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La terraza del bar, en los aledaños del centro de Sevilla, se encuentra muy concurrida a esta hora del viernes. Son las 13.30 del mediodía y mucha gente ya empieza a salir de sus puestos de trabajo. Cinco personas se sientan a una de las mesas del local. Piden cervezas y vino al camarero que les atiende. A simple vista, nada parece indicar que dos miembros de ese grupo se encuentran a menos de 96 horas de saber si pasarán entre rejas los próximos años de su vida por orquestar y no ponerle coto a una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente de España.
EL ESPAÑOL fue testigo de la cita en la que se encontraron el exdirector de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero (izquierda), sobre el que ya pesa una reciente pena de cinco años y nueve meses de prisión, y Antonio Fernández (d), exconsejero de Empleo. Les acompañaba, situado en el centro de la imagen, Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en Sevilla.
Este martes, cuando en la Audiencia provincial de Sevilla se ha leído la esperada sentencia de la rama política del ‘caso de los ERE’, un fallo con más de 1.700 páginas, esos dos hombres que se sitúan frente a frente han conocido su futuro más inmediato. Ellos y también quienes fueron sus compañeros en el PSOE y en el Gobierno andaluz: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez... La cúpula entera de la Junta durante la primera década de siglo XXI.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su responsabilidad en el mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales públicas que se ha producido en España y que ha supuesto también la condena de otros exaltos cargos autonómicos. Griñán ha sido condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación continuadas, mientras que Chaves, ha sido sentenciado por prevaricación: 9 años de inhabilitación.
Una de esas personas que departe en la terraza del bar mientras toma un vino blanco es el jerezano Antonio Fernández García, exconsejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010. Pelo ralo y cano, viste chaqueta azul y jersey rosa sobre camisa clara a cuadros. Sin aparente control administrativo previo, otorgó una ayuda de 19,7 millones de euros a la bodega en la que trabajó cuando era un chaval y estudiaba Derecho. Entre los beneficiados, pese a que salió de allí hace más de tres décadas, se incluyó a sí mismo. En el expediente de Antonio Fernández se dice que empezó a trabajar en González Byass el mismo día que nació.
Fernández debía cobrar 386.000 euros en una década antes de jubilarse finalmente. Ese dinero, que no llegó a ingresar porque antes estalló el escándalo, iba a salir de la partida presupuestaria 31.L, conocida como fondo de reptiles. Se trata de los 680 millones, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que el Gobierno andaluz destinó entre los años 2000 y 2010 a sufragar prejubilaciones de empleados mayores de 52 años en empresas con problemas económicos. Para muchos, además de para ayudar a los parados andaluces, habría servido para comprar la paz social en la región y beneficiar electoralmente al PSOE.
Francisco Javier Guerrero (i) y Antonio Fernández (de pie) justo antes de despedirse.
Otro de los hombres sentados a este último cónclave previo al fallo es Francisco Javier Guerrero. Entre 1999 y 2008 fue un alto cargo de la Consejería de Empleo. Trabajaba codo con codo con Antonio Fernández, algo parecido a como hace ahora, mientras apura su copa y le cuenta un chiste a los comensales de una mesa cercana. Guerrero, exdirector de Empleo del Gobierno andaluz, sigue sin desprenderse de sus ya famosas gafas con las que aparecía cada vez que acudía a una citación en los juzgados de Sevilla. Este sábado es su cumpleaños.
Según el que fuera su chófer durante años, el jiennense Juan Francisco Trujillo, ahora en prisión, Guerrero le concedió 900.000 euros en dos subvenciones a empresas fantasma registradas a su nombre. Parte de ese dinero se lo habrían gastado juntos en clubes de alterne, cocaína y fiestas.
El exchófer de Guerrero aseguró que se llegaron a gastar 25.000 euros al mes en cocaína y que llegó a entregarle en efectivo entre 60.000 y 80.000 euros, además de realizar diversas compras para su jefe (un piano, antigüedades, ropa cara, teléfonos móviles…). Juan Francisco Trujillo explicó que llevaba todas esas adquisiciones a la propia casa de Guerrero en El Pedroso, un pueblo de la sierra norte de Sevilla en el que había sido alcalde.
"Yo, mi Marlboro y mi gintonic"
Por aquel tiempo, mediados de la primera década de este siglo, director de Empleo y chófer tenían un lugar predilecto, según los atestados que aportó al juzgado la Guardia Civil. Muchas de esas reuniones que acababan en fiestas las celebraban en Caramelo, una conocida discoteca de la capital andaluza.
Ahora, a pocas horas horas de saberse el contenido de la sentencia y sentado en esa mesa junto al exconsejero, Guerrero da por hecho que acabará en prisión, según fuentes cercanas a él. Se siente como cabeza de turco en esta historia. Tiene una frase que, de un modo u otro, siempre escucha todo el que se le acerca: “Yo, mi Marlboro y mi gintonic. Pero nada de putas y coca”.
