Hay una viñeta de El Roto en la que aparece un soldado herido y reza lo siguiente: “Yo era joven e ingenuo y perdí una pierna luchando por la patria. Pero estoy decepcionado. He pedido que me devuelvan mi pierna y se queden con la patria. Pero se niegan a hacerlo y me llaman traidor”. Un poco así se siente Laura Velasco Reinosa (33 años). Aunque no quiere devolver la patria, sí que está intentando que le reconozcan que ha dado su pierna por ella.
El 15 de julio de 2010 Laura, originaria de la localidad valenciana de Manises, era una soldado del Ejército de Tierra desplegada en una misión en Afganistán. Iba a estar cinco meses pero sólo llevaba 45 días cuando pasó. Esa mañana estaba custodiando un puesto de control en la ciudad afgana de Qala i Naw. Su labor era la de revisar los vehículos que circulaban por ahí, en una zona con bastante presencia talibán, para comprobar que no llevaban ningún tipo de artefacto explosivo.
Laura se subió a un camión de arena y, de repente, se desestabilizó desde una altura de tres metros. Cayó. Se destrozó la pierna, los huesos, los tendones, la rodilla y el tobillo y tuvo que ser evacuada de gravedad mientras en el helicóptero le pinchaban morfina para paliar un dolor que no bajaba. Laura ahora pide una pensión por haber resultado herida en un acto de servicio, pero no cumple los estándares marcados por Defensa.
Tras muchas peripecias judiciales, las evaluaciones médicas acabaron determinando que tenía un 24% de discapacidad, sólo un punto por debajo del 25% necesario para cobrar una pensión. Por eso quiere que se vuelva a revisar su caso, para ver si puede subir. “Voy a seguir luchando. Algo se me ocurrirá. Como si tengo que hacer una huelga de hambre”, dice Laura en conversación con EL ESPAÑOL. ¿Se arrepiente de algo? ¿Daría la patria, que le devuelvan la pierna? “No. Lo volvería a hacer. Mi vocación me corre por las venas”, añade.
A un punto de cobrar
Después de tres operaciones de reconstrucción por las que tuvo que pasar, para seguir todavía a día de hoy teniendo que usar muleta y sin sensibilidad, la primera parte de la historia judicial de Laura tuvo lugar en marzo de 2013. Tras evaluar su situación, el Tribunal Superior Madrid estableció que tenía un 60% de discapacidad. Los mismos, un mes después, volvieron a evaluar su situación y le bajaron la discapacidad a un 20%. Ella recurrió y consiguió que se estableciera en un 24%. Pero todavía está un punto por debajo de lo que ella quiere obtener.
Resulta extraño que el mismo órgano haya dado cifras distintas sobre una misma herida. Sin embargo, ese baile parece habitual en este tipo de casos. Un perito privado al que ha acudido Laura, en cambio, establece su discapacidad en un 70%. Por eso, ella quiere que se vuelva a analizar su situación para ver si araña ese punto.
Para agravar por lo que está pasando, Laura fue despedida cinco meses antes de que terminara su contrato y el próximo mes de enero se le acaba el paro. Le pagaron 45.000 euros de indemnización pero asegura que se gastó la mayoría en los juicios. Por eso necesita dinero y ese 25% parece la única vía. “Me siento como una mierda”, reconoce frustrada ante que optaran por despedirla en vez de reubicarla. “Estoy en casa de mis padres con mi pareja y mis hijos, de dos y tres años, sin trabajo y sin dinero”, añade.
“Lo único que quiero es que reconozcan el error que tuvieron. Soy transparente, quiero la pensión. En su día me reconocieron un grado de discapacidad suficiente y después me lo quitaron”, apuntala. “No es que se me haya caído una maceta cuando iba por la calle. Es que fue en Afganistán en un acto de servicio. Es que me mandasteis vosotros ahí”, añade.
La llamada de Margarita Robles
El caso de Laura parece un calco al del soldado Iván Ramos, que en marzo de 2011 sufrió un accidente de tráfico en Afganistán mientras escoltaba a otro vehículo. Ramos perdió el bazo y un riñón, tuvo un traumatismo craneoencefálico y 17 fracturas óseas entre otras heridas. Según la sanidad pública, la discapacidad de Ramos ascendía al 75% pero Defensa se lo tasó finalmente en un 24%. Según varias plataformas de defensa de los derechos de los ex militares, hay varios casos de este tipo.
La familia de Ramos, tras años buscando subir ese punto que permita la pensión, acabó encontrando una solución. Laura todavía no. Aunque ya lo único que le queda es a la desesperada. No tiene dinero para recurrir. Le da miedo. En el último recurso no le dieron la razón y tuvo que asumir ella los costes del juicio.
En esa huída hacia adelante, Laura se puso en contacto con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Le envió una carta comentando su situación así como toda la documentación que acreditaba su caso y la ministra contestó llamándola. Aunque tampoco fue como esperaba.
“Había pedido una audiencia con ella para explicárselo”, relata Laura. “Cuando me llamó me dijo que había leído mi carta y que lo sentía mucho por mí pero que no podía hacer nada más para ayudarme”, añade. Y es que si los tribunales han decidido el estado de la cuestión, la única forma es recurrir, algo que dice que no puede asumir. “Yo lo que quería es que me mirara a los ojos y me escuchara. Que, no entiendo por qué, me han bajado casi un 40% el nivel de discapacidad, que tengo dos criaturas…”.
Por eso ahora Laura ha optado por ejercer presión pública. Ha registrado una colecta de firmas en la plataforma Change.org. Desde ahí pide que el Ministerio de Defensa interponga un recurso de revisión para reabrir su caso y ofrecerle una solución que pase por asignarle un puesto de trabajo que se adecúe a sus circunstancias o que le paguen la inhabilitación.
“Mi familia me apoya al 500%. Tengo una mujer que no me la merezco y también me apoyan los compañeros del Ejército”, cuenta Laura. “Sigo yendo a revisiones porque sigo teniendo lesiones y se me han generado nuevas de caerme a raíz de los problemas en la pierna. Espero que alguien tenga algo de corazón, se lean los papeles, y que reconozcan que ha habido un error”. Laura quiere la patria, pero también la pensión.