El domingo a las 22,30, Gabriel Rufián, líder de Esquerra, comparecía triunfante, pese a haber perdido dos escaños (este legislatura contará con 13 frente a los 15 de la pasada y 160.000 votos. Los analistas políticos atribuyen su descenso a su “buena disposición” a dialogar con Sánchez. Pese a obtener peores resultados que en abril, Esquerra puede jugar un papel decisivo en la gobernabilidad de España. Y no va a ser “gratis”. El decorado ante el que compareció el líder republicano dejaba claro el precio de su apoyo en dos palabras, impresas en enormes caracteres y repetidas veces, sobre fondo amarillo: “Autodeterminación” y “amnistía”.
El último programa electoral de ERC sólo presentaba una variante sobre el de abril: "una gran alianza popular y democrática para un acuerdo político" de amnistía de los presos soberanistas. La novedad responde a la sentencia condenatoria de los líderes del procés, entre ellos el ex vicepresidente del Govern y presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Durante la campaña, Rufián proclamó hasta quedarse ronco su compromiso electoral: “una mesa de negociación, donde se acuerde la amnistía y la celebración de un referéndum." Ese el precio para facilitar la investidura de Sánchez. Y, para empezar, la amnistía, o lo que Rufián definió como "el reconocimiento de que las personas represaliadas lo están por sus ideas políticas y se les exime de cualquier culpa".
El mismo domingo por la noche, ya consolidó una posición firme y desafiante ante la presumible negociación con el aspirante a presidente: "La irresponsabilidad que ha demostrado Sánchez es enorme, pasará a la historia como un irresponsable y como un negligente”. Y el lunes lo remachó: “A ver si entre todos conseguimos atornillar a Sánchez a una mesa de negociación”.
La secesión de Junqueras y la rebelión de Companys
La gran referencia histórica de los líderes independentistas es Lluís Companys, a quien recurren a la menor ocasión. El propio Rufíán calificó la sentencia del procés como "la mayor agresión judicial a Cataluña” desde la condena a muerte de Companys, en 1940. El santo laico del independentismo, efectivamente, fue fusilado año y medio después de acabada la guerra, tras un juicio sumarísimo de apenas una hora.
La confrontación de Esquerra con los gobiernos españoles data desde el mismo momento de su nacimiento como partido, apenas un mes antes de las municipales de abril de 1931, que dieron paso a la República. Francesc Maciá, uno de sus fundadores, se apresuró a desafiar a Madrid proclamando la República independiente catalana nada más conocer los resultados. El gobierno central, entonces provisional y con poco margen de maniobra, envió a tres ministros a Barcelona para intentar hacer frente al reto que ponía en peligro la recién nacida República. Los negociadores sólo consiguieron que Maciá retrasara su iniciativa. Tuvieron que prometer que las futuras cortes constituyentes aprobarían un Estatuto de Autonomía y, además, permitir el uso de la denominación de Generalitat al Gobierno de Cataluña.
Ocho meses después, el 9 de diciembre de 1931, las Cortes aprobaron la Constitución republicana. Y el 9 de septiembre de 1932 se cumplía la promesa aprobando el Estatuto de autonomía, tras semanas de encarnizados debates y el golpe de Estado del general Sanjurjo.
No fue suficiente. Maciá murió y fue sustituido por Companys, el ídolo de los independentistas de hoy también tuvo que enfrentarse a un juicio sólo tres años después de aprobado el estatuto. El tribunal de la República le condenó a 30 años de reclusión mayor por el delito de rebelión militar. Sus sucesores, los líderes del llamado “procés” encabezados por Oriol Junqueras, fueron condenados por el delito más leve de sedición y, por tanto, a penas más leves.