Junto al exconsejero Antonio Fernández y al exdirector de Empleo Francisco Javier Guerrero está Antonio Rivas. Aparece sentado entre los dos hombres que estaban por encima de él en la Consejería de Empleo de la Junta. Rivas fue su delegado provincial en Sevilla. Aunque en 2014 el Tribunal Supremo (TS) lo absolvió definitivamente en el ‘caso Mercasevilla’ -origen del ‘caso de los ERE’-, todavía se encuentra imputado en varias piezas separadas, aunque su nombre no aparecerá escrito en la sentencia del próximo martes.
Sobre Rivas sobrevuela la sospecha de haber incluido intrusos en determinados ERE. Habría beneficiado a miembros del PSOE en Camas (Sevilla), donde fue alcalde, y a su propio concuñado, que fue concejal mientras él gobernaba el ayuntamiento camero. Rivas y Guerrero trataban de tú a tú. Todavía lo hacen. En cambio, hace tiempo que no se les ve juntos por Caramelo.
Francisco Javier Guerrero, exdirector de Empleo de la Junta, este pasado viernes en la terraza de un bar de Sevilla.
Este viernes, cuando el frío ha llegado de verdad a la capital andaluza, estos tres pillos se reúnen en cónclave. Quizás sea la última vez en mucho tiempo. Dos de ellos, Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero pueden acabar en prisión en pocos días. A ambos, acusados de prevaricación y malversación, se le piden ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público.
La reunión de este pasado viernes termina cuando el exconsejero nacido para el ERE se pone en pie, levanta su copa y saborea hasta la última gota del vino blanco que ha pedido. Un último brindis. Por la libertad, quizás.
Un hombre hecho a sí mismo
Al jerezano Antonio Fernández se le suele ver paseando y haciendo compras por el centro de Sevilla. Reside en un edificio muy cerca de la sede provincial del PSOE, el partido que lo aupó hasta casi lo más alto de la Junta de Andalucía. Pero aquellos eran otros tiempos. Y mejores. Ahora, nueve años después de dejar de ser consejero de Empleo y de compartir mítines con el todopoderoso Manuel Chaves, vive en un piso de la capital andaluza a la espera de conocer su futuro judicial.
Mientras aguarda la sentencia por el ‘caso de los ERE’, este socialista gaditano de vez en cuando se desplaza hasta Sanlúcar de Barrameda, a 15 minutos de Jerez de la Frontera. Allí no le hace ascos al marisco y al jamón que le ofrecen en Balbino, un conocido restaurante de la ciudad donde desemboca el río Guadalquivir.
Antonio Fernández, letrado de profesión, trabajó hace unos años en el despacho de abogados que defiende a su amigo Francisco Javier Guerrero. Ahora, con 63 años, lee mucho y sigue con interés la actualidad política. “Está muy preocupado por lo de Cataluña”, confiesa alguien que habla a menudo con él. “Él es muy andaluz y no entiende mucho de lo que hace su partido allí”.
Antonio Fernández es un hombre hecho a sí mismo, una persona que se buscó su propia suerte. Tanta, que nació con un beneficioso Expediente de Regulación de Empleo bajo el brazo. Nadie le regaló nada en la vida. A lo sumo lo hizo él a sí mismo cuando llegó a ocupar el cargo de consejero de Empleo de la Junta. Estampó su firma en un ERE aprobado a la bodega jerezana en la que trabajó de joven.
Le concedió 19,7 millones de euros a González Byass. Entre los 94 trabajadores afectados estaba su nombre. En su expediente aparece que ingresó en la empresa el 15 de julio de 1956, el mismo día que vino al mundo. Como si hubiera empezado a cotizar la fecha de su nacimiento. Él siempre ha dicho que fue un error administrativo. Fernández está investigado en la pieza separada de los ERE que instruye este caso.
Este martes, cuando a partir de las 12 del mediodía se empiece la lectura de la sentencia por la causa de la rama política del ‘caso de los ERE’, a su lado, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Sevilla se sentará toda la cúpula del Gobierno andaluz entre 2000 y 2010: los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que también fue consejero de Hacienda o Ministro de Trabajo, así como los exconsejeros Magdalena Álvarez -que llegó a ser ministra de Fomento con Zapatero y vicepresidenta del Banco Central Europeo-, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo... En total, 21 altos cargos que salieron del PSOE andaluz para aterrizar en la Junta.
Momento en el que se percatan de la presencia de un fotógrafo de EL ESPAÑOL.
Chaves, imputado por prevaricación, es de los pocos acusados que tiene seguro que no entrará en prisión. Se le piden 10 años de inhabilitación, algo que ya no le supone un dolor de cabeza porque está ajeno a la actividad política.
Para José Antonio Griñán, su sucesor en la Presidencia tras la marcha de Chaves a Madrid para formar parte del Ejecutivo español, se solicitan seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
José Antonio Viera, mentor de Susana Díaz y exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004, también podría acabar en la cárcel. La Fiscalía pide para él ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.
Una excedencia infinita
Entre los acusados también estará Antonio Fernández García. Pero volvamos a sus orígenes. Sin ellos no se entiende su posterior vida política. Su historia es la de un joven humilde que trabajaba de día y estudiaba el Bachillerato de noche con un único fin: matricularse en Derecho, aprobar la carrera y ejercer de abogado. Para costearse los estudios se empleó durante 10 años como oficial de segunda administrativo en las bodegas González Byass, en su Jerez de la Frontera natal.
