

La ley del Tribunal del Jurado, que data del año 1995, provee de distintos mecanismos reguladores para preservar la presunción de inocencia del acusado. Por ejemplo, el que tenga que ser una amplia mayoría de los miembros la que se ponga de acuerdo para condenar, en este caso, a 'El Chicle' por el asesinato de Diana. En cambio, con que tan solo 5 miembros le considerasen inocente bastaría para absolverle. Del mismo modo, si en el resultado final tan solo 5 de los 9 miembros consideran culpable a José Enrique Abuín, tampoco sería condenado. En ese caso también saldría absuelto. 

Según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en 2016 se emitieron 209 sentencias con jurado popular. 193 de ellas (un 92,3%) acabaron en condena, mientras que 16 tuvieron un sentido exculpatorio. Cataluña (52) fue la región que más casos sentenció con la participación de la figura del jurado.

La ley orgánica del Tribunal del Jurado fue aprobada en 1995, 17 años después de la Carta Magna. Está también recogido en el artículo 125 de la Constitución.

-"Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales".

"Es de salud democrática"

Vista de la nave industrial de Asados desde su parte trasera. B.C.

"Se trata de un funcionamiento democrático de la justicia. Es una forma de meterles en proceso judicia. Es de salud democrática", dice el fiscal Arteaga.

Según recoge dicha ley, la participación del jurado popular en este tipo de juicios se permite porque no son necesarios profundos conocimientos jurídicos. La ley del Tribunal del Jurado fija que los miembros que lo componen han de ser españoles mayores de edad, deben saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones. La lista de candidatos, que se divide por provincias, se actualiza cada dos años mediante el citado sorteo.

No podrán formar de un jurado quienes se encuentren procesados, aquellos que cumplan condena por un delito doloso, que estén suspendidos de cargo público o los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Tampoco podrán ser seleccionados los diputados y senadores, la familia real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal, así como las personas que tengan vínculos familiares, amistad o interés directo o indirecto en la causa que se somete a juicio.

También en el caso de 'El Chicle', pese a la presencia de la figura del jurado, la figura del juez está siempre presente en las sesiones. Es la que gobierna todas las vistas, las declaraciones, y la que va ordenando las preguntas de las partes, gobernando las declaraciones de los testigos, decidiendo si las cuestiones son o no pertinentes. Su papel resultará clave en el caso cuando los 9 miembros emitan su veredicto, ya que cada uno de los delitos que se les imputen tendrá que ser sostenido por cuantas pruebas estén sobre la mesa. De ninguna manera podrá influir en la decisión del jurado, ni tomar parte en la votación final.