No es la única diferencia. La sentencia del Supremo gozó de la unanimidad de sus miembros. La del Tribunal de Garantías Constitucionales del 6 de junio de 1935, tras el juicio a Companys, fue un reflejo de la fracturada España de entonces. Diez jueces votaron a favor y ocho en contra. Además, cinco miembros del tribunal emitieron un voto particular discrepando de la sentencia y reivindicando la absolución, al considerar que no había rebelión y que la actitud del Govern sublevado en el 34 "sólo" podría "ser enjuiciada por la opinión pública en el campo de la política y por la historia".
La rebelión del president tuvo como marco la “huelga general revolucionaria” convocada en toda España el 5 de octubre de 1934 y alentada por destacados dirigentes socialistas, encabezados por Indalecio Prieto y Largo Caballero. La sublevación respondía al descontento de la izquierda en el llamado “bienio radical conservador”. Y la gota que colmó el vaso fue el anuncio, el día anterior, de un nuevo Gobierno de Lerroux que incluía a tres ministros de la denostada CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), partido con muchos paralelismos con VOX.
Contra el Gobierno “monarquizante” y “fascista”
La huelga desembocó en graves disturbios en toda España y, en particular, la sangrienta revolución de Asturias. El president Companys se sumó al tsunami revolucionario "después de que las fuerzas fascistas asaltaran el poder", según sus propias palabras. No dudó de calificar al nuevo Gobierno de «monarquizante» y «fascista», palabras que vuelven a servir hoy de antorchas a los secesionistas.
No convocó ningún referéndum, a diferencia del ex presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras. Pero, eso sí, el 5 de octubre de 1934, se atrincheró en el palacio de la Generalitat y se asomó al balcón de la hoy plaza de San Jordi. Ante la multitud enfervorizada, proclamó unilateralmente el “Estado Catalán dentro de la República Federal española”. Una acción con muchas similitudes con el plan de los CDR, descubierto hace unos días, de ocupar el Parlament.
Companys contaba con la protección de poco más de un centenar de Mossos d’Esquadra. La policía autonómica hacía solo dos años que dependía de la Generalitat y disponía de muy pocos efectivos. Nada que ver con los 16.450 mossos con los que cuenta hoy el cuerpo, consolidado tras 36 años consecutivos de funcionamiento. Companys ni siquiera se planteó fugarse al extranjero, como haría Puigdemont tras el 1-0. Tan seguro estaba de su plan, que esperaba que las tropas de la República se sumaran a su causa. No fue así. El general Domingo Batet –que luego sería fusilado por Mola en el 36 por no respaldar el golpe franquista- se plantó en la Generalidad, pero no para secundarle, sino para ordenarle la capitulación. El sueño de la independencia había durado solo diez horas.
Hasta la CEDA apoyó la amnistía del 36
Tras los sucesos del 34 y la detención de miles de personas en toda España, la amnistía -que hoy reclaman los independentistas para los condenados del procés- se convirtió en un asunto prioritario del debate nacional. El Frente Popular concurrió a las elecciones de febrero del 36 con la amnistía como primer punto de su programa. Sólo cinco días después de la votación, la Diputación Permanente de las Cortes aprobaba, el 21 de febrero de 1936, a propuesta de Manuel Azaña, la amnistía de todos los condenados. La urgencia de la medida respondía a la necesidad de pacificar un país asolado por incendios, atentados y motines en las cárceles. Era tanta la premura que los diputados fueron convocados por telegrama de un día para otro. Los que no pudieron estar presentes se vieron obligados a delegar su voto favorable.
Al final, se reunieron dieciocho diputados, cumpliendo lo exigido por la ley, ya que se necesitaba un mínimo de catorce. Hasta los propios diputados de la CEDA votaron favorablemente, animados por la necesidad de mantener el orden público. El decreto ley establecía que se trataba de “una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en que están interesados por igual todos los sectores políticos”. 30.000 presos de toda España se beneficiaron de la medida, entre ellos Companys, que había conseguido desde la cárcel ser elegido como candidato del Front d’Esquerres y que, sólo una semana después, fue restituido como president.