El esforzado alumno Fernández pedía permisos, libranzas y excedencias en la empresa para machacar codos y sacar “notables o sobresalientes" en COU y en la Selectividad. Explicaba la razón en los escritos que envió a la dirección de la compañía bodeguera antes del inicio del curso 1975-76: “Conseguir la beca salario que me permitirá seguir mis estudios de Derecho". Finalmente, Antonio Fernández superó la nota de corte para acceder a la carrera.
En 1980, cuando ya estudiaba Derecho, pidió una excedencia de 60 días en González Byass. Quería prepararse a conciencia los exámenes finales del cuarto curso de la facultad. Al año siguiente, con 25 años, obtuvo la licenciatura. En julio de 1981, escribió una carta a la empresa. En ella se ofrecía para trabajar como abogado. “Reúno todos los requisitos", decía en aquella misiva.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, delante de Francisco Javier Guerrero, durante el juicio de los ERE.
Pero sólo tres meses después, Antonio Fernández de nuevo solicitó otra excedencia. Quería ser doctor en Derecho y trabajar como profesor ayudante en la cátedra de Derecho del Trabajo en la facultad de Jerez.
Sin embargo, no quería romper el nexo con González Byass. Explicó a la compañía que estaba dispuesto a replantearse “la decisión adoptada” si se le requería. “González Byass tiene preferencia en la utilización de mis servicios", decía. Fernández dejó de trabajar allí el 10 de octubre de 1981.
Poco después daría el salto a la vida política. Y no volvería más a trabajar entre barriles de vino fino. En 1982, comenzó a ejercer de abogado en un despacho laboralista junto a otros letrados, entre ellos Antonio Gutiérrez Castaño, antiguo socio del bufete del expresidente socialista Felipe González.
Al año siguiente, ya bajo las siglas del PSOE, fue elegido concejal en las elecciones municipales. Como portavoz de los socialistas jerezanos hizo oposición y tuvo sonados rifirrafes dialécticos con el andalucista Pedro Pacheco, aquel de la célebre frase “la justicia es un cachondeo”.
Antonio Fernández ya no dejó la política hasta 2010. Durante casi 30 años fue enlazando cargos públicos. En 1987 fue candidato de su partido a la Alcaldía de su ciudad. Perdió los comicios, pero poco después fue diputado provincial.
En 1994, cuando Manuel Chaves ya llevaba cuatro años al frente de la Presidencia de la Junta de Andalucía, lo nombró delegado provincial de Agricultura en Cádiz. Al año siguiente, viceconsejero de Trabajo y Asuntos Sociales.
En abril de 2004 dio un paso más dentro del escalafón del Gobierno andaluz. Sustituyó a José Antonio Viera como consejero de Empleo. Fue destituido en marzo de 2010. Poco después asumió la presidencia del Consejo Regulador de los vinos de Jerez. Dimitió de su cargo en abril de 2012, cuando la juez que instruyó el 'caso de los ERE', Mercedes Alaya, ordenó su ingreso en prisión provisional.
Cuando la juez le preguntó por su inclusión en el ERE de González Byass, Antonio Fernández se justificó diciendo que no era ningún intruso ya que desde 1987, cuando expiró la primera excedencia forzosa, en adelante comunicó “verbalmente” a la empresa bodeguera que continuaba ocupando cargos públicos. Según él, la sociedad le habría aceptado esa circunstancia aunque no existe constancia de ello. La causa por la ayuda millonaria a esta bodega jerezana sigue abierta.
Lo que sí se va a conocer este martes 19 de noviembre será el fallo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. El magistrado Juan Antonio Calle Peña, que ha contado con una liberación especial para redactar una sentencia que superará los 1.700 folios, determinará en ella si la cúpula del Gobierno andaluz diseñó una trama para sustentar su propio poder a través de un reparto arbitrario de fondos millonarios a cambio de lealtades y favores.
Chaves dijo durante durante el juicio oral que “conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales” pero que desconocía “cómo se daban” porque “no correspondía” a su “ámbito político de decisión”.
Los exconsejeros andaluces y exdiputados en el Congreso José Antonio Viera y Gaspar Zarrías.
Para su sucesor, Griñán, que ocupó la cartera de Hacienda, la Fiscalía dice que “pudo y debió” parar las ayudas irregulares cerrando el grifo presupuestario a la Consejería de Empleo. Él, en sala, aseguró que “no conocía exactamente” el programa presupuestario 31L, al que se cargaban las ayudas bajo sospecha.
Por su parte, Antonio Fernández, uno de los exconsejeros de Empleo imputados, dejó una frase para el recuerdo sobre su forma de proceder en política. “Yo no me entretenía en leer ninguno de los papeles del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) por imposibilidad material y por innecesariedad”.
Pero ahora ha llegado la hora. Este martes se sabrá toda la verdad. Al menos la jurídica. La otra, probablemente, nunca saldrá de esos brindis en la terraza de un bar durante un frío mediodía del otoño sevillano.