“Para los catalanes del mañana”
Agustí Calvet Pascual, más conocido como Gaziel (Gerona, 1887-Barcelona, 1964), publicó el 11 de octubre de 1934 en La Vanguardia, periódico que dirigía desde 1920, un artículo muy esclarecedor titulado “Apuntes de una noche inolvidable. Para los catalanes del mañana”. El periodista cuenta con detalle el golpe contra el Gobierno de la República del líder de Esquerra Lluís Companys. Los paralelismos con el presente son premonitorios.
Gaziel, catalanista y republicano, se exilió al estallar la guerra y volvió a España el mismo año del fusilamiento de Companys para someterse a juicio. En 1934, escribía al enterarse de que Lerroux había incluido tres ministros de la CEDA: “Esto va a ser el botafuego. A los elementos exaltados de la Generalidad ese Gobierno, que nada tiene de temible, les va a hacer el mismo efecto que le hace un toro a un trapo rojo”.
El periodista se escandalizaba ante la convocatoria por parte de las autoridades catalanas de la huelga del 5 de octubre del 34, como si estuviera hablando de la reacción del presidente Quim Torra tras la sentencia del Supremo: “Paro general, dispuesto por elementos al servicio del Gobierno de Cataluña. Cosa nunca vista, un paro de esta clase organizado por el poder político.”
El director del influyente periódico se quejaba en su artículo de la dificultad de las comunicaciones –“se ha estropeado el teléfono”-, nada que ver con la agilidad de las redes sociales y las aplicaciones del Tsunami revolucionario utilizados en los recientes disturbios. Se vio obligado a seguir todos los sucesos por la radio, en la que oyó cómo “el consejero de Gobernación, el señor Dencàs, anuncia la salida de los somatenes adictos a la Esquerra, para que garanticen el orden público...”. Hoy los llamaríamos CDR (Comités de Defensa de la República), los grupos que han organizado las movilizaciones tras la sentencia del procés.
“Yo me resisto: Todavía creo en el seny catalán”
Gaziel se quedó aterrado cuando supo que se iba a producir desde la presidencia “una declaración sensacional”, y que “los de la Generalidad van a jugar fuerte”. Al final, acaba lamentándose: “Yo me resisto a la noticia: todavía creo en el seny catalán”.
El periodista no pensaba que la responsabilidad fuera solo del president. “Creo conocer un poco a Companys –escribe-, y no lo tengo por loco, ni menos por imbécil”. Gaziel estaba convencido de que el líder de Esquerra Republicana no siguió su propio criterio. En su opinión, se vio desbordado por su consejero de Gobernación y jefe de los mossos, José Dencàs, considerado un “fascistoide”, que acabó huyendo del palacio presidencial por una alcantarilla, y que reaparecería tiempo después en la Italia de Mussolini.
Cuando ya todo había acabado, el domingo 7 de octubre de 1934, reflexiona: “¡Y para eso se declaró ayer la guerra, a las 8 de la noche! ¿Para perderlo todo diez horas después?” En su análisis político, Gaziel coincide con muchos comentaristas de hoy. “… Me parece como si estuviera soñando. Eso [la declaración de independencia] es, ni más ni menos, una declaración de guerra, que equivale a jugárselo todo (…) en el preciso instante en que Cataluña, tras largos siglos de sumisión, había logrado sin riesgo alguno, gracias a la República y a la autonomía, una posición incomparable dentro de España, hasta erigirse en un verdadero árbitro, hasta el punto de poder jugar con sus gobiernos como le dé la gana.” Hablaba de las decisivas minorías nacionalistas que recurrentemente ayudan a conformar gobiernos en España.
El profesor de la Universidad Ramón Llull Sergi Doria, editor del libro Un país en crisis (Edhasa, 2018), que incluye el artículo de Gaziel, recomienda que “esta crónica, como sugiere su título, debería leerse en todos los colegios e institutos catalanes de hogaño”. Los “catalanes de mañana”, a los que se refería el periodista en 1934, deben de ser también los catalanes de 2019